Mireya Posadas Erazo
Expediente 1705/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1705/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mireya Posadas Erazo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la presente fecha no obra en autos el acuse de recibo correspondiente al oficio 24681/2021 dirigido a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se comunicó la sentencia definitiva dictada en autos. Por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, mediante atento oficio que al efecto se gire vía mensajería acelerada a la citada autoridad, requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado vía telegráfica o por vía más expedita que estime, la fecha en que, en su caso, recibió el oficio 24681/2021, mediante el cual se le notificó la sentencia definitiva dictada en el amparo indirecto en que se actúa, para estar en aptitud de acordar lo conducente. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia que prevalece con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, la información solicitada podrá rendirlo igualmente vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá, una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 237, fracción I, en relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional, e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa en este asunto, con la documentación de cuenta; por el término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de ese plazo, esta Juzgadora Federal resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACION.- Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra un acto que reclama de la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles del Primer Departamento Judicial del Estado. Al respecto, fórmese expediente; y, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1705/2021-VII. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causal de improcedencia, cuyo estudio es previo y preferente, en observancia a lo dispuesto en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1° y 113 de la propia legislación y 8° Constitucional, respecto del acto que se reclama, consistente en la omisión de los Actuarios adscritos a la Central responsable, de llevar a cabo la notificación del proveído de diez anterior, emitido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el controvertido 2535/2021. En ese sentido tiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Cabe señalar que, de acuerdo al aludido artículo 113 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al órgano jurisdiccional de examinar, con todo detenimiento, el escrito de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, en la demanda de amparo que se analiza, se advierte que la parte quejosa reclama de los fedatarios adscritos a la Central responsable, la omisión de llevar a cabo la notificación del proveído de diez anterior, emitido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el controvertido 2535/2021. Sentado lo anterior, se estima que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, este interpretado en sentido contrario, y 217, todos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J.8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 478, libro 17, correspondiente al mes de abril de dos mil quince, visible en el Tomo I, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y con registro digital 2008883, atiene exacta aplicación la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, intitulada: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Federal. Por su parte, el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Del citado precepto legal, se advierte que el juicio de amparo procede, contra actos de tribunales ya sea judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, en el caso, se insiste, el acto que se reclama es la omisión de los Actuarios adscritos a la Central responsable, de llevar a cabo la notificación del proveído de diez anterior, emitido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el controvertido 2535/2021. Pues bien, quien resuelve estima que la omisión de la que se duele la parte quejosa, no es un acto que tenga el carácter de irreparable, pues solo ocasiona una dilación en el procedimiento de origen; la cual se justifica por la pandemia que aqueja al país, con motivo del virus SARS-COVID19, por la que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en respuesta al brote del virus COVID-19, ha realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, como la emisión de los acuerdos generales AGX-2003-22, AGC-2004-23, AGC-2004-24, AGC-2005-25, ACG2005-26, AGC-2006-27, AGC-2006-28, AGC-2006-29 y AGC-2007-30, por los que se adoptaron diversas medidas de prevención, siempre en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y empleados del Poder Judicial del Estado. Siendo que con motivo de lo anterior, los plazos jurisdiccionales y administrativos se han suspendido en varias ocasiones, no sólo por el virtud COVID-19, sino por los días inhábiles o decretados como no laborables por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, aunado a que con motivo de la pandemia, y como medida de cuidado para la salud de los justiciables, se ha restringido la entrada del personal de los órganos judiciales, que obliga a trabajar con poco personal, por lo que no puede estimarse una abierta dilación, como para obligar a la autoridad a llevar a cabo de inmediato la notificación relativa, como lo señala la citada jurisprudencia. En ese orden, es incuestionable que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, pues se está ante un retraso y no una abierta y evidente dilación, que constriña a esta Juzgadora a obligar a la responsable a dar contestación al memorial de mérito. Máxime, que en el caso, el proveído en cuestión se emitió el diez de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que nos ocupa, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, tan solo han transcurrido seis días hábiles desde que, en su caso, se hubiere encomendado realizar la notificación de marras, lo que en modo alguno constituye una abierta dilación del procedimiento, de conformidad con los argumentos plasmados a lo largo de este proveído. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107 fracción IV, en concordancia con el 217, todos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Similar criterio fue sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Decimocuarto Circuito, al resolver el toca 64/2021 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por el promovente del expediente 235/2021, del índice de este órgano judicial. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como su autorizada, a la persona expresamente designada, con las facultades conferidas. Asimismo, aun y cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en la boleta anexa a su demanda de amparo, como de su parte, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
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