Miriam Gutiérrez Bazan
Expediente 332/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miriam Gutiérrez Bazan
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento los informes justificados que rinden las siguientes autoridades responsables: 1. Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación del Secretario de Salud Federal y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y 3. Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación de la Dirección General de Epidemiologia. Todas con residencia en La Ciudad de México Dado que el cuatro de mayo del presente año, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante exhibe el original del comprobante de vacunación de la segunda dosis aplicada al menor quejoso de la vacuna anticovid-19, y solicita que una vez que sea cotejado dicho comprobante le sea devuelto. Atento lo anterior, téngase a la quejosa informando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 al menor quejoso y como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles devuélvase el documento referido a la promovente, previa comparecencia y firma de recibo que obre en autos. Hágasele saber que para la entrega del documento que solicita, deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19. Ahora bien, se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la omisión de las autoridades responsables en aplicarle la vacuna Pfizer/BioNTech, contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19). En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Constituye hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que las autoridades responsables han implementado una política pública para que los menores sean vacunados. Dicha política pública se divide en dos apartados: 1. Para menores que tengan cumplidos los quince años al quince de enero de dos mil veintidós; y, 2. Para menores de doce a diecisiete años con alguna comorbilidad. El primer supuesto de la política pública, abarca a todos los menores que tengan, al quince de enero de dos mil veintidós, quince años o más; por su parte, el segundo supuesto, comprende a los jóvenes de doce a catorce años, once meses y treinta días, que los tengan cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós, y tengan alguna comorbilidad, tal es el caso de enfermedades cardiacas, pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinológicas tales como diabetes y obesidad grave, inmunosupresión de moderada a grave como cáncer, trasplantes, VIH/SID, tuberculosis, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves que afecten a varios sistemas. La anterior información, se obtiene del portal electrónico del Gobierno de México para registrarse para la vacunación, tal como se aprecia de las siguientes capturas de pantalla. Al respecto, se advierte que en este juicio se señaló como acto reclamado la omisión de aplicar la vacuna Pfizer contra el virus del SARS-CoV2 (COVID-19), al menor quejoso, ya que la parte quejosa considera que dicha omisión afecta el derecho de acceso a la salud de la menor. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar al menor quejoso la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó al menor quejoso en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. Sustenta lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro: 2003285, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a su celebración acorde al principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de amparo, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento del derecho de pronta administración de justicia tutelado por el artículo 17 Constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia II.2o.P. J/23, con registro digital 173878, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto" En consecuencia, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de suspensión de plano que rinde el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de La Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud Federal, con residencia en La Ciudad de México, por el cual informa la imposibilidad para dar cumplimiento con la suspensión de plano dado que no cuenta con las atribuciones y competencias necesaria para dar cumplimiento a ésta. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales que remite la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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