Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca

Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
60/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca
  • Secretario de Gobernación, Con Domicilio En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguense a sus autos sin que sea el caso proveer sobre el mismo, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos con los que da cuenta la Secretaría, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. En atención al mismo se tiene a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, remitiendo diligenciado el exhorto 31/2023-V-B, orden 47/2023;, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexos de cuenta. En atención a su contenido, se tiene al Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en funciones de Juez, devolviendo debidamente diligenciado nuestro exhorto 23/2023, orden 39/2023; sin que sea el caso acusar recibo del mismo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, genera dicho acuses. Ahora bien, del exhorto de cuenta, se advierte que la directa quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, en actuación actuarial de veinticinco de enero del dos mil veintitrés, señaló que ratifica la demanda de amparo promovida a su favor; asimismo, de dicha diligencia se tiene que el diligenciario asentó que al revisar el libro de gobierno de la Estación Migratoria de Iztapalapa, "Agujas", de la Ciudad de México, se percató que la referida quejosa ingresó a dicha Estación Migratoria el "18/01/23, a las 2 AM". Por otra parte, vistas las constancias que integran los autos en que se actúa, se advierte que el Actuario Judicial adscrito, en razón actuarial de dieciocho de enero del dos mil veintitrés, señaló que al constituirse a la Estación Provisional Migratoria, con sede en esta ciudad, lugar donde llamó en voz alta la quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, sin obtener respuesta positiva, razón por la cual se entrevistó con el licenciado Roberto Gaytán, encargado de la estación migratoria en mención, quien una vez que revisó el sistema computarizado y bitácora que para tal efecto tienen en la estación, le indicó que la directa quejosa no ha estado alojada en la mencionada estación migratoria, circunstancia que aduce el actuario corroboró con el libro de registro ingreso que tiene dicha autoridad, pues no localizó dato alguno de la impetrante del amparo; de lo expuesto, se tiene que la impetrante del amparo no ha estado alojada en la estación migratoria de esta ciudad. En esa virtud, dado que en los autos en que se actúa, se ha dado cumplimento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y atendiendo lo expuesto en párrafos que preceden, quien esto resuelve, estima que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expondrá: En principio, cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente". A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General 03/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; y que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso esta regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia" En el caso, se advierte que la promovente Ana Laura Martínez Mata, en favor de la quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, solicita la protección de la Justicia Federal respecto de los actos reclamados precisados en la demanda de amparo, siendo los siguiente: "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: De las autoridades señaladas como responsables, reclamamos: a) LA INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS Y OMISIÓN DE PRESTAR LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA de la quejosa MIRIAM MARLENE CORAISACA TENESACA, quien con alto grado de probabilidad se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. b) EL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO de la quejosa MIRIAM MARLENE CORAISACA TENESACA, de nacionalidad ecuatoriana, quien con alto grado de probabilidad se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. c) La falta de información o motivos del aseguramiento y permanencia dentro de las Estaciones Migratorias o Estación Migratoria donde se encuentren. d) La omisión de las responsables de emitir tarjeta de visitantes por razones humanitarias a la quejosa. e) La ORDEN DE DEPORTACIÓN a su país de origen. f) La omisión de fijarles una fianza en términos de numeral 102, de la Ley de Migración. g) La negativa de las responsables de permitir el acceso a sus abogados a fin de que pueda ejercer la adecuada defensa." Actos los anteriores, los cuales atendiendo a lo expuesto en párrafos precedentes, se advierte que los mismos tuvieron su inicio en la Estación Migratoria de Iztapalapa, "Agujas", de la Ciudad de México, y siguen ejecutándose en dicha estación; por lo tanto, es claro que los actos reclamados por la impetrante del amparo, tienen ejecución dentro de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1363, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo II, Materias(s): Administrativa, Común, Tesis: 1a./J. 119/2022 (11a.), Undécima Época, Registro digital: 2025448, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los órganos jurisdiccionales contendientes llegaron a conclusiones divergentes al establecer la competencia de un Juez de Distrito, por razón de materia, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de presentación y/o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Por un lado, un bloque determinó que cuando se reclama ese acto, al ser restrictivo de la libertad personal, la competencia se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal; mientras que el otro estimó que tal acto es materialmente administrativo, no de carácter penal y, por tanto, corresponde conocer del mismo a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la orden de presentación y/o alojamiento de un extranjero en las estaciones migratorias, es un acto de naturaleza administrativa, al tratarse de una medida provisional para que la persona permanezca en las estaciones migratorias o en los lugares destinados para tal efecto, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria; por lo que no es un acto restrictivo de la libertad personal, toda vez que no es una sanción de carácter punitivo. Por lo que, acorde con los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada y 57 de la vigente, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra dicho acto a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Justificación: La orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación, a que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley de Migración, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, el control y la supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. Por tanto, si la orden de presentación es la medida dictada por dicho Instituto en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia en el país, su naturaleza jurídica es administrativa y no de carácter penal, pues no obstante que puede restringir la libertad personal de la persona migrante, se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control, la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. De ahí, que de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Migración, en ninguna circunstancia se podrán establecer como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no tenga las medidas adecuadas, pues dicha medida no se trata de una sanción de carácter punitivo." Por ende, conforme artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 del mismo ordenamiento reglamentario, resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en la Ciudad de México, en cuya jurisdicción se están ejecutando los actos reclamados por la impetrante del amparo, esto es, en la Estación Migratoria de Iztapalapa, "Agujas", de la Ciudad de México. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." De ahí que, como la ejecución de los actos que reclama la parte quejosa tienen ejecución en una jurisdicción diferente al de este órgano jurisdiccional; por ende, se estima que es competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Laura Martínez Mata, en favor de la quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, Décima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En consecuencia, este Juzgado, declara carecer de competencia para conocer el presente juicio de amparo, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena enviar los autos del presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este Juzgado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes. Finamente, atendiendo que la directa quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, se encuentra recluida en la Estación Migratoria de Iztapalapa, "Agujas", de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíense exhorto, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda constituirse en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de Iztapalapa, "Agujas", de la Ciudad de México, y notifique a la quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, el presente auto. Con el fin de realizar la encomienda de la diligencia solicitada, se pide al juzgador a quien corresponda conocer del exhorto que se envía, adopte las medidas necesarias, seguro de la reciprocidad que se observará en casos análogos. Hecho lo anterior, se solicita devolver, por la misma, vía el exhorto a la brevedad posible. Notifíquese; por exhorto a la directa quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito y oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En atención al escrito que remite la licenciada Ana Laura Martínez Mata, en representación de Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, se le tiene informando que la aludida directa quejosa, se encuentra en la Estación Migratoria de Iztapalapa, con sede en la Ciudad de México. En tal virtud, a fin de evitar dilaciones en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto urgente, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda constituirse en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de Iztapalapa, y notifique a la directa quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, el presente auto, así como el diverso de dieciocho de enero del año en curso, mismo que se anexa a la comunicación librada. Asimismo, se solicita que el personal actuante, bajo su más estricta responsabilidad realice, lo siguiente: ".a) Vocear o llamar a la directa quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, en los separos de la Estación Migratoria de Iztapalapa. b) Notificarle el presente proveído, y el diverso de dieciocho de enero del año en curso, asimismo, la requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor y que dio origen al juicio de amparo 60/2023-V-B. c) Dar fe del estado físico en el que se encuentre la directa quejosa; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se le ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentra a disposición en cuanto a su libertad personal. e) Apercibir a la quejosa Miriam Marlene Coraisaca Tenesaca, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, en el proveído de enero del año en curso, respecto de los actos reclamados; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de la agraviada, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, en los términos indicados, se reitera, en el proveído de dieciocho de enero del año en curso, del que deberá proporcionársele copia del mismo, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación. g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior." Con el fin de asegurar el éxito de la diligencia solicitada, se pide al juzgador a quien corresponda conocer del exhorto que se envía, adopte las medidas necesarias, seguro de la reciprocidad que se observará en casos análogos. Hecho lo anterior, se le solicita devolver, por la misma vía, el exhorto a la brevedad posible. Finalmente, en virtud de lo informado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Chihuahua, en suplencia del Titular de Representación del Instituto Nacional de Migración, agréguese, sin que sea el caso proveer sobre el mismo, ya que en auto de veintitrés del presente mes y año, se proveyó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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