Misael Balleza Martínez

Expediente 520/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Misael Balleza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuenta. En veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el licenciado José Luis Sánchez García, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de nueve de mayo del año en curso, hago constar que la presente promoción, con número de registro 11154, se ubica en la hipótesis del inciso a) promociones ya acordadas en autos (quince de agosto pasado), por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste. El Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. Lic. José Luis Sánchez García.

  2. Principal

    Se recibe despacho diligenciado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y anexos que remite el Juez Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 46/2023-V (170/2023), del índice de este Juzgado, por el cual se solicitó notificar el contenido del acuerdo de dos de agosto del año en curso, al quejoso ************, a través de su defensor particular Luis Javier Olvera Cervantes. En razón de lo anterior, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se tiene por notificado. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, se tiene por legalmente notificado del proveído de dos de agosto de la presente anualidad, al quejoso ********, a través de su defensor particular Luis Javier Olvera Cervantes, para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Se recibe despacho parcialmente diligenciado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta y anexos que remite el Juez Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 43/2023-V (160/2023), del índice de este Juzgado, por el cual se solicitó notificar el contenido del acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, al quejoso ********************, así como a su defensor particular ********************. En razón de lo anterior, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. No ordena nueva notificación. Ahora bien, tomando en consideración que de la constancia de abstención de siete de agosto del año en curso, se advierte que el aquí quejoso fue puesto en libertad, aunado a que por auto de dos de agosto pasado se sobreseyó fuera de audiencia constitucional ordenándose la notificación al solicitante de amparo a través de su defensor particular, es de concluirse que resulta innecesario ordenar una nueva notificación del proveído de diecisiete de julio del año en curso, al haber sido superado procesalmente.

  4. Principal

    Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio remitido por el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, sede Dolores Hidalgo, base San Felipe, mediante el cual informa que con fundamento en los numerales 191 a 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales se concedió la suspensión condicional del proceso al quejoso *****************, por el término de un año seis meses, computados a partir del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al veintiséis de enero de dos mil veinticinco, comprometiéndose el imputado a cumplir con las condiciones previstas en las fracciones I, II, III, VII y X del artículo 195 de la legislación en cita, y en consecuencia se ordenó su inmediata libertad girándose el oficio respectivo al director del Centro Estatal de Readaptación Social de San Felipe, Guanajuato. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba que anexa la responsable consistente en un disco compacto; en tal virtud, glósese el referido disco a los autos del juicio en que se actúa, lo cual constituye una documental en sentido amplio. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vista la información recibida en la fracción que antecede, así como la demanda de amparo, escrito aclaratorio y auto admisorio, se advierte que la parte quejosa reclamó los siguientes actos, mismos por los que se admitió la demanda de amparo: i. Del juez de control adscrito al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, con base en San Felipe, correspondiente a la Sede de Dolores Hidalgo, lo siguiente: a. El auto de vinculación a proceso de seis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal ********************. b. La aplicación de los artículos 1, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al negar declarar la nulidad absoluta de datos de prueba que fueron tomados en consideración para el dictado del auto de vinculación a proceso. c. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. iii. Del Congreso del Estado de Guanajuato: e. La aprobación, expedición y decreto de los artículos 1, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. iv. Del Gobernados del Estado de Guanajuato: f. La aprobación, promulgación y orden de publicación de los artículos 1, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. v. Del Secretario de Gobernación del Estado de Guanajuato: g. El refrendo, promulgación y publicación de los artículos 1, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. vi. Del Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato: h. La publicación de los artículos 1, 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Por su parte, de las constancias de cuenta que allegó el Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, sede Dolores Hidalgo, base San Felipe, al presente juicio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Causal que se actualiza en este caso, al existir consentimiento expreso del quejoso al acto y consecuencias que combate; debido a que el impetrante ******************** reclama el auto de vinculación a proceso de seis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal ********************, y, como consecuencia, la inconstitucionalidad de diversos artículos, dictado en su contra, por el hecho que la ley señala como delito de Violencia Familiar; sin embargo, del oficio 0910/2023, de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, que remitió la Jueza de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, sede Dolores Hidalgo, base San Felipe, se advierte que dentro de esa causa penal, se decretó la suspensión condicional del proceso en favor del hoy quejoso ********************, por el término de un año seis meses, computados a partir del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, al veintiséis de enero de dos mil veinticinco, comprometiéndose el imputado a cumplir con las condiciones previstas en las fracciones I, II, III, VII y X del artículo 195 de la legislación en cita, esto es, en el minuto 00:30:48 la jueza responsable impuso como condiciones: el pago de ********************para reparar el daño a la salud a la salud física y emocional que el quejoso le ocasionó a la ofendida ********************-aquí tercera interesada-, lo conminó a no acercarse a la misma ni a su domicilio, a no comunicarse con ella de ninguna forma y a no agredirla en forma alguna; a no consumir alcohol, a residir en su domicilio que proporcionó su defensor, ubicado en san Felipe Guanajuato, y en caso de cambio del mismo notificarlo debidamente a la responsable; y finalmente a tomar tratamiento psicológico; lo que implica una solución alterna al procedimiento penal, que no culmina con el mismo, sino que permite a las partes lograr un acuerdo durante el trámite del procedimiento penal. Por lo que al ser dicha medida una terminación alterna al proceso es indudable que el ahora quejoso, al acogerse a la suspensión condicional del proceso como un medio alternativo para la solución del conflicto penal, consintió, las actuaciones y resoluciones emitidas en audiencia inicial, es decir, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar, cuenta habida que su voluntad de concluir el proceso penal a través de esa vía de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, indicó que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema. De tal forma, precisó que esa clase de justicia conlleva la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. De modo que, - sostuvo- cuando el juicio de amparo se promovía contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accedía a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entrañaba el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debía entenderse para todos los efectos legales. Es aplicable a lo anterior, el criterio derivado de la contradicción de tesis, sostenido en la Jurisprudencia 33/2017, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, de la Décima Época, con Registro digital 2014495, bajo el rubro y texto siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Sobreseimiento que se hace extensivo a la inconstitucionalidad reclamada con motivo de su aplicación en el acto destacado antes reseñado (auto de vinculación a proceso de seis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en la causa penal ********************); de ahí que no sea factible desvincular su estudio del que concierne a su aplicación, pues, éste es precisamente es el que le causa perjuicio y no la norma de carácter general por sí sola y considerada en abstracto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible a página 251, Volumen 181-186, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. (Énfasis añadido). En tales condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causal de improcedencia estudiada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo y en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sobresee fuera de audiencia este juicio constitucional. Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Se gira despacho. Toda vez que el quejoso tiene su domicilio en ******************** quien tiene su domicilio en ******************** [número telefónico ********************]; gírese atento despacho al Juzgado Único Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, para que notifique el presente proveído. Se solicita a la jueza que una vez que sea diligenciada la comunicación que se remite, la devuelva a este órgano de control constitucional por los medios más expeditos. Para lo cual, se pone a su disposición el correo electrónico oficial 3jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, y número de teléfono (477) 7 13 27 56, extensión 1051, para la confirmación de su recepción del cumplimiento de la encomienda correspondiente. Hágase del conocimiento del Juzgado Único Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato, que de enviar la comunicación oficial respectiva vía correo electrónico, resultará innecesaria su remisión por algún otro medio (como lo es el correo ordinario en físico, o vía acelerada estafeta). Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, hágasele del conocimiento a la autoridad despachante que se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de la presente diligencia. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que puso fin al juicio. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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