Miriam Esther Orantes Figueroa
Expediente 15/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miriam Esther Orantes Figueroa
- YESICA YADIRA CANCINO ORANTES y Otros.
- Yesica Yadira Cancino Orantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió más del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, que la parte quejosa interpusiera CAUSA EJECUTORIA 1 JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.85 16/10/21 18:25:51 ??????A???????? recurso de revisión en contra la resolución donde se sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL 2 JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.85 16/10/21 18:25:51 transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se provee lo siguiente. Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto del actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152, del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [...]. 2 Artículo 15 Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE 3 JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.85 16/10/21 18:25:51 ??????A???????? Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. Con fundamento en los artículos 3o, 8o, 9o, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (...) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES TRANSPARENCIA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 4 JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3f.85 16/10/21 18:25:51 artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 15/2021, promovido por Miriam Esther Orantes Figueroa y Yesica Yadira Cancino Orantes, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado hace constar que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas. Que mediante proveído de veinticinco de mayo del año en curso, se dio vista por el término de tres días a la parte quejosa, para efecto de que manifestará si señalaba o no, como autoridad responsable al Director de la Clínica Hospital de Segundo Nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que realizara manifestación alguna. Al respecto, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede para los efectos legales procedentes y en cuanto a la certificación de cuenta, continúese con el procedimiento en este sumario de la forma que originalmente fue expuesto en el libelo que le dio origen. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio. Acto seguido el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, ofrecieron documentales. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito, se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada esta audiencia constitucional procediéndose al dictado de la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 15/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante demanda presentada el catorce de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, Miriam Esther Orantes Figueroa y Yesica Yadira Cancino Orantes, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. De la misma, correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Trámite. En auto de ocho de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 15/2021, se admitió a trámite, se solicitó informe de suspensión de plano y con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente de compete al Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y los criterios P. IV/2004 y 2a./J. 55/98, se precisa qué el acto reclamado consiste en:1 La negativa de cuatro de enero del año en curso, de trasladar a la quejosa a un hospital de alta especialidad a fin de ser operada del corazón. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, y el Director del Hospital 1 Del Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros respectivos: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Militar Regional de la VII Región Militar con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al rendir su correspondiente informe con justificación negaron el acto reclamado (fojas 54 y 55, 71 A 87, 66 y 67). Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si el quejoso es omiso en desacreditar la negativa de la autoridad, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Ilustra al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. De ahí que sea evidente la inexistencia de los actos reclamados, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades responsables mencionados con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Sexta Época, Materia Común, Registro 1002350, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto, negativa que se desvirtúa de la lectura integra de su informe y de las constancias que obran en autos. Probanzas que se valoran, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., por tratarse de documentos con sello de recepción de las autoridades mencionadas. Al respecto se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por f uncionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, se advierte que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción I de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, el acto reclamado lo constituye: La negativa de cuatro de enero del año en curso, de trasladar a la quejosa a un hospital de alta especialidad a fin de ser operada del corazón. JUICIO DE AMPARO 15/2021 El precepto y fracción aludida de la Ley de la materia establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. El precepto transcrito dispone, que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si nunca hubiere existido, o bien, se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del derecho fundamental que le fue afectado. Dicho de otra manera, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas se ubican en una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, como si se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado por la autoridad. En esa medida, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, del análisis integro de la demanda se advierte que la quejosa reclama la negativa de cuatro de enero del año en curso, de trasladar a la quejosa a un hospital de alta especialidad a fin de ser operada. JUICIO DE AMPARO 15/2021 Sin embargo, del resumen médico de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, se advierte: que Orantes Figueroa Miriam Esther, paciente femenino de sesenta y tres años de edad, quien cuenta con valoración por servicio de cardiología el día de diciembre de dos mil veinte, estando hospitalizada por infección de vías urinarias, complicada, la cual se trató con principio vía hospitalaria. Posteriormente cuenta con ingreso el día trece de enero de dos mil veintiuno, por diagnóstico de infarto agudo, del miocardio previo se solicitó laboratoriales de misma fecha: HB 12.3, HTO 39.2, plaquetas 198000 EGO patológico. Y toma de prueba COVID para acudir a Cateterismo cardiaco, posteriormente es enviada a Hospital de Segundo Nivel del ISSSTE, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Hospital Belisario Domínguez, en donde se realiza cateterismo cardiaco el día veinte de enero del dos mil veintiuno, repostándose normoevolutiva, sin complicaciones con posterior reenvió a esta unidad donde se recepciona el día veintitrés de enero de esta año, se mantiene en vigilancia estrecha y posterior egresó el día veinticuatro de enero de esta anualidad. Cuenta con cita de valoración con fecha dos de marzo de dos mil veintiuno: en donde se reporta estable con cita subsecuente en tres meses. Asimismo, de la nota de consulta médica de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que Miriam Esther Orantes Figueroa, fue valorada por el médico Erick J. Fuentes Malo, quien determinó que la mencionada paciente acudió a revaloración, y se encuentra clínicamente estable, continua con el tratamiento médico establecido y se le otorgó cita con cardiología para dentro de tres meses. De igual forma, envió copia de la hoja de órdenes médicas, de la hoja de egreso hospitalario de fecha veintitrés de enero de dos mil veintiuno, y se le brindó atención médica (cataterismo cardiaco) Además, mediante oficio 198/2021 de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, signado por el doctor Juan Carlos González Piantzi, Encargado de la Dirección de la Clínica Doctor Roberto Nettel Flores, de esta ciudad, informó que Orantes Figueroa Miriam Esther, no acudió a la cita médica de treinta de junio de esta anualidad. Documentos que cuentan con valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última legislación. De todo lo antes expuesto, se concluye que la quejosa fue enviada a Hospital de Segundo Nivel del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Hospital Belisario Domínguez, en donde se le realizó cateterismo cardiaco el día veinte de enero del dos mil veintiuno, repostándose normoevolutiva, sin complicaciones y posterior a ello egresó el día veinticuatro de enero de esta anualidad, asimismo, se le continuadando tratamiento y citas médicas para su seguimiento. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Por lo tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa. De ahí que, si bien es cierto que al presentarse la demanda de amparo el catorce de enero del año en curso, el acto reclamado en análisis existía, también lo es, que en la secuela del juicio de amparo, dicho acto cesó en sus efectos, esto es, desde el veinte de enero del dos mil veintiuno, toda vez que en esa data se le realizó cateterismo y sigue en vigilancia y con citas médicas, de modo tal, que sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, de forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del promovente, o bien, como si se le hubiera otorgado la protección Federal solicitada. Se sustenta lo anterior en la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. (Aunque la tesis invocada se refiere al precepto 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, el contenido de tal numeral se reproduce íntegramente en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente). En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por consiguiente, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miriam Esther Orantes Figueroa y Yesica Yadira Cancino Orantes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Miriam Esther Orantes Figueroa y Yesica Yadira Cancino Orantes contra el acto y autoridad precisadas en los considerandos segundo, tercero y cuarto, por las razones señaladas en el último considerando de esta resolución, atento a los motivos ahí expuestos. Notifíquese por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables...
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Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes el oficio del Encargado de la Dirección de la Clínica Hospital Doctor Netttel Flores, en esta ciudad, con que remite copia certificada del diagnóstico de la cita de dos de marzo del año en curso; por lo tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dada su propia y especial naturaleza, téngase por admitidas las documentales que remite dicha potestad, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional y por cumplido el requerimiento efectuado en auto de catorce del mes y año en curso. Con las documentales en mención, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste, lo que a su interés convenga.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, en proveído de uno de junio de esta anualidad, para ampliar se demanda respecto al Director de la Clínica Hospital de Segundo Nivel del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, transcurrió, sin que haya desahogado dicha vista, no obstante de estar debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho auto, y se continúa con el procedimiento en este sumario, de la forma originalmente expuesta en el libelo que le dio origen. Por otra parte, toda vez que de las documentales enviadas por el Director de la Clínica Hospital Doctor Roberto Nettel Flores, en esta ciudad, se desprende que señaló que ya le fueron realizados diversos estudios clínicos a la quejosa Miriam Esther Orantes Figueroa, respecto del padecimiento coronario que le fue diagnosticado; sin embargo, omitió remitir el diagnóstico y estudios recientes que se le realizaron, ya que indicó que la referida quejosa tenía programada una cita de revaloración de fecha dos de marzo de esta anualidad. Lo anterior, en razón a que la impetrante manifestó en el escrito de demanda que requiere de una operación cardiovascular. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y a fin de analizar el acto reclamado, mediante oficio que se envíe al efecto, requiérase a dicha autoridad para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que obre en su poder el oficio que se gire al efecto, se sirva remitir las citadas constancias. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo. DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está señalada para hoy, se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo ese acto procesal, la cual preferentemente se llevará a cabo con la participación no física de las partes sino a través del envío de sus pruebas, alegatos o promociones, o de ser indispensable, mediante el uso de algún medio electrónico y/o tecnológico que permita realizar diligencias a distancia, en cuyo caso así debe hacerse del conocimiento oportuno de este órgano jurisdiccional por la parte interesada, a fin de realizar la preparación pertinente. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese...
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