Miriam Georgina García Díaz
Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Miriam Georgina García Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que el juicio del cual deriva el presente incidente se encuentra como asunto totalmente concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva.1 Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses.2 Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la resolución en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y sentencia constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós, en audiencia pública Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al secretario del despacho con la demanda de derechos e informes justificados rendidos por la responsables. Así como, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -quejosa, fiscal federal adscrita y autoridades responsables-. De igual manera, se da cuenta con la inexistencia de las autoridades señaladas como Comisario General de la Policía Estatal de Seguridad Pública; y Coordinador de Seguridad Pública de la Policía Estatal de Seguridad Pública; suspendiéndose toda comunicación legal con ellas, mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno. Finalmente, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes justificados. El encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable; y, las documentales exhibidas y anunciadas por la parte quejosa. El encargado del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas todas y cada una de las documentales exhibidas por las responsables y la parte quejosa; mismas que por su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, en cuanto a las pruebas que señaló la parte quejosa mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, y las cuales se tuvieron únicamente por anunciadas -mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno- no ha lugar tenerlas por admitidas, toda vez que no fueron exhibidas por la parte oferente, ni mucho menos acreditado que estas le fueron solicitadas a la dependencia respectiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Amparo. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El encargado del despacho acuerda. Se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones, por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 999/2021, promovido por Miriam Georgina García Díaz, contra actos atribuidos a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y otras autoridades; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, y turnado a este juzgado el siguiente día hábil, Miriam Georgina García Díaz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 999/2021; previa prevención, la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 41/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión del acto reclamado. 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la quejosa reclama de las autoridades responsables los actos que se describen en el cuadro siguiente, en el que también se precisa el sentido de los informes justificados, esto último con el fin de dar claridad y estructura a la sentencia: Autoridad responsable Acto reclamado Informe justificado Congreso del Estado de sonora. - El descuento o disminución del salario - La falta de pago de las prestaciones FASP (fondo de aportaciones para la seguridad pública) y FORTASEG (programa para el fortalecimiento de la seguridad). Niega. Fojas 61 a 62 Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. Niega. Fojas 42 a 44 Gobernador Constitucional del estado de sonora. Niega. Fojas 72 a 75, asimismo en fojas 156 a 161 remitió documental en vía de alcance Secretario de seguridad Pública. Niega. Fojas 48 a 51 Director de Recursos Humanos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Omiso. 5. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Inexistencia del acto reclamado. 8. No son ciertos los actos reclamados toda vez que las primeras autoridades así lo manifestaron en el informe justificado y no obstante la última fue omisa en rendirlo, de las constancias exhibidas no se advierte que la parte quejosa haya sufrido una disminución en su salario, ni que se le hayan dejado de pagar las prestaciones de FASP y FORTASEG. 9. Lo anterior, se corrobora con la hoja de percepciones emitida por la Directora General de Recursos Humanos, Planeación, Control y Seguimiento, de la Secretaria de Seguridad Pública, de la cual se advierten los ingresos laborales de la quejosa. 2020 2021 Sueldo base $ 17,134.69 $ 17,820.05 Quinquenio $ 856.75 $ 891.01 Total $ 17,991.44 $ 18,711.06 Diferencia $ 719.62 10. Esto revela que, adversamente a lo argumentado por la parte quejosa, no existió un descuento en su nómina, por el contrario, de 2020 a 2021, el salario incrementó $719.62, de ahí que sea inexistente alguna disminución en los ingresos de la promovente. 11. En el mismo sentido, de la documental descrita no se observa que la elemento de seguridad recibiera alguna cantidad adicional por concepto de FASP o FORTASEG en 2020, ni que el año siguiente la haya dejado de recibir; por el contrario, únicamente prueba el salario nominal y quinquenio. 12. Al margen de lo anterior, conviene destacar que la parte quejosa no exhibió elemento de convicción alguno que permitiera conocer que previamente recibía alguna prestación relativa al FASP o FORTASEG, en contrario, las documentales que obran en el expediente prueban que percibe un sueldo periódico, prestaciones adicionales (quinquenio); de ahí que sea inexistente alguna disminución actual en sus remuneraciones. 13. Por otra parte, si bien, la impetrante de garantías exhibió como prueba documental, diversos estados de cuenta expedidos a su favor por la institución bancaria bajo la razón social de Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, que comprenden las fechas del uno de enero de dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, no son aptas ni suficientes para acreditar las disminuciones, retenciones o privación ilegal del salario que ha presentado su nómina con motivo de los actos reclamados; pues únicamente acreditan los movimientos que se realizan en la cuenta -bancaria 086177619- sumanomina, esto es como los son, depósitos y retiros; pues para tal efecto debió exhibir recibos de nómina en los que se desprenden las retenciones, o los motivos de disminución o privación de salario. 14. En consecuencia, si la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar que percibía un ingreso por los conceptos FASP o FORTASEG, y que posteriormente dejó de percibir; de ahí la inexistencia del acto que reclama; por lo que se procede a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 15. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, párrafo primero, 74, 75, párrafo primero, 77 de la Ley de Amparo, así como el precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; Resuelve 15. Único. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Miriam Georgina García Díaz, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando II, por los motivos expuestos en el considerando III, de la presente resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de enero de dos mil veintidós
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