Miriam Ramírez Mejía

Expediente 650/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
650/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Miriam Ramírez Mejía
  • Juez de Control En Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales Con Sede En San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 650/2023, promovido por ******************** por su propio derecho, en contra del acto reclamado al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en una multa. ANTECEDENTES Según consta en autos, la aquí quejosa es defensora particular -únicamente- del imputado *** o ****, en la causa penal **/*** del índice del Juzgado de Control de Legalidad del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, como probable responsable del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja, cometido en contra de las personas que en vida respondieron a los nombres *** y otros. El Juzgado de Control de Legalidad del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, expidió el exhorto 120/2023 deducido de la aludida causa penal, a fin de que su homólogo -señalado en este juicio como autoridad responsable- llevara a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión (por cuestiones de seguridad) instruida en contra el imputado *** o ****** y otros. La aludida comunicación oficial fue radicada con el número de exhorto 785/2023 por la responsable juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en el que señaló las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la referida audiencia. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la audiencia de formulación de imputación la responsable concedió a la defensa el plazo de una hora con treinta minutos para imponerse de la carpeta de investigación **/**/**/** de la que emana la causa penal **/*** del índice del Juzgado de Control de Legalidad del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Huajuapan de León, Oaxaca, por lo cual, siendo las quince horas con diez minutos se concedió el receso solicitado por la defensa. A las quince horas con cuarenta y seis minutos, de ese mismo día, se reinició la audiencia de formulación de imputación inicial un poco más tarde del tiempo otorgado del receso, debido a que el juzgador se encontraba en una audiencia diversa y para que las partes pudieran ingerir alimentos. Seguida la audiencia a las dieciocho horas con veintinueve minutos, nuevamente se concedió un receso de diez minutos para que la defensa cotejara y se impusiera de la carpeta de investigación, apercibiéndola que de no hacerlo se le impondría el medio de apremio por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100, monda nacional) equivalente a 100 unidades de medida y actualización vigente en el estado de Oaxaca, receso que se levantó a las dieciocho horas con cincuenta nueve minutos. Continuando con la audiencia, la responsable menciona que quedó evidenciado que la defensa no cumplió con las obligaciones procesales y constitucionales que la ley le impone en favor del imputado, por desconocimiento de la carpeta de investigación a pesar de haberle concedido dos recesos, el primero por dos horas con treinta y seis minutos y el segundo de diez minutos, al no haber cotejado ni haberse impuesto de la carpeta de investigación referida, por lo que le impuso el medio de apremio que ahora constituye el acto reclamado. Contra la imposición de la multa en cuestión, en la misma audiencia la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, medio de impugnación que se declaró improcedente en ese mismo acto. Por ello, la impetrante estima que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 16, 17, tercer párrafo, 20, apartado "A" y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés; turnándose el mismo día -por razón de turno- a este Juzgado de Distrito. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se radicó la aludida demanda, quedando registrada con el progresivo 650/2023 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. En proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la peticionaria de amparo para que ratificara la firma del escrito aclaratorio y se desechó la ampliación de demanda que intentó la impetrante [al carecer de firma autógrafa o electrónica] en contra de la determinación que tuvo por improcedente el recurso de revocación que interpuso respecto a la multa que le fue impuesta en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés. En diligencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la impetrante ratificó la firma y el contenido del escrito aclaratorio; por lo que, en determinación de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, se: a) tuvo por cumplida la prevención; b) admitió a trámite la demanda de amparo; c) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; d) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y e) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo diferimiento- tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. El veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del desechamiento de trece de julio del año en curso. Por determinación de diecinueve de septiembre siguiente, se recibió la ejecutoria dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 261/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en la que declaró infundado el medio de impugnación interpuesto en contra del acuerdo de trece de julio del en curso, donde se desechó la ampliación de demanda de amparo pretendida por la parte quejosa. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Autoridades responsables: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Actos reclamados: La multa impuesta en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el exhorto 785/2023, formado de la diversa comunicación oficial 120/2023 derivada de la causa penal **/*** del índice del Juzgado de Control de Legalidad de Huajuapan de León, Oaxaca, que se instruye en contra de **** o *****y otros. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado al juez de Control de Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, puesto que si bien en su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, de las manifestaciones que realiza, se advierte que reconoce expresamente la multa impuesta a la quejosa en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el exhorto 785/2023, formado con motivo de la diversa comunicación oficial 120/2023 derivada de la causa penal **/*** del índice del Juzgado de Control de Legalidad de Huajuapan de León, Oaxaca. Sustenta lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, Tercera Parte, página 7, con registro digital 238215, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Además, la certeza del acto reclamado se patentiza con el disco versátil digital que remitió la autoridad judicial en apoyo a su informe de ley; medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; puesto que de su contenido cuenta con diligencias encomendadas por disposición de la Ley y al tratarse de discos ópticos en formato de videograbación [DVD] considerados como una prueba documental pública lato sensu y por lo mismo no hay necesidad de ser desahogada en una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; con número de registro número 2004362, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN ***** se encuentra legitimada para promover este juicio constitucional conforme a lo establecido por el precepto 6 de la Ley de Amparo. VII. OPORTUNIDAD De las constancias de autos, valoradas en párrafos precedentes, se observa que la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés. En ese sentido, el plazo genérico de quince días previsto por el arábigo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional transcurrió para la parte inconforme del veintidós de junio al doce de julio de dos mil veintitrés; por tanto, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el veintinueve de junio del año en curso, es factible concluir que es oportuna, ya que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo previsto legalmente. VIII. PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Este órgano jurisdiccional advierte que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De lo transcrito, se aprecia que el legislador estableció como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado, lo que significa que esta improcedencia opera cuando los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En este sentido, dicha causal también se actualiza cuando el gobernado en ejercicio de su derecho de defensa impugna mediante el recurso ordinario el acto reclamado y la autoridad de primera o segunda instancia se pronuncia sobre el recurso interpuesto, pues dicha determinación incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada I.3o.C.769 C, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, diciembre de 2009, página 1492, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". También resulta aplicable la diversa tesis aislada III.3o.C.23 K sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, página 410, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En el caso, se actualiza el segundo de los supuestos (sustitución procesal) debido a que la multa impuesta a la aquí quejosa como defensora particular del imputado **** o ****, en audiencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el exhorto 785/2023, formado con motivo de la diversa comunicación oficial 120/2023 derivada de la causa penal **/*** del índice del Juzgado de Control de Legalidad de Huajuapan de León, Oaxaca, fue recurrida por la impetrante de amparo mediante el recurso de revocación, la que en la misma audiencia fue declarada improcedente. Es decir, la determinación de la multa impuesta en la aludida diligencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, fue sustituida procesalmente, por una diversa determinación dictada en la misma audiencia, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación intentado contra la imposición del referido medio de apremio. Lo anterior, se encuentra corroborado con el disco audiovisual que la autoridad responsable adjunto a su informe de ley (disco audiovisual) y que fue valorada en el apartado V de esta resolución. Precisado lo anterior, es dable concluir que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de cesación de los efectos del acto reclamado, en su vertiente de sustitución procesal. Ello es así, debido a que como se ha puesto de manifiesto, si bien la autoridad responsable dentro de la causa penal de origen, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés impuso una multa a la aquí quejosa, lo cierto es, que dicho medio de apremio fue impugnado por la disidente y se declaró improcedente en la misma audiencia; por lo que, el acto reclamado fue sustituido por la diversa determinación que declaró improcedente el aludido recurso. Ante tal circunstancia, queda demostrado la actualización de la causal de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado por sustitución procesal, ya que ahora la decisión que prevalece lo es la determinación que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la multa impuesta a la aquí quejosa en el exhorto 785/2023, formado con motivo de la diversa comunicación oficial 120/2023 derivada de la causa penal ***/**** del índice del Juzgado de Control de Legalidad de Huajuapan de León, Oaxaca. Es decir, al haber cambiado la determinación que afecta la esfera jurídica de la impetrante, la resolución que se debió haber combatido en esta instancia es la que desechó el medio de defensa interpuesto contra la multa y no la que impuso la medida de apremio, debido a que esta última ya no puede ser motivo de análisis en este juicio. Máxime que como se advierte de las constancias remitidas por el juez responsable, la disidente tuvo conocimiento del acto que ahora reclama y también la determinación que desechó el medio de impugnación, desde el mismo veintiuno de junio de dos mil veintitrés, debido a que estuvo presente en la audiencia referida. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa intentó ampliar la demanda de amparo respecto la determinación por la que se desechó el recurso de revocación que interpuso contra la multa reclamada; sin embargo, por acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, se desechó esa ampliación debido a que el escrito que la contenía carecía de firma, determinación que fue impugnada por la quejosa mediante queja, misma que fue declarada infundada mediante ejecutoria de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de queja 261/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la quejosa, puesto que atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Se explica, conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." DECISIÓN En consecuencia, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por sustitución procesal y por lo tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado antes precisado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra el acto reclamado al juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en términos del considerando VIII de esta resolución. Notifíquese por lista."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por la razón expuesta en párrafo que antecede, no fue posible celebrarla. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, las nueve horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declaró inhábil el período comprendido del dieciocho al veintisiete de octubre del presente año; por tanto, se suspendieron los términos y plazos procesales durante ese plazo. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que para las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, se encontraba señalada la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, por la razón expuesta en párrafo que antecede, no fue posible celebrarla. En consecuencia, se fija como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, las nueve horas con cincuenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés Agréguense a los autos el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito y acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 261/2023. Ahora bien, como del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, donde se desechó la ampliación de demanda de amparo pretendida por la parte quejosa; en consecuencia, se provee: Debido a que por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó suspender el procedimiento en este juicio, con motivo de la interposición del recurso de queja, sin embargo, éste ha sido resuelto por el tribunal colegiado -declarándolo infundado- con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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