Miriam Berenice Rodriguez Lopez

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Miriam Berenice Rodriguez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 791/2023, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida dentro del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 354/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ....se remiten autos a la superioridad...

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ******************** y su autorizado ********************, mediante el cual interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado en vía acelerada a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 791/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa [documental, instrumental pública de actuaciones, presuncional legal y humana] y con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidos los medios probatorios referidos. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó escrito de alegatos la quejosa. Con relación a lo anterior el Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los citados alegatos y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés (fojas 3-45), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Dirección de Control Escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto área requirente y/o área técnica. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 791/2023 y en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés (foja 108), la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que se reclama una omisión y la demanda de amparo fue presentada en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, con los criterios transcritos y en atención a la lectura integral de la demanda, los actos reclamados por la quejosa, son: A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: El fallo de adjudicación e información de la evaluación y dictamen correspondiente a licitación pública con número de control interno UMSNH/LP/A02/2023, "Adquisición de pergamino para título profesional, pergamino para carta de pasante y hojas de papel seguridad", emitido el uno de junio de dos mil veintitrés. A la Dirección de Control Escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: El dictamen técnico emitido el uno de junio de dos mil veintitrés, en el que se concluyó que las muestras proporcionadas por la quejosa y de conformidad con los "Criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato" no cumplían técnicamente con las características establecidas en las bases para la licitación pública UMSNH/LP/A02/2023. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Directora de Control Escolar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al rendir su informe justificado, negaron los actos atribuidos por la quejosa (fojas 173 y 117, respectivamente). Sin embargo, posterior a ello, manifestaron, entre otras cosas, que tanto el dictamen como el fallo se encuentran debidamente fundados y motivados; que la licitante no cumplió con la totalidad de las características técnicas requeridas en la licitación. Manifestaciones de las cuales se evidencia la certeza de los actos reclamados y por ende deben tenerse por ciertos. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las documentales que ofreció tanto la quejosa como las autoridades responsables, entre las que se encuentran el fallo de adjudicación e información de la evaluación y dictamen correspondiente a licitación pública con número de control interno UMSNH/LP/A02/2023, "Adquisición de pergamino para título profesional, pergamino para carta de pasante y hojas de papel seguridad" y el dictamen técnico reclamados. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo. Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente traer a glosa la referida porción normativa, la cual es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." De lo transcrito se advierte que la referida fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que, si bien legalmente subsisten los actos reclamados, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno. Se explica. La parte quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes: El fallo de adjudicación e información de la evaluación y dictamen correspondiente a licitación pública con número de control interno UMSNH/LP/A02/2023, "Adquisición de pergamino para título profesional, pergamino para carta de pasante y hojas de papel seguridad", emitido el uno de junio de dos mil veintitrés. El dictamen técnico emitido el uno de junio de dos mil veintitrés, en el que se concluyó que las muestras proporcionadas por la quejosa y de conformidad con los "Criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato" no cumplían técnicamente con las características establecidas en las bases para la licitación pública UMSNH/LP/A02/2023. En el antecedente "séptimo" del referido fallo, se determinó: "Por lo anterior, y en relación al numeral XVII, inciso C, de las Bases de Licitación, "causas que determinan que el procedimiento sea declarado desierto, parcial o totalmente", EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE DECLARA DESIERTO, en virtud de que ninguna de las proposiciones presentadas reúne los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos". Por ende, si la quejosa reclama el fallo de adjudicación e información de la evaluación y dictamen correspondiente a licitación pública con número de control interno UMSNH/LP/A02/2023, "Adquisición de pergamino para título profesional, pergamino para carta de pasante y hojas de papel seguridad", en el que se declaró desierto el procedimiento de licitación así como el dictamen técnico, en el que se concluyó que las muestras proporcionadas por la quejosa y de conformidad con los "Criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato" no cumplían técnicamente con las características establecidas en las bases para la licitación pública UMSNH/LP/A02/2023, es evidente que dejó de existir el objeto o materia respecto de la cual versó la licitación. Lo anterior, porque ningún fin práctico tendría analizar el acto reclamado si fue declarada desierta la licitación pública UMSNH/LP/A02/2023, porque se determinó que la quejosa no reunió los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, aun en el supuesto de que se declarara la inconstitucionalidad de éste, en la especie, ya no podría concretarse su pretensión. Máxime, por ni de las bases de la licitación pública UMSNH/LP/A02/2023, ni de la normativa aplicable [Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Reglamento para la Adquisición, Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles y Contratación de Servicios; y Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes mueble e inmuebles y contratación de servicios de la UMSNH], se advierte la posibilidad de la quejosa para reclamar una indemnización por su exclusión del procedimiento. De ahí que, no obstante la subsistencia del acto atribuido a la autoridad responsable, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlos en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese contexto, los actos reclamados no pueden ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo respecto de la quejosa, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta en su esfera jurídica, por lo que no sería posible restituirlos en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª./J.181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En consecuencia, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por las responsables, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, debe precisarse que tal determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que de hecho el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso el quejoso, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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