Miriam Montzerrat Reyes Silva

Expediente 125/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
125/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Miriam Montzerrat Reyes Silva

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la razón actuarial de cuenta, se advierte que el actuario adscrito está imposibilitado para notificar al quejoso, el proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, debido a que el domicilio que señaló para tal efecto está incompleto. Por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte peticionaria de amparo el referido auto y los subsecuentes proveídos que surjan, por lista de acuerdos; hasta en tanto señale un diverso domicilio o usuario de juicio en línea. NOTIFÍQUESE. Inserción veintiuno. Téngase por recibida la demanda y el anexo señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el numeral 3 de la ley de la materia y regístrese con el progresivo 125/2021. Del estudio integral de las constancias que integran el sumario, se desprende que la impetrante del amparo se duele del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en juicio laboral 196/2012 del índice de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y que atribuye al Presiente, secretario de acuerdos y actuario, todos adscritos al aludido órgano jurisdiccional. Es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda, oficiosamente se advierte que, debe desecharse porque existe un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De la interpretación del último de los citados preceptos, se advierte que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados después de concluido el juicio, específicamente en lo relativo a la ejecución de la sentencia, no pueden válidamente reclamarse en amparo en la vía indirecta, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, y tratándose de los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe aclarar, que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la última resolución, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, por lo que en dicha hipótesis, también pueden hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en juicio laboral 196/2012 del índice de la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y que atribuye al Presidente, secretario de acuerdos y actuario, todos adscritos al aludido órgano jurisdiccional; lo anterior, derivado de la firmeza del laudo dictado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que trajo consigo la emisión de un auto de requerimiento de pago. De lo anterior puede advertirse que el acto reclamado, deriva del procedimiento de ejecución de laudo dentro del juicio laboral 196/2012 y se encuentra relacionado con esa misma fase; por ende, tal determinación aún no es impugnable en la vía del amparo indirecto, pues, aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total del laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordena el archivo definitivo del expediente. A mayor abundamiento, se advierte que no se trata de la última resolución, sino por el contrario, según lo manifestado por la promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, de la primera actuación tendente al cumplimiento de dicha resolución definitiva y firme. Aunado a ello, no se está en presencia de una resolución que sean de imposible reparación o que vulnere de forma real y actual derechos subjetivos de la parte patronal, por lo que tampoco se actualiza una hipótesis de excepción que haría el juicio de amparo procedente, así como tampoco se trata de un acto que tenga una autonomía respecto al procedimiento de ejecución de laudo como tal. Estimar lo contrario, implicaría un abuso en la promoción del juicio de amparo, lo que además traería como consecuencia el retardo en la ejecución del laudo, lo que sin duda generaría perjuicio a las partes. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse al impugnar la última resolución que se dicte en la ejecución del laudo. En esa virtud, la demanda intentada por Elmex Superior, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien se ostenta como su representante Miriam Montzerrat Reyes Silva, se torna notoriamente improcedente; por tanto, SE DESECHA DE PLANO la misma, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII en relación con la fracción IV, del diverso artículo 107 de la Ley de Amparo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizado. Se tiene a la ocursante señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica, por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio Esteban Hernández Tella, debido a que se encuentra dado de alta en el sistema único de Registro de profesionales del derecho y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas restantes, debido a que no cuentan con cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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