Miryan Elizabeth Pillacela Morocho
Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miryan Elizabeth Pillacela Morocho
- Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración Adscrito A la Oficina de Representación En Chihuahua
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es depurable, en virtud de que en el presente asunto, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a las autoridades, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos en la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, rindiendo sus correspondientes informes respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este Tribunal Federal, y haciendo las manifestaciones a que hacen referencia, lo cual será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. De igual forma, se les tiene designando delegados en términos del numeral 9º de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señalan y proporcionando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la constancia de notificación personal de cuenta, de donde se advierte que la directo quejosa, Miryan Elizabeth Pillacela Morocho, manifiesta que no ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por Jorge Vázquez Campbell. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veinte de mayo del presente año, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efectos las providencias dictadas en estos autos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por promovida por Jorge Vázquez Campbell, promoviendo en favor de la directa quejosa Miryan Elizabeth Pillacela Morocho, contra actos del Sub Representante local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclama: ".A las precitadas autoridades señaladas como responsables les reclamo, en representación de la directamente agraviada: La inconstitucional privación de la libertad de la quejosa, en calidad de alojada, asegurada, detenida o retenida, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen a la quejosa, esto es, incomunicada, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante la cual decretan la inadmisibilidad de la quejosa al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejoso su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar el trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen a la quejosa, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenida y alojada no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19 que actualmente azota a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de la Salud, por lo es muy riesgoso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte tal virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentran alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que se les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscababan su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir a la quejosa tener incomunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se le impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación de la quejosa, emitida en forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicada y privada de su libertad personal, en calidad de alojada, asegurada, detenida o retenida injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país." Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 423/2022-VI. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Aun cuando fue solicitada la suspensión provisional del acto reclamado, fijándose una garantía, se estima conveniente decretar la suspensión de plano del mismo en base a que tiene mayor envergadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 y 126 de la Ley de Amparo. Así, atendiendo a lo manifestado por el promovente, se reitera, que el quejoso es de nacionalidad ecuatoriana, asimismo que se encuentra detenida en la Estancia Provisional Juárez del Instituto Nacional de Migración, y por consecuencia sujeto a la expulsión o deportación, por parte de las autoridades señaladas como responsables, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, así como al riesgo latente de que sea trasladado a diversa Estación Migratoria, por lo que se estima procedente decretar la suspensión de plano en relación a los actos reclamados, atendiendo a que la promoción del presente juicio amparo deriva precisamente de la privación de la libertad personal de la quejosa, cualquiera que sea la forma de su denominación, por lo que este tribunal estima que resulta aplicable la regla prevista en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado consista en la detención de la quejosa efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público y no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la quejosa sea puesta en libertad, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Así, atendiendo al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de junio del mismo año, así como en los artículos 5, fracción V, y 7 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, antes transcritos que disponen que los Estados contratantes no aplicarán a los refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y las cuales se aplicarán únicamente hasta que se hubiese regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país; y que no se impondrá sanción alguna por motivo de ingreso irregular al país. En ese orden, también importa destacar que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su numeral 11 que todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Además, el numeral 18 del mismo ordenamiento dispone que el extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla. Destacando que el artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. Por su parte, los numerales 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. Por consiguiente, de acuerdo con las normas antes citadas en relación con los tratados internacionales de la materia, y atendiendo a la información con que se cuenta hasta este momento así como que debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de la quejosa, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración sólo lo expuesto en la demanda de garantías por el promovente del juicio de amparo, quien afirmó que éste se encuentra privada de su libertad por autoridades migratorias, razón por la cual, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que, las autoridades responsables se abstengan de obligar a la quejosa a realizar su salida definitiva del país y que se le permita mantener comunicación con su representante y/o familiares. Asimismo, se decrete la inmediata libertad de la quejosa bajo las siguientes condiciones: Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: -Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes de acuerdo con la situación de contingencia por la que actualmente atraviesa nuestro país y las restricciones gubernamentales decretadas con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, que impide el funcionamiento normal de las instituciones, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. -Le requiera a la quejosa para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este órgano jurisdiccional, un domicilio en donde pueda ser localizado, el cual deberá encontrarse en esta ciudad, así mismo la quejosa deberá informar los cambios que de dicho domicilio pudiera acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta Ciudad. -La quejosa deberá presentarse a firmar ante este órgano jurisdiccional, para lo cual se levantara una comparecencia en los autos del presente juicio de amparo, los días quince y treinta de cada mes, para lo cual sus autorizados deberán generar la cita correspondiente en el micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", a través del proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR. Bajo el entendido de que la quejosa no deberá abandonar la demarcación geográfica de Ciudad Juárez, Chihuahua, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. -Asimismo, se requiere a la quejosa para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si la quejosa incumple con alguna de la condiciones antes precisadas, así como si en el caso existe una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la quejosa y se contraponga con lo aquí ordenado. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos mantener hacinado al quejoso, pues dada la contingencia de salud vigente, ello pone en riesgo la salud y vida de este. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, debiendo acreditar que no existe hacinamiento, incomunicación, ni riesgo para la salud de la quejosoaelvirtud del internamiento del que son objeto, así como que se le permita su comunicación directa con sus representante legales, esto es, con el que la quejosa decida atribuir tal carácter. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. ".Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. /J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo. Época: Novena Época, Registro: 170578, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: P./J. 80/2007, Página: 15. Igualmente es sustento a lo expuesto con antelación por analogía jurídica, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo: Libro 52, Marzo de 2018 Tomo IV, Página 3551, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar a detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. ".Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido habrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Por otra parte, atendiendo a que el promovente del presente juicio de amparo manifiesta que la quejosa se encuentra privada de su libertad en la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, ubicado en la avenida Rivas Guillen sin número, esquina Boulevard Fronterizo F, interior 950, de la colonia Centro en esta ciudad, por lo que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por ello, se ordena al Actuario Judicial adscrito se constituya en dicho lugar en busca de la directa quejosa Miryan Elizabeth Pillacela Morocho y en el caso, deberá realizar lo siguiente: Vocear o llamar a la directa quejosa en los separos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Notificarle el presente proveído y requerirle para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor en el juicio de amparo 423/2022-VI. Dar fe del estado físico en el que se encuentra la quejosa; Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingreso la persona buscada al lugar donde se le ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal; Apercibir a la quejosa Miryan Elizabeth Pillacela Morocho, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto del acto reclamado consistente en la deportación o expulsión, así como el traslado a diversa Estación Migratoria; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de la agraviada, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada depersonas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación. Requerir a la quejosa para que manifieste si es su voluntad designar como su autorizado al licenciado Jorge Vazquez Campbell, y como autorizadas a las licenciadas que cita en su demanda o en su caso a la persona que sea su voluntad designar. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se tiene al promovente señalando como medio electrónico para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda jorgevazquezcampbell@hotmail.com, y el número telefónico citado, en términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118 139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (96.22) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e- Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/servicioT ramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Por último, tomando en consideración que el presente asunto corresponde a los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo con relación al 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amerita la tramitación urgente cuya recepción se hizo por medio del secretario de guardia, se ordena remitir copia de la demanda de amparo y auto admisorio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en la localidad, para que realice el registro y compensación adecuados en su sistema correspondiente a estos asuntos y conforme a la normativa del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de forma inmediata a la quejosa Miryan Elizabeth Pillacela Morocho, en el lugar donde aduce el promovente se encuentra recluida.
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