Miriam Barraza González

Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
626/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Miriam Barraza González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. Relación de constancias. Consta en autos que se dictó la resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 133/2007, promovido por Miriam Barraza González contra Comisión Federal de Electricidad; y, b) Emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, se pronuncie sobre todos los argumentos planteados en la contestación del incidente de no acatamiento de laudo hecha valer por la demandada incidentista -quejosa-, y que han sido destacados en este fallo, resuelva lo que en derecho corresponda." Declaración de ejecutoria. El veintiuno de abril del año en curso, causó ejecutoria el fallo protector, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la resolución constitucional. Vista de cumplimiento. Durante la etapa de cumplimiento de sentencia, mediante oficio recibido el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio suscrito por la presidenta de la junta Especial Número 23 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, al que acompaño copia certificada de la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, en la que dejó insubsistente la resolución incidental de no acatamiento de laudo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, deducida del expediente 133/2007 -resolutivo primero-, de lo que se evidencia el cumplimiento del primer punto del fallo protector; en su lugar, emitió una diversa en la que declaró improcedente el incidente de no acatamiento al laudo promovido por la moral tercera interesada Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior, posterior a pronunciarse respecto los argumentos expuestos por la demandada incidentista -quejosa- en su contestación al incidente, pues al efecto determinó: ".En virtud de lo anterior, y analizado en forma pormenorizada del contenido del laudo firme de 07 de agosto de 2014 no existe pronunciamiento alguno respecto del carácter de confianza del reclamante, por tanto no existe en autos en términos del artículo 836 y 841 de la ley de la materia, ACTUACIÓN O PRESUNCIÓN ALGUNA que beneficie y justifique que el actor era trabajador de confianza, luego entonces, no es dable concluir que se tiene acreditado el carácter de trabajador de confianza del demandante por parte de la reo, lo cual es claro que no tiene aplicación el supuesto en que se apoya la parte patronal, atendiendo a lo que establecen los artículos 947 y 49, fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo, y como consecuencia de ello es improcedente el incidente de no acatamiento del laudo que ha promovido. Respecto al oficio que se atiende 14593/2021, tenemos que en relación a lo expuesto por la quejosa en el escrito de contestación al incidente, en el sentido de que:  Para demostrar que la actora se encuentra en alguna de las hipótesis a que alude la ley para la procedencia o no de la reinstalación, no pueden tomarse en cuenta circunstancias que no hayan quedado debidamente demostradas dentro de la secuela procesal, por lo que las cuestiones surgidas con posterioridad al laudo no pueden ser tomadas en cuenta. En lo concerniente a lo antes transcrito, efectivamente como se determinó en la presente resolución, del laudo no se advierte que la actora haya sido considerada o se haya establecido que era trabajador de confianza, así como el carácter de trabajador permanente de la actora se encuentre debidamente acreditado y condenado a la reo a que así lo tenga reconocido, de ahí que no se acredite el supuesto de trabajador de confianza, así como trabajador eventual que marca la ley.  Que contrario a lo argumentado por la actora incidentista, no existe en el sumario constancia que acredita que la actora Miriam Barraza González, haya actuado dolosamente al intentar obtener un doble e indebido pago de prestaciones o que haya buscado desacreditar a Comisión Federal de Electricidad; que acorde a lo señalado en la fracción III del numeral 49, en relación con el diverso 9, ambos de la Ley Federal del Trabajo, sólo puede considerarse labores de confianza aquéllas que sean de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las relacionadas con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento; no se acredita que por no haberse desempeñado en su trabajo por algún tiempo, se podrían ver afectadas las relaciones con los proveedores, dependencias oficiales y usuarios del servicio público de energía eléctrica, y que el laudo condenatorio no menciona que se reinstale a la actora natural en el último proyecto que laboró, sino que ésta adquirió la calidad de trabajadora permanente y por tiempo indefinido para la paraestatal demandada. Es cierto lo expuesto por la operaria en su escrito, toda vez que efectivamente en el sumario, así como del laudo no se desprende que se haya condenado a doble pago a la reo, sino únicamente a las prestaciones a que tiene derecho en términos del pacto colectivo del que se encuentra dentro de los supuestos de aplicación al haberse reconocido que era trabajador permanente e indefinido y que le es aplicable el pacto colectivo, asimismo como ya se señaló las funciones y labores de la operaria no son de las que se consideren como de confianza, así como efectivamente se condena a la reinstalación de la trabajadora, mas no a la misma obra a la que se encontraba sujeta hasta el momento que se dio por concluida la relación laboral, haciendo hincapié que dicha reinstalación no afecta a la patronal en relación con sus proveedores, dependencias oficiales y usuarios del servicio público de energía eléctrica, así como las funciones de la misma; por lo cual es de concluirse que la reo no acredita la procedencia del incidente que se resuelve.  Que no es aplicable lo señalado por el precepto 50 de la citada ley laboral, atendiendo a que en el laudo se determinó que sus labores eran permanentes y, por tanto, sujeto al Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la paraestatal demandada y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que prevé el pago de prestaciones superiores a las que marca la ley laboral. Es procedente lo expuesto por la operaria en lo antes insertado, ello como se señala en obvio de repeticiones innecesarias, es del todo improcedente el incidente de no acatamiento planteado por la patronal, al no encontrarse el trabajador dentro de los supuestos en los cuales basa dicho incidente la paraestatal demandada." En esa virtud, mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin haber manifestado nada al respecto. Calificación de cumplimiento. Por las consideraciones adoptadas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto, puesto que la responsable atendió los lineamientos del fallo protector. En efecto, como se ve, la junta responsable dejó insubsistente el fallo combatido -efecto I- y, en su lugar, emitió otra en la que, después de pronunciarse respecto los argumentos expuestos por la demandada incidentista -quejosa- en su contestación al incidente, declaró improcedente el incidente de no acatamiento al laudo promovido por la moral tercera interesada Comisión Federal de Electricidad. Archivo y valoración del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo y, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Se agrega el oficio y anexo que remite la presidenta de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente de esta ciudad, en el que manifiesta el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, por virtud del cual acompaña el oficio presentado por la autoridad responsable, atento a su contenido se provee: Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita la actuación que refiere debidamente firmada, o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir, con lo anterior, se le impondrá multa a cada una equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado en turno, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguense a los autos el escrito que firma la parte tercera interesada en el que realiza manifestaciones con motivo de la vista otorgada en proveído de tres de junio del año en curso. Estado procesal. Visto lo de cuenta, y en atención al contenido del escrito de la parte tercera interesada, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante el requerimiento formulado y los actos tendentes que obran en autos. Se explica: En la demanda se señala como autoridad responsable a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de quien se reclama la resolución incidental de no acatamiento de laudo de veintiséis de agosto de dos mil veinte mediante la cual la junta responsable lo declaró procedente y dio por terminada la relación laboral entre la actora -quejosa- y la demandada -Comisión Federal de Electricidad-. En relación a ello, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se dictó resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efecto de que la autoridad responsable dejará insubsistente la determinación de veintiséis de agosto de dos mil veinte y, en su lugar, emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción -siguiendo los lineamientos del fallo constitucional- se pronuncie sobre todos los argumentos planteados en la contestación del incidente de no acatamiento de laudo hecho valer por la demandada incidentista -quejosa-. Por ello, una vez que la citada resolución causó ejecutoria, se requirió a la autoridad para su cumplimiento. Ahora, resulta necesario establecer que en atención a los lineamientos de la sentencia, la demandada incidentista -quejosa-, planteó a manera de contestación al incidente interpuesto por su contraparte -Comisión Federal de Electricidad-, esencialmente, los argumentos siguientes: Para demostrar que la actora se encuentra en alguna de las hipótesis a que alude la ley para la procedencia o no de la reinstalación, no pueden tomarse en cuenta circunstancias que no hayan quedado debidamente demostradas dentro de la secuela procesal, por lo que las cuestiones surgidas con posterioridad al laudo no pueden ser tomadas en cuenta. Que contrario a lo argumentado por la actora incidentista, no existe en el sumario constancia que acredita que la actora Miriam Barraza González, haya actuado dolosamente al intentar obtener un doble e indebido pago de prestaciones o que haya buscado desacreditar a Comisión Federal de Electricidad; que acorde a lo señalado en la fracción III del numeral 49, en relación con el diverso 9, ambos de la Ley Federal del Trabajo, sólo puede considerarse labores de confianza aquéllas que sean de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las relacionadas con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento; no se acredita que por no haberse desempeñado en su trabajo por algún tiempo, se podrían ver afectadas las relaciones con los proveedores, dependencias oficiales y usuarios del servicio público de energía eléctrica, y que el laudo condenatorio no menciona que se reinstale a la actora natural en el último proyecto que laboró, sino que ésta adquirió la calidad de trabajadora permanente y por tiempo indefinido para la paraestatal demandada. No se demuestra lo dispuesto en la fracción II del numeral 49 de la Ley Federal del Trabajo, pues esta hipótesis sólo puede ser aplicada cuando el patrón resulta ser una persona física. Que no es aplicable lo señalado por el precepto 50 de la citada ley laboral, atendiendo a que en el laudo se determinó que sus labores eran permanentes y, por tanto, sujeto al Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la paraestatal demandada y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que prevé el pago de prestaciones superiores a las que marca la ley laboral. Sin embargo, -como acota la parte tercera interesada- la respuesta dada por la responsable no conlleva una respuesta a los planteamientos que hizo valer la demandada incidentista -quejosa-, y que quedaron reseñados con anterioridad; por ende, aún no se puede emitir una decisión en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Ello, porque la responsable no ha sido exhaustiva en acatar los lineamientos de la sentencia constitucional. En consecuencia, dada la naturaleza del reclamo y lo visto con antelación, este juzgador considera que la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante el requerimiento formulado y los actos tendentes que obran en autos. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la junta responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplimente su resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, para lo cual, con plenitud de jurisdicción, deberá emitir pronunciamiento sobre todos los argumentos planteados por Miriam Barraza González en la contestación del incidente de no acatamiento de laudo en el juicio laboral 133/2007; circunstancia que deberá corroborar con las constancias pertinentes. Apercibimiento. Apercíbase que de no dar cumplimiento a lo indicado, se impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus respectivos puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO."

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