Mireya Mayorga Mendoza
Expediente 140/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Mireya Mayorga Mendoza
Actuaciones
- Principal
MESA VII VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 140/2019-VII, promovido por ___________, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ______________, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se menciona a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:- EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTO IMPUGNADO.- LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE EMITIR EL LAUDO CORRESPONDIENTE dentro del juicio ____________, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dentro del término señalado por el artículo 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios." Acto reclamado que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Informe justificado. Mediante proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, y con su contenido se dio vista a las partes. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede, que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, porque se reclaman actos cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión del tribunal responsable en dictar laudo en el expediente ____________, dentro del término previsto por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad señalada como responsable, remitió copia certificada del auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral _________; a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, y tampoco se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la amparista. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación formulados por el quejoso aunque suplidos en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en tanto la responsable viola en su perjuicio el derecho de petición, previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente laboral _________. En efecto, en la especie se reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral __________. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal, establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde la emisión del auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del expediente laboral ________ para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de la autoridad responsable. Al respecto, cabe destacar que los preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." Los numerales antes transcritos establecen que una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal; asimismo, que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días. El diverso artículo 244 de la ley en consulta, establece: "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." El precepto reproducido establece que si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala; empero en el supuesto de que se hicieran modificaciones o adiciones, se hará constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, e inexiste constancia alguna de la que se advierta que el Auxiliar Dictaminador, hubiera realizado el proyecto relativo, para que se procediera a su discusión y aprobación dentro de los quince días siguientes, es inconcuso que existe una dilación en el trámite del juicio laboral. En efecto, en el procedimiento laboral se instituyeron los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez, a fin de evitar el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales, por lo que si en el presente asunto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que hasta el momento en que se emite la presente determinación, el Auxiliar Dictaminador no ha elaborado el proyecto de resolución dentro del expediente laboral ___________, se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y le fue solicitado a la responsable su informe justificado, ha existido una dilación en el trámite del referido juicio laboral, y como consecuencia un exceso en el término a que hacen referencia los numerales 242 y 242 Bis antes invocados, para emitir, discutir y aprobar el proyecto de laudo correspondiente; pues de acuerdo a lo establecido en dichos preceptos legales, la autoridad responsable debió haber tomado las medidas o determinaciones correspondientes a efecto de continuar con las diversas etapas del juicio y emitir el laudo correspondiente, en virtud de que el término de quince días que contempla el artículo 242 Bis ya citado, constituye un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo o, en su caso, sin dilación excesiva, como sucede en el presente caso, y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Y es que, al día de la presentación de la demanda, ya había transcurrido en exceso el plazo en que legalmente debió emitirse el laudo respectivo, es decir, transcurrieron ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitir el laudo respectivo; lo cual evidencia una dilación excesiva que, a su vez, se traduce en una paralización al procedimiento; sobre todo que, en materia laboral, la temporalidad ya mencionada se pone como un estándar mínimo a efecto que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancias, lo procedente es conceder a la quejosa Mireya Mayorga Mendoza, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, emita el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral ___________, proceda a su discusión y aprobación conforme a lo previsto en la legislación de la materia, y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ______________, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo de esta sentencia, para los efectos expuestos en el Considerando Sexto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Mesa VII. Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa; por tanto, con su contenido, dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Mesa VII. Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 140/2019-VII. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa contra la omisión del tribunal responsable en dictar laudo en el expediente 1507/2017 de su índice; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir sus informes justificados y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, no obstante que la quejosa refirió en su demanda de amparo que no existe tercero interesado, de la misma se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae dicho carácter al *****, Estado de México, por ser la contraparte en el juicio natural; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a éste al presente sumario constitucional, mediante oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como de la presente determinación; asimismo, se le hace saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a sus intereses conviniere. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa el que cita en su demanda, para los efectos que refiere; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a los demás que señala ******, ****** y ******; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Milton Francisco Rodriguez Rocha1463/2023
- Minerva Baeza Flores1606/2023
- Minerva Miranda De la Cruz796/2023
- Mireya García Mendoza y Otros.669/2022
- Mireya Maricela Jaimes Navarrete905/2023
- Mireya Mayorga Mendoza957/2021
- Mireya Mayorga Mendoza1542/2023
- Mireya Valencia Pérez839/2021
- Miriam Araujo García499/2022
- Miriam Arellano Armas1740/2023
- Miriam Arzate Galindo634/2022
- Miriam Flores García507/2023