Miriam Aguilar Ruiz
Expediente 1001/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miriam Aguilar Ruiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de octubre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos procedentes. Finalmente, como de la constancia secretarial del cuenta se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que se desechó la demanda de Amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la demanda promovida por -, en cuanto apoderada de la quejosa -, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, dado que según constancia secretarial de cuenta el mismo lo tiene acreditado ante la autoridad responsable, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de diez de agosto del año en curso, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, declara carecer de competencia para resolver el juicio laboral número , y ordena el envió de los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracciones V y VIII aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. ." De los preceptos transcritos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que entre otros, procede el amparo indirecto cuando se reclame una determinación de una autoridad jurisdiccional en la que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. En atención a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 216/2014, de la que resultó el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.", determinó que efectivamente procede el amparo indirecto contra los actos de autoridad en el que determine declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivas, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107 fracción VIII, de la Ley de Amparo, se entienden como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, (esto por lo que respecta a la declinatoria), o bien cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la inhibitoria), ya que es hasta ese momento procesal cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, cuando se han producido todas la consecuencias del acto reclamado. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de diez de agosto del año en curso, en el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, declara carecer de competencia para resolver el juicio laboral número -, y ordena el envió de los autos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, pues los actos que en su caso podrían ocasionar tal afectación, sería cuando la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia acepta ésta, ya que sería en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. En el caso particular se está en la incompetencia por declinatoria, y quien resolvió esa cuestión fue el tribunal laboral que conoce de ese asunto, lo que ocasiona que el acto respecto del cual procede el amparo indirecto, será aquel en el que la Junta Local a la cual se declinó la acepte. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere. Notifíquese personalmente...." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el promovente de cuenta, mediante el cual solicita se remitan las copias certificadas que solicitó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en autos, o bien se le expidan a fin de ser ofrecidas como medio de convicción dentro del juicio laboral -; sin embargo, dígasele que no ha lugar a acordar lo correspondiente toda vez que según constancia secretarial no tiene reconocido carácter alguno para promover dentro del presente asunto, máxime que las mismas ya fueron enviadas a dicho Tribunal como se desprende de la constancia secretarial que antecede. Notifíquese.
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