Miryam Soto Ramírez

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Miryam Soto Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato; veintinueve de junio de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, Fracción I, inciso b) de la ley de amparo, se notifica por este medio a la parte quejosa el proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno. León, Guanajuato, cuatro de junio de dos mil veintiuno. I. Parte quejosa. Miryam Yamile Soto Ramírez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.C.S., F.C.S. y X.C.S., personalidad que acredita con las actas de nacimiento que allega. II. Autoridad responsable. Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Tramitación Común número 05, con sede en esta ciudad. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 449/2021-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Acto reclamado. Se hace consistir en la omisión de integrar la carpeta de investigación número 117217/2020 del índice de la Agencia del Ministerio Público encargada de la Unidad de Investigación de Tramitación Común número 05, con sede en esta ciudad. V. Se desecha demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto, la causal prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.).". De tal disposición se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso concreto, para evidenciar la causal de improcedencia de que se trata, es necesario transcribir, para su análisis, los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218, 251, 253, 254, 255, 256, 257 y 258, del Código Nacional del Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. (.) B. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. (.)". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." (.) "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.)" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Pues bien, del análisis de los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216 y 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, antes transcritos, se advierte que la etapa de investigación inicial en el procedimiento, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para justificar el hecho que la ley prevé como delito, así como la probable intervención del imputado en su comisión, para el pleno ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada la naturaleza de la destacada etapa del proceso penal oral, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Así luego, todos los actos correspondientes a la formación de la carpeta de investigación, a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización; inclusive a través del medio extraordinario de defensa, como es el juicio de protección de derechos fundamentales, en la vía indirecta. De tal forma, la legislación secundaria transcrita, se advierte que el Agente del Ministerio Público, al integrar la carpeta de investigación, debe actuar de manera objetiva, o sea, garantizando el respeto al derecho de igualdad entre las partes contendientes (indiciado y ofendido o víctima), así como respetando las formalidades del debido proceso penal en materia acusatoria, que descansan en cinco principios básicos, a saber: publicidad, contradicción, continuidad, concentración, inmediación, entre otros; la víctima u ofendido, pueden solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; el Agente del Ministerio Público investigador deberá resolver tales peticiones, dentro de los tres días y disponer que se lleven a cabo las diligencias conducentes, esto es, solicitar la comparecencia del imputado a declarar sobre los hechos que se investigan; notificar a la víctima u ofendido, las resoluciones en que se determine la abstención de investigar, el archivo temporal, o aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En resumen, de la anterior acotación cabe destacar que: a) La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considerasen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. b) Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en el citado Código. Por otra parte, de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales previamente transcritos y analizados, concretamente, los arábigos 109, fracción XXI, y 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los medios de impugnación o de defensa ordinarios, contra los actos emanados en la etapa de investigación, cuando lesionen los derechos sustantivos y adjetivos de la víctima o el ofendido. Dichos medios de impugnación, en la etapa de investigación, tienen la finalidad de combatir las omisiones o actuaciones del Agente del Ministerio Público investigador así como de la policía ministerial, para lograr que el Juez de Control realice un examen de las omisiones o de lo actuado ante el Ministerio Público investigador o ante la policía ministerial, con el propósito de restablecer el equilibrio procesal de las partes contendientes, es decir, "revisar, para volver a su curso", el actuar de las autoridades que intervienen en la etapa de investigación; los medios de impugnación o recursos ordinarios están sujetos a determinados requisitos y trámite procesal (legitimación de las partes, término para la interposición, vistas y resolución), para subsanar las omisiones, excesos o defectos; y en general, cualquier error o transgresión, a las formalidades esenciales del debido proceso en materia penal oral. En conclusión, los recursos se sujetan a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza jurídica a las partes contendientes, procurando siempre el equilibrio procesal. Ahora, la omisión reclamada, atribuida al Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Tramitación Común número 05, con sede en esta ciudad, ocurrida en la etapa de investigación, consistente en la inactividad al no integrar la carpeta de investigación número 117217/2020; puede ser impugnada ante el Juez de control, conforme lo dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación "procedimiento". Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir actuaciones u omisiones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad atribuida al Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad de Investigación de Tramitación Común número 05, de esta ciudad, para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendida Miryam Yamile Soto Ramírez por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales M.C.S., F.C.S. y X.C.S., constituyen omisiones, que vulneran los derechos reconocidos en su favor, para acceder a la justicia penal acusatoria; omisiones, que deben considerarse impugnables a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 109, fracción XXI, 129, 216 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, porque dichos preceptos constitucionales y secundarios, prevén la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, aquí quejoso, de impugnar las determinaciones u omisiones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar e integrar la carpeta de investigación que está comprendida dentro de las hipótesis expresamente señaladas en el artículo 258 del citado Código Nacional. Así, se observa que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De igual manera, se advierte que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provoca que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Se cita al efecto, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 que derivó de la contradicción de tesis, con registro 2017641, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, visible en la página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Asimismo, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 28/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como se dijo, también se originó de la contradicción de marras, con registro 2017640, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, Materias Común, Penal, visible en la página 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, en la solución del problema jurídico en materia penal planteado a través del juicio oral acusatorio, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente; en tanto que, acudir directamente al juicio de amparo biinstancial, implica además, el desacato al imperativo categórico previsto en la norma constitucional (artículo 20, apartado C, fracciones II y VII), consistente en impugnar a través de los medios ordinarios de defensa las actuaciones u omisiones ocurridas en el trámite del juicio penal acusatorio, para llegar, eventualmente, a un mismo resultado, ya que el Juez de Control ejerce las mismas funciones que el Juez de Distrito de Control Constitucional, durante la etapa de investigación, en la recabación u omisión de datos de prueba y previo al dictado del auto de vinculación a proceso, para subsanar, a través de los medios de impugnación ordinarios, las actuaciones u omisiones del agente del Ministerio Público investigador y de la policía ministerial. Por ello, cobra especial relevancia el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, contra actos y omisiones ocurridas en la etapa de investigación del juicio penal acusatorio y oral, como ocurre en este caso, pues, dicho principio implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a las omisiones o determinaciones imputadas o asumidas por el Agente del Ministerio Público investigador; principio de definitividad que se traduce en la obligación que tiene la parte quejosa de agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio de protección de derechos fundamentales, por tanto, en la especie, la demanda de amparo es improcedente. Además, si bien pudiera considerarse que en el presente asunto se reclaman actos omisivos consistentes en la dilación de llevar a cabo diligencias para integrar la investigación, ello no puede constituir una transgresión a lo dispuesto por el artículo 8° constitucional, porque dicha omisión no es autónoma al procedimiento del cual emana, ya que no es independiente, por el contrario, como se anticipó, los deberes de la Representación Social al investigar los hechos que probablemente constituyan un delito, se encuentran regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, no es dable considerar que su inobservancia constituye un acto aislado o autónomo y aun cuando pudieran afectar derechos adjetivos, no impiden el ejercicio de un derecho sustantivo. De esta forma, si bien las omisiones y dilaciones que alega el quejoso, constituyen una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. También, debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente atendidendo a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial que por su naturaleza no puede cumplir con los principios establecidos, ya que no se prevé una audiencia en la que se encuentren presentes todas las partes y se emitan de manera oral los conceptos de violación, lo que sí podría efectuarse ante el Juez de Control. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Edgar Alejandro Cruz Mendoza y José Alejandro Cruz Magaña, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dos de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. IX. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. X. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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