Miriam Arzate Galindo
Expediente 634/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/05/2023
Partes del expediente
- Miriam Arzate Galindo
- Miriam Arzate Galindo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) El cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el original del incidente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. Por lo que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo.. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Veintitrés de junio de dos mil veintidós. Treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Doce de abril de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de aplicar a sus menores hijos, el esquema de vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19.. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege al menor de identidad reservada, de iniciales M.M.A., para los siguientes efectos: "Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud Federal y Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la primer dosis de la referida vacuna, al menor de edad quejoso de identidad reservada de iniciales M.M.A., y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, la autoridad responsable deberá gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, al menor quejoso." Después, el catorce y veintisiete de junio de dos mil veintidós, el subdirector de recursos administrativos adscrito a la oficina de la abogada general de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud y el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de mayo del año en curso, dictada dentro del presente juicio de amparo, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por lo que en el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que resolvió el recurso de revisión 521/2022, en la que dicho Tribunal de Alzada modifico la sentencia recurrida y resolvió lo siguiente: "1. Gestionen y ordenen la aplicación de las dosis que sean necesarias del biológico Pfizer-BioNTech, único autorizado por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación a niños y niñas de cinco a once años, contra el virus SARS-CoV2, al infante quejoso, para lo cual deberán remitir las constancias que acrediten tal circunstancia. 2. En caso de que las responsables conforme a sus atribuciones estimen que el quejoso no es apto para recibir la vacuna o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberán justificar tal circunstancia y remitir las constancias que así lo sustenten, como lo determinó el juez de Distrito en la sentencia recurrida." Por lo que, el tres de abril de dos mil veintitrés, los apoderados legales del Secretario de Salud del Estado de México y el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, en lo sustancial remitieron copia de las constancias de vacunación aplicadas a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.M.A., con lo que acreditan que la menor quejosa completó su esquema de vacunación; asimismo, informó que el Gobierno de México decide aplicar una dosis de refuerzo a las personas después de cuatro meses de que hayan completado su esquema primario de vacunación y que la aludida dosis será con cualquiera de las vacunas con autorización para uso de emergencia en México, de acuerdo con su disponibilidad, grupo prioritario de aplicación y priorización de distribución; la presente Política Nacional de Vacunación prevé solo un esquema de vacunación primario completo y sus refuerzos; los grupos prioritarios de aplicación para la dosis de refuerzo homólogo o heterólogo, siendo estas las personas mayores y personas de dieciocho años y más con inmunocompromiso, personal de salud, personas de cuarenta a cincuenta y nueve años, personal educativo, personas de doce a diecisiete años con inmunocompromiso y una vez concluidos estos grupos prioritarios, se analizara la pertinencia de aplicación de dosis de refuerzo en personas menores de treinta y nueve años sin inmunocompromiso, situación que aún no está prevista. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE 20 DE ABRIL DE 2023, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 634/2022, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL 21 DE ABRIL DE 2023, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Veintitrés de junio de dos mil veintidós. Treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Doce de abril de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de aplicar a sus menores hijos, el esquema de vacunación contra el Virus SARSCoV-2, para la prevención de la COVID-19.. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de mayo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión ampara y protege al menor de identidad reservada, de iniciales M.M.A., para los siguientes efectos: "Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Salud Federal y Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la primer dosis de la referida vacuna, al menor de edad quejoso de identidad reservada de iniciales M.M.A., y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia. Una vez aplicada la primera dosis del biológico PfizerBioNTech, la autoridad responsable deberá gestionar y ordenar la aplicación de la segunda dosis del referido biólogo, al menor quejoso." Después, el catorce y veintisiete de junio de dos mil veintidós, el subdirector de recursos administrativos adscrito a la oficina de la abogada general de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud y el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Secretario de Salud, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de mayo del año en curso, dictada dentro del presente juicio de amparo, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por lo que en el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que resolvió el recurso de revisión 521/2022, en la que dicho Tribunal de Alzada modifico la sentencia recurrida y resolvió lo siguiente: "1. Gestionen y ordenen la aplicación de las dosis que sean necesarias del biológico Pfizer-BioNTech, único autorizado por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación a niños y niñas de cinco a once años, contra el virus SARS-CoV2, al infante quejoso, para lo cual deberán remitir las constancias que acrediten tal circunstancia. 2. En caso de que las responsables conforme a sus atribuciones estimen que el quejoso no es apto para recibir la vacuna o no es procedente su inoculación, atendiendo a las restricciones o prescripciones médicas correspondientes, deberán justificar tal circunstancia y remitir las constancias que así lo sustenten, como lo determinó el juez de Distrito en la sentencia recurrida." Por lo que, el tres de abril de dos mil veintitrés, los apoderados legales del Secretario de Salud del Estado de México y el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, en lo sustancial remitieron copia de las constancias de vacunación aplicadas a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales M.M.A., con lo que acreditan que la menor quejosa completó su esquema de vacunación; asimismo, informó que el Gobierno de México decide aplicar una dosis de refuerzo a las personas después de cuatro meses de que hayan completado su esquema primario de vacunación y que la aludida dosis será con cualquiera de las vacunas con autorización para uso de emergencia en México, de acuerdo con su disponibilidad, grupo prioritario de aplicación y priorización de distribución; la presente Política Nacional de Vacunación prevé solo un esquema de vacunación primario completo y sus refuerzos; los grupos prioritarios de aplicación para la dosis de refuerzo homólogo o heterólogo, siendo estas las personas mayores y personas de dieciocho años y más con inmunocompromiso, personal de salud, personas de cuarenta a cincuenta y nueve años, personal educativo, personas de doce a diecisiete años con inmunocompromiso y una vez concluidos estos grupos prioritarios, se analizara la pertinencia de aplicación de dosis de refuerzo en personas menores de treinta y nueve años sin inmunocompromiso, situación que aún no está prevista. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios (con anexos) de cuenta, a través de los cuales, los apoderados legales del Secretario de Salud del Estado de México y el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente expediente, remite copia de las constancias de vacunación aplicadas la menor quejosa de identidad reservada de iniciales ********************, por lo que hace del conocimiento que la menor quejosa completó su esquema de vacunación. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector; apercibida que, en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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