Miriam Livier Macias Villalobos

Expediente 3003/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3003/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Miriam Livier Macias Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la Ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y por el otro, se concedió la protección de la Justicia Federal, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 14 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la Ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto, por un lado, se sobreseyó en el juicio, y por el otro, se concedió la protección de la Justicia Federal, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveídos de veintidós de marzo, veinticinco de abril y siete de mayo, todos del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante los cuales remitió copia certificada de las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Con los citados oficios y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miriam Livier Macías Villalobos, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, cuyos efectos consistieron, esencialmente, para que el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco: I. Deje insubsistente el pago realizado por la quejosa que ampara el recibo oficial A 35201118, expedido a su nombre por la Recaudadora 125 de Guadalajara, Jalisco. II. En su lugar, se emita otro en el que aplique la tarifa de $436.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos a inscribir, en razón de que dicho monto constituye la cantidad fija, que en forma genérica, establece el artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. III. Reintegre a la quejosa la diferencia que exista entre la cantidad que resulte de aplicar la tarifa indicada y la que se enteró por concepto de derechos por registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas. En el entendido de que el importe a devolver deberá incluir las actualizaciones correspondientes. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Se ordenó dejar sin efectos la aplicación del artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y, en consecuencia, que a la quejosa no se le aplique en el presente y en el futuro. - Se dejó insubsistente el pago realizado por la quejosa a través del recibo oficial A 35201118, expedido a su nombre por la Recaudadora 125 de Guadalajara, Jalisco. - Se ordenó devolver a la quejosa la cantidad de $18,535.02 (dieciocho mil quinientos treinta y cinco pesos con dos centavos), por concepto de la inscripción a que alude la porción normativa declarada inconstitucional; más $580.14 (quinientos ochenta pesos con catorce centavos), por la actualización correspondiente, cuyos importes ascendieron a $19,115.16 (diecinueve mil ciento quince pesos con dieciséis centavos), que mediante orden de pago 1717275, se entregó a la parte quejosa el once de abril del año en curso. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo de este asunto.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 07/11/2018, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveídos de veintidós de marzo, veinticinco de abril y siete de mayo, todos del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante los cuales remitió copia certificada de las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Con los citados oficios y anexos, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miriam Livier Macías Villalobos, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco y otras autoridades, cuyos efectos consistieron, esencialmente, para que el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco: I. Deje insubsistente el pago realizado por la quejosa que ampara el recibo oficial A 35201118, expedido a su nombre por la Recaudadora 125 de Guadalajara, Jalisco. II. En su lugar, se emita otro en el que aplique la tarifa de $436.00 (cuatrocientos treinta y seis pesos, moneda nacional), por cada uno de los actos jurídicos a inscribir, en razón de que dicho monto constituye la cantidad fija, que en forma genérica, establece el artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. III. Reintegre a la quejosa la diferencia que exista entre la cantidad que resulte de aplicar la tarifa indicada y la que se enteró por concepto de derechos por registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas. En el entendido de que el importe a devolver deberá incluir las actualizaciones correspondientes. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Se ordenó dejar sin efectos la aplicación del artículo 17, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y, en consecuencia, que a la quejosa no se le aplique en el presente y en el futuro. - Se dejó insubsistente el pago realizado por la quejosa a través del recibo oficial A 35201118, expedido a su nombre por la Recaudadora 125 de Guadalajara, Jalisco. - Se ordenó devolver a la quejosa la cantidad de $18,535.02 (dieciocho mil quinientos treinta y cinco pesos con dos centavos), por concepto de la inscripción a que alude la porción normativa declarada inconstitucional; más $580.14 (quinientos ochenta pesos con catorce centavos), por la actualización correspondiente, cuyos importes ascendieron a $19,115.16 (diecinueve mil ciento quince pesos con dieciséis centavos), que mediante orden de pago 1717275, se entregó a la parte quejosa el once de abril del año en curso. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo de este asunto.

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