Miriam Perez Morales

Expediente 250/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Rene Faviel Ocaña
  • DANIEL LUCAS LOPEZ y Otros.
  • Miriam Perez Morales
  • Secretario Auxliar Adscrito A la Junta Especial Número dos de la Local de Concilia Icion Y Arbitraje En el Estado de Chiapas, Ciudad
  • Juan Carlos Celaya Flores
  • Omar Lopez Perez
  • Daniel Lucas Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado1, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompañan, del que se advierte que el veinte de septiembre del dos mil veintiuno el auxiliar adscrito declaró cerrada la instrucción en el juicio obrero-patronal y procedió a formular el dictamen en forma de laudo. 1 Oficio que se generó en auto admisorio para requerir el informe a la citada autoridad 1850/2021. Asimismo, que el siete de diciembre los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, emitieron el laudo que puso fin a la contienda laboral. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Bajo esas premisas, resulta inconcuso que en el caso particular se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado dispositivo legal, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de conformidad con el precepto legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de ????????????? autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el citado juicio carecía de litis sobre la que sea factible hacer un pronunciamiento de fondo.2 Ahora bien, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó, en esencia, la omisión de decretar el cierre de instrucción, y, en consecuencia, la omisión de dictar el laudo correspondiente. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno por tratarse de documentales expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por 2 Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." disposición expresa en su ordinal 2, se desprende que el veinte de septiembre del dos mil veintiuno el auxiliar adscrito declaró cerrada la instrucción en el juicio obreropatronal y procedió a formular el dictamen en forma de laudo. Asimismo, que el siete de diciembre los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, emitieron el laudo que puso fin a la contienda laboral. Bajo ese contexto, se colige que con la emisión del laudo en el juicio laboral J/O/511/2019, han cesado los efectos del acto reclamado en esta vía, esto es, han quedado destruidos de forma total e incondicional, por lo que resulta innecesario examinar la constitucionalidad de la omisión denunciada si ya no está surtiendo más sus efectos, ni dejó huella alguna en la esfera jurídica de los justiciables que amerite ser compensada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En torno al tema, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales disponen lo siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es ?????????????? improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."3 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, 3 Visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de 1997. fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida."4 Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de esa normatividad, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 4 Época: Décima Época. Registro: 2007799. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a. CCCLXX/2014 (10a.). Página: 605. ?????????????? las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la tesis VI.1o.T.6 K (10a.), publicada en la página 2522 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." Y el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las once horas con treinta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente que los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad1 , rindan sus respectivos informes justificados, ello en virtud de que en proveído de quince de febrero del año en curso, se ordenó reservar el envío de oficios a fin de requerirlos hasta en tanto reanudaran labores, en virtud de que se encuentran suspendidos los términos procesales. Asimismo, mediante acuerdo 007/2021 del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de fecha siete de junio del presente año, aprobó la Modificación de apertura gradual y parcialmente de la Oficialía de Partes de la Sección de Amparos, en horario de atención de nueve a diez horas de lunes a viernes, en día hábiles, para recibir oficios que no impliquen o corran términos procesales en el juicio de amparo sin que hasta la presente fecha se tenga conocimiento o se haya recibido informe de que dicha determinación haya cambiado. DIFERIMIENTO Así, en virtud de que no ha sido posible emplazar a la potestad citada en párrafos precedentes, resulta menester diferir la audiencia de ley, por lo que se fijan las once horas con treinta minutos del veintidós de diciembre del dos mil veintiuno para que tenga verificativo su desahogo. 1 Oficio que se generó en auto admisorio para requerir el informe a la citada autoridad 1850/2021. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del presente año, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno; circunstancia se fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, julio de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro es de la literalidad siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."

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