Miriam Aracely Balam Uc

Expediente 727/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
727/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Miriam Aracely Balam Uc
  • Fiscal Investigador de la Agencia Vigesimo Septima de la Fiscalia General Delestado Con Sede En Uman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que acusa recibo del oficio con el que se envió electrónicamente el juicio de amparo 727/2023.IV, por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por parte quejosa en contra de la sentencia dictada el siete de julio del año en curso; asimismo, informa que se admitió el recurso de revisión quedando registrado con el número 548/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    2023, AÑO DE FRANCISCO VILLA, EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"" SECCIÓN AMPARO EXP. 727/2023.IV. OFICIO. 18359/2023.IV AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. PRESENTE. En esta propia fecha y de conformidad con lo acordado en proveído de diecinueve de julio del año en curso, dictado en los presentes autos del juicio de amparo al rubro citado, promovido por Samuel Adelino Rosado Cisneros, defensor particular de la directo quejosa Miriam Aracely Balam Uc, me permito remitirle vía electrónica, el presente expediente, con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso de marras, contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, junto con el escrito digital de expresión de agravios respectivo y la copia que del mismo corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés A T E N T A M E N T E. (FIRMA ELECTRÓNICA) KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR. JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 727/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica el uno de mayo de dos mil veintitrés, ante el Portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la que fue turnada al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, MIRIAM ARACELY BALAM UC, por conducto de su defensor particular, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, en su denominación correcta, que hizo consistir medularmente en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos de la carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021, por medio del cual dicho fiscal señaló que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal que le fue solicitado, por la aquí quejosa. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 20 apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada Perlita de Jesús Balam Montero, lo que se realizó oportunamente; asimismo, otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tiene verificativo el día de hoy, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal administrativa, promovida contra actos de una autoridad residente en el Estado de Yucatán, donde esta Juzgadora Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene que la quejosa reclama de la autoridad responsable, el siguiente acto: * El acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos de la carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021, por medio del cual dicho fiscal acordó que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal que le fue solicitado, por la aquí quejosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, en su denominación correcta, al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le reclama. Asimismo, a fin de corroborar lo anterior, dicha responsable, remitió copia certificada de la citada carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021. Dicha documental, por su naturaleza, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por cuanto al acto combatido no se actualiza, a juicio de la suscrita, ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de fondo. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, atento a las siguientes consideraciones, sin que en el caso, se advierta queja que suplir en su favor. Ahora bien, la directa quejosa, en sus conceptos de violación, aduce, medularmente, que la carpeta de investigación abierta en su contra se encuentra prescrita; ello toda vez que la querella correspondiente se interpuso en el año dos mil veintiuno, en tanto que los hechos acaecieron en el año dos mil cinco, por lo que es evidente que dicha querella fue interpuesta dieciséis años después. En ese sentido, primeramente, debe precisarse que en el acuerdo reclamado, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación de origen UNATD27/GM/422/2021, el Fiscal responsable indicó que del análisis de las constancias que integran dicha carpeta, no era dable decretar el no ejercicio de la acción penal, solicitado por la inculpada, aquí quejosa, en virtud de que aún quedaban pruebas pendientes por desahogar, en concreto, la pericial en materia de grafoscopía y documentos cuestionados, a efecto de determinar si las firmas de Perlita de Jesús Balam Montero y Raúl Arturo Trejo Paredes, que obraban en el acta cincuenta y tres, de catorce de septiembre de dos mil cinco, pasada ante la fe de la licenciada Silvia del Rosario Madera Solís, Escribana Pública con sede en Umán, Yucatán, relativa al testimonio de compraventa que hizo la citada Balam Montero, a favor de Miriam Araceli Balam Uc, respecto del predio urbano marcado con el número ciento seis, de la calle dieciocho, de la población de Umán, Yucatán, provenían o no del mismo origen gráfico que las señaladas para su cotejo. En esa virtud, el Fiscal responsable, con fundamento en los numerales 8 y 20 Constitucionales, 105, 113, 128, 218, 251, 361, 362 363 y 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 20, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no accedió a decretar el no ejercicio de la acción penal solicitado por la inculpada, aquí quejosa, precisamente ante la falta de actos de investigación por realizar, para el esclarecimiento de los hechos; misma determinación que constituye el acto reclamado. Ahora, a efecto de dar contestación al concepto de violación que hace valer la parte quejosa, en el sentido de que la denuncia interpuesta en su contra, se encuentra prescrita, debe decirse que la prescripción es una cuestión de orden público y por tanto su estudio es preferente y oficioso, por lo que dicha circunstancia origina que esta Juzgadora Federal pueda analizarla en el amparo indirecto, aún y cuando la responsable no se hubiera pronunciado al respecto. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 62/99, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Penal, consultable en la página 316 que dice: "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO. Al combatir el libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto, si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que formen parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia 18/99, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia Penal, consultable en la página 328, que dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO. El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen." En ese sentido, debe indicarse que de las constancias que conforman la carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021, se advierte que ésta se inició el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con motivo de la querella formulada por la tercero interesada Perlita de Jesús Balam Montero, contra la aquí quejosa Miriam Aracely Balam Uc, como probable responsable en la comisión de hechos constitutivos de los delitos de abuso de confianza y falsificación de documentos. Mismos hechos criminosos que se encuentran previstos en los artículos 281, 283 y 318, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, que señalan: "Artículo 281. El delito de falsificación de documentos se comete por quien: I. Emita un documento público no auténtico; II. Haga constar, en un documento público hechos, acciones, omisiones o circunstancias total o parcialmente falsas, o manifestaciones total o parcialmente distintas de las expresadas por su autor; III. Indebidamente haga u omita hacer constar, en un documento público auténtico: hechos, acciones, omisiones o circunstancias verdaderas, o las manifestaciones de una persona; IV. Atribuya para sí o para un tercero, en un documento público o privado, un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la autenticidad del documento o para la existencia o validez del acto. La misma sanción que se establezca para el falsario se aplicará al tercero, si se actúa en su representación o con su consentimiento; V. Haga constar, en un documento privado, la falsa transmisión de un derecho real; VI. Altere, oculte o destruya un documento público o privado auténtico y veraz, y VII. Aproveche indebidamente una firma o rúbrica ajena en blanco, extienda una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio." "Artículo 283. El delito de falsificación de documentos, sean públicos o privados, se sancionará con prisión de seis meses a tres años y de diez a cincuenta días-multa. Esta sanción se incrementará en una mitad cuando la falsificación sirva como medio para el comercio de vehículos robados o de sus partes o componentes. Si el falsario obtiene provecho para sí o para otro en perjuicio de la sociedad, del Estado o de un tercero, las sanciones señaladas en el primer párrafo de este artículo se incrementarán hasta en una mitad." "Artículo 318. Comete el delito de abuso de confianza quien con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro, de cantidad de dinero en numerario, en billetes de banco o en papel moneda; de un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos; o de cualquier otra cosa ajena mueble de la cual se le haya transferido la tenencia y no el dominio. Se sancionará con prisión de tres meses a un año y de veinte a cuarenta días-multa, cuando el monto del ilícito no exceda de cien días de salario. Si excede de cien pero no de trescientos días de salario la prisión será de uno a dos años y de veinticinco a sesenta días multa. Si excede de trescientos pero no de seiscientos días de salario, la prisión será de dos a cuatro años y de sesenta a cien días-multa. Si el monto es mayor de seiscientos días de salario, la prisión será de cuatro a diez años y de cien a doscientos días-multa. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida." Ahora bien, en relación a la prescripción de la acción penal, los artículos 116, 117, 120, 121, 125 y 126 todos del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, prevén lo siguiente: "Artículo 116. La prescripción extingue la acción penal y las sanciones." "Artículo 117. La prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado en la ley." "Artículo 120. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, pero en ningún caso será menor de tres años." "Artículo 121. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlos, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia. Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio." "Artículo 125. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito, aunque por ignorarse quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practicaren contra personas determinadas. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia." "Artículo 126. La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente; por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el Ministerio Público de esta Entidad Federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso, también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo, subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega." Ahora bien, de la transcripción de los anteriores numerales, se advierte que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones; que es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado en la ley; y siendo que se actualiza en un año si el delito sólo mereciere multa, mientras que tratándose de delitos que merezcan además pena privativa de libertad, prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción correspondiente, que nunca será menor de tres años. Dichos numerales no pueden ser analizados en forma aislada, sino de manera armónica con el diverso 121 de la propia codificación, que dispone, como se asentó anteriormente, que la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido, como en el caso, prescribirá en un año, contado desde el día en que quien puede formularla, tenga conocimiento del delito y del delincuente; y en tres años, independientemente de esta última circunstancia. En el entendido que una vez colmado el requisito de procedibilidad, consistente en la querella necesaria de parte agraviada, serán aplicables las reglas de prescripción para los delitos perseguibles de oficio. La prescripción de las acciones penales se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen en averiguación del delito; y si se deja de actuar, la prescripción comenzará a contarse de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Por tanto, respecto al delito de abuso de confianza, éste se persigue por querella de la parte ofendida, tal y como se prevé en la parte final del citado numeral 318 del Código Penal del Estado de Yucatán. En ese sentido, el artículo 121 del propio código sustantivo, dispone que, cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año contado desde el día en que, quienes pueden formularlo, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta última circunstancia; pero una vez llenado el requisito de procedibilidad o el acto equivalente dentro del término antes señalado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Luego entonces, si de acuerdo a la carpeta de investigación, la denunciante, aquí tercero interesada, manifestó que tuvo conocimiento de los hechos el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, así como de la presunta participación de la inculpada, aquí quejosa, en los mismos, y ésta presentó su querella el diecinueve de marzo de ese propio año, según se aprecia de la carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021, es claro que en el caso no se configura la prescripción de la acción penal, como lo pretende la impetrante de amparo. Pues dicha querellante, conforme a lo establecido en el artículo 121 del invocado Código, tenía un año para formular querella, a partir de que tuvo conocimiento de los hechos delictuosos y de la probable intervención de la inculpada en su comisión; de ahí que respecto al hecho delictuoso que se investiga como abuso de confianza, no se configura dicha prescripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 169243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1831, bajo el rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA O ACTO EQUIVALENTE. De conformidad con el artículo 107, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal (vigente en dos mil uno), existen dos hipótesis de prescripción de la acción penal tratándose de la formulación de querella o acto equivalente; en el primer supuesto, si el ofendido no tiene conocimiento del delito y del delincuente, entonces desde que el ilícito se consumó, atendiendo a su naturaleza, deberán transcurrir tres años sin que se satisfaga tal requisito de procedibilidad para que prescriba el derecho de la víctima del delito; pero si ésta adquiere tal conocimiento dentro de aquel plazo, entonces a partir de esa fecha se excluye tal supuesto y adquiere vida jurídica la segunda hipótesis, por lo que comenzará a correr un año, sin que importe que se exceda de los tres años señalados; ahora, en el diverso caso de que ya han transcurrido tres años sin que se formule querella y posterior a ello obtiene el conocimiento señalado, no puede afirmarse válidamente que es a partir de esta fecha cuando comienza a correr un año, porque ya entonces se ha concretizado el primer supuesto." Máxime, que no obra en el sumario natural, prueba alguna que indique, de manera fehaciente, que la parte querellante tuvo conocimiento del delito en una fecha diversa a la indicada en su querella relativa. Esto, pues si bien la compraventa del predio objeto de la carpeta relativa, aconteció en el año dos mil cinco; lo cierto es que de los hechos querellados, se desprende que la parte agraviada precisamente pretende tildar de falsa esa presunta transacción. Por tanto, no resulta dable, como pretende la parte quejosa, tomar como base la data en la que aparentemente tuvo verificativo la compraventa, como fecha de partida para que comenzara a contarse el plazo que la parte agraviada tenía para formular la querella necesaria. Expuesto lo anterior, y una vez surtido el precitado requisito de procedibilidad penal, de acuerdo a las reglas que se establecen en el Código Penal invocado, la diversa hipótesis para que opere la prescripción de la acción penal, respecto de los delitos que se persiguen de oficio, se señala que bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley, el cual será continuo y para su cómputo debe tenerse en cuenta si el delito es instantáneo, permanente o continuado o si fue en grado de tentativa. El plazo de la prescripción se obtendrá, de la sanción corporal, si la tuviere, estableciéndose un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito, pero en ningún momento será inferior a tres años. Por otro lado, la acción persecutoria se interrumpirá por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial, que se practiquen en la averiguación del delito, pero si ya ha transcurrido más de la mitad del plazo para la prescripción, este solo se interrumpirá por la aprehensión del inculpado. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que conforme al artículo 281 del Código Penal del Estado, que prevé la sanción respecto del delito investigado como de falsificación de documentos en general, la acción penal en su contra prescribe, en tres años. Ello, toda vez que el delito de falsificación de documentos en general, importa una pena de seis meses a tres años, por lo que al término medio aritmético del mismo asciende a un año nueve meses. En consecuencia, al ser la media aritmética de este delito en análisis menor a tres años, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 120 del Código Penal, por lo que el plazo para que opere la prescripción es de tres años. De ahí que, se reitera, en ninguna de las dos hipótesis establecidas ha operado la figura de la prescripción, como lo pretende la quejosa. Esto, cuenta habida que si la carpeta de investigación se aperturó en el año dos mil veintiuno, es notorio y manifiesto que, en la data en que se solicitó el no ejercicio de la acción penal, e incluso en la que se resuelve este juicio de amparo, no ha transcurrido siquiera el plazo mínimo para que ésta opere, que es de tres años. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con registro digital: 191810, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 935, con el rubro y texto: "FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).Aunque el documento que se imputa falsificado sea extendido en fecha cierta, ello no implica que deba considerarse prescrita la acción penal porque ha transcurrido, desde esa fecha, un plazo mayor al término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponde al delito de falsificación de documentos previsto en el artículo 223 del Código Penal para el Estado, es decir, más de tres años, ni aun en el caso de que dicho documento fuese inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, porque ello sería irrelevante para los efectos de la prescripción, si tal conducta no se exterioriza en perjuicio o daño de terceros, ya que son precisamente los actos positivos realizados contra los intereses de aquéllos, los que le imprimen carácter delictivo, tomando en cuenta que la conducta antisocial de falsificar un documento se consuma cuando se hace uso del mismo." En mérito de lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, precisamente porque, como quedó visto, resultó acertado el proceder del Fiscal responsable, en el sentido de no acceder a decretar el no ejercicio de la acción penal, cuenta habida que en la carpeta de investigación de origen aún quedan pruebas pendientes de desahogo y no ha transcurrido el plazo para que opere la prescripción de la acción penal; motivo por el que debe negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal instados por la parte impetrante. SEXTO. Sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Finalmente de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día siguiente de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva y en versión pública; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. No Ampara. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MIRIAM ARACELY BALAM UC, por conducto de su defensor particular, contra el acto que reclama del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Umán, Yucatán, en su denominación correcta, y que hizo consistir en el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos de la carpeta de investigación UNATD27/GM/422/2021, por medio del cual dicho fiscal señaló que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal que le fue solicitado; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria con quien actúa y da fe, hoy siete de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano