Miriam Rubio Vega, Síndico de Tonalá, Jalisco

Expediente 1259/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1259/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Jalisco
  • Miriam Rubio Vega, Síndico de Tonalá, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca de queja 156/2021, promovido por el quejoso, en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno; hágase del conocimiento al promovente que dicho medio de impugnación fue resuelto en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda, dictado en el juicio de amparo indirecto 1259/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco." Acúsese recibo respectivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros que tenga algún tópico que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente juicio de amparo será destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifiesta que intervienen diversas áreas de dicha tesorería para realizar los procesos internos y solicita se le otorgue una prórroga para estar en aptitud de dar cumplimiento con el fallo protector, por lo que se les tiene en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se otorga una prórroga de cinco días, y se requiere a la autoridad responsable Tesorera del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término otorgado, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para ello realice lo siguiente: a) Desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa los artículos 6, fracción II, y 44, fracciones VII y IX, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte; además, la autoridad deberá dejar insubsistente el refrendo de licencia de veintiséis y veintinueve de junio de dos mil veinte, contenidos en los recibos con número de folio XXX, de veintiséis y veintinueve de junio de dos mil veinte, respectivamente, emitidos por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como sus consecuencias, por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades competa, en el caso, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco XXX por lo que deberá devolver a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, tal como consta en el refrendo licencia de veintiséis y veintinueve de junio de dos mil veinte, contenidos en los recibos con número de folio XXX, de veintiséis y veintinueve de junio de dos mil veinte, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por las autoridades a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad requerida Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, en atención al numeral 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere al Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, bajo el apercibimiento que de no demostrar que la conminó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede...

  3. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 10 de agosto de 2021 que dice: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias con las que, a su parecer, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, haciéndoles de su conocimiento que pueden imponerse de los autos del presente juicio de amparo en las instalaciones que ocupa éste órgano Jurisdiccional. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que suscribe el Delegado de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Zapopan, y del Comisario General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco en su calidad de Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, remite diversas constancias solicitadas por petición de la parte quejosa, de por medio. En esas condiciones, se tienen como prueba las documentales que anexa, mismas que de conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio. En ese contexto, para un mejor manejo y resguardo de las mismas, fórmese cuaderno de pruebas con las citadas documentales. Ahora bien, toda vez que las documentales exhibidas por la responsable es de carácter confidencial, esta Juzgadora ordena el resguardo de dicha documental, en el Secreto del Juzgado, ponderando el derecho humano de tutela de los datos personales, sin que se violente el diverso derecho de una defensa adecuada de las restantes partes. Por lo que este Órgano Jurisdiccional, bajo la más estricta responsabilidad velará por salvaguardar la información requerida, sin coartar el derecho de acceso a las partes del juicio que nos ocupa, esto es, se permitirá el acceso a la misma, solamente a las partes en el presente sumario, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.26/2015(10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 28, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, I.1o.A.E.3K(10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, tomo II, página 1523, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN RESERVADA. APLICACIÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO" PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA CLASIFICACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A EFECTO DE HACER VIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL QUEJOSO. Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información, generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de aplicar la "prueba de daño e interés público" ex officio, con el propósito de obtener una versión que sea pública para la parte interesada." De igual forma resulta ilustrativa, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, I.1o.A.E.2K (10a.), Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, tomo II, página 1524, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN RESERVADA. CRITERIO DE PONDERACIÓN APLICABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PARA RESPETAR Y PRESERVAR LA REMITIDA EN EL INFORME JUSTIFICADO CON ESA CLASIFICACIÓN QUE COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, Y PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. Al suscitarse en el juicio de amparo indirecto un conflicto entre los derechos fundamentales previstos, por una parte, en los artículos 14 (de defensa) y 17 (a la tutela judicial efectiva) y, por otra, en el diverso 6o. (a la información reservada o confidencial), en correlación con el 16 (derechos patrimoniales que conminan a clasificar la información secreta), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ponderarse a través de lo que se conoce como "prueba de daño o interés público", evaluar y determinar qué información reservada, concreta y específica, es preciso desclasificar o develar para hacer funcionales los principios en pugna, con el propósito de obtener una versión pública para la parte interesada. Consecuentemente, cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe que la información remitida clasificada como reservada comprende los actos reclamados que desconoce el quejoso, con independencia de esa clasificación efectuada por la autoridad responsable que el juzgador debe respetar y preservar, es indispensable proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial, por lo que debe permitirse a aquél el acceso a la que sea necesaria, a efecto de que pueda deducir sus derechos y fundar sus impugnaciones, en favor de una administración de justicia eficaz y completa." Con lo anterior dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días establecido en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se le tendrá por conforme con dichas constancias.

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