Minerva Sugey Melchor Arriaga
Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Minerva Sugey Melchor Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 316096, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXX, Página: 676, que a la letra dice: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseído el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta." Finalmente, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA por una parte el presente juicio de garantías promovido por -en cuanto apoderado jurídico de -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno. Notifíquese.
- Principal
En Morelia, Michoacán siendo las ONCE HORAS MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, encontrándose en audiencia pública el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la Secretaria de acuerdos, la licenciada Deneb Esparza Mendoza, que autoriza y da fe, procede a celebrar la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para esta fecha, relativa al juicio de amparo número II-464/2018-2, promovido por JOSÉ -, sin asistencia de las partes y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En este momento, se da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha fenecido el término de quince días que le fue otorgado a la quejosa mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, mismo que transcurrió del veintitrés de agosto al doce de septiembre de la presente anualidad, sin que hubiera realizado manifestación alguna, por tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado y el acto reclamado será analizado únicamente como lo planteó en su libelo constitucional y respecto de las autoridades precisadas en el mismo. Abierta la misma, la secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran el original de la demanda de amparo, auto de admisorio de once de junio del dos mil dieciocho, auto de ampliación de veintiséis de julio de la presente anualidad, informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, auto de cesación de efectos fuera de audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; asimismo se da cuenta con el escrito registrado con el folio 16462, signado por el apoderado jurídico de la Minerva Sugey Melchor Arriaga. En este momento, Téngase a la secretaria haciendo relación de las constancias que anteceden, todo lo que será tomado en consideración al resolver el presente juicio; así también téngase a la quejosa dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de junio del año en curso y en acatamiento al artículo 64 de la Ley de Amparo informa circunstancias que a juicio de este juzgador actualizan la causal de improcedencia prescrita en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En la fase probatoria: Se hace constar que obran en autos las remitidas por las autoridades responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Actuaria del Juzgado Menor Mixto de Pátzcuaro, Michoacán. A lo anterior, se acuerda: Se tiene a las autoridades antes mencionadas, por exhibidas las documentales a que se hacen referencia, las que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza y las que serán tomadas en consideración al fallar el presente asunto. Con lo anterior y no existiendo pruebas, se pasa a la fase de alegatos, sin que las partes los hayan formulado; por tanto se da por concluida la presente audiencia, se levanta para constancia legal esta acta y se procede a dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 464/2018-II-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. MINERVA SUGEY MELCHOR ARRIAGA, por conducto de su apoderado jurídico, mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, y turnado, al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que hizo consistir en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Las autoridades responsables lo son las siguientes: A.- El TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO con domicilio... B.- El ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO con domicilio... C.- El ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, con domicilio... IV. LOS ACTOS U OMISIONES QUE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE DEL ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y QUE DEL ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SE RECLAMAN LO SON LOS SIGUIENTES. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SE RECLAMA LO SIGUIENTE: A.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclaman lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 950/2016. B.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclaman lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LLEVAR A CABO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE 950/2016 EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 99,103 Y 114 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS. DEL ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SE RECLAMA LO SIGUIENTE: A.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclaman lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ACTUARIO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCION DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 950/2016. DEL ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR DE PÁTCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SE RECLAMA LO SIGUIENTE: A.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclaman lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ACTUARIO DEL JUZGADO MENOR DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO DE LLEVAR A CABO LA REINSTALACIÓN DE LA QUEJOSA EN SU TRABAJO QUE DESARROLLABA EN EL AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ACORDÓ Y ORDENÓ EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 950/2016." El promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y precisó como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Previa aclaración, en proveído de once de junio del año que transcurre este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número II-464/2018-2, solicitó informe justificado a las autoridades precisadas como responsables, dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (reverso de la foja 27) y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previo requerimiento en proveído de dos de julio de dos mil dieciocho, formulado por este juzgador de amparo, la parte quejosa, mediante ocurso presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, amplió su demanda de amparo, respecto de la autoridad y actos reclamados siguientes: ".DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TAMBIÉN SE RECLAMA COMO ACTO RECLAMADO LO SIGUIENTE: C.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclama lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE ESTAR AL PENDIENTE DE GESTIONAR LA REINSTALACIÓN DE LA QUEJOSA EN SU TRABAJO QUE DESARROLLABA EN EL AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO. D.- Los actos u omisiones que de la autoridad responsable se reclama lo son LA OMISIÓN Y DILACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LLEVAR A CABO LA REINSTALACIÓN DE LA QUEJOSA EN SU TRABAJO QUE DESARROLLABA EN EL AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, TAL COMO LO ACORDÓ Y ORDENO EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO 950/2016." En proveído de veintiséis de julio del año en curso, fue admitida la ampliación de demanda, se requirió el informe justificado a la autoridad antes precisada, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, ante la posible existencia de una diversa autoridad responsable no señalada como tal por la parte quejosa (Juez Menor del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán), este juzgador federal requirió a la solicitante de amparo, para efecto de que si era su deseo, la señalara con ese carácter. Sin embargo, no obstante que fue debidamente notificada (como se advierte de la constancia de notificación personal que obra a foja 83), la quejosa omisa en responder al requerimiento, por lo que en el acta de la audiencia constitucional que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento de continuar el presente juicio únicamente por las autoridades señaladas en su demanda y ampliación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados , como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Del análisis integral del libelo constitucional y su ampliación, así como de las constancias que obran en autos, se aprecia que la parte quejosa reclama: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación de notificar a los terceros con interés (IMMS e INFONAVIT) a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. La omisión y dilación de llevar acabo el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. La omisión y dilación de gestionar la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Del Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación de notificar y emplazar a los terceros con interés (IMMS e INFONAVIT) a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro juicio ordinario laboral 950/2016. De la Actuaria del Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo: La omisión y dilación de llevar a cabo la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, tal como lo ordenó el Tribunal responsable dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. TERCERO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Conviene precisar que en proveído de fecha veinticinco de septiembre pasado este órgano jurisdiccional SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos identificados con los número 1, 2 y 4. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto de los restantes actos reclamados respectivamente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y a la Actuaria del Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la omisión y dilación de gestionar y llevar acabo la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, tal como lo ordenó el Tribunal responsable dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. Lo que en la especie ya ocurrió, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, sin embargo este fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, fecha en la cual el acto reclamado si existía. QUINTO. Toda vez que las causas de improcedencia son de orden público en el juicio constitucional, y su estudio debe realizarse en forma previa y preferente, antes de entrar al análisis de los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa, es menester examinar si en la especie se actualiza alguna, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. Tiene aplicación a lo que en este apartado se indica, la Jurisprudencia número 940, consultable en la página 1538, Segunda parte, Salas y Tesis del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público". En efecto, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, este tribunal advierte de escrito de cuenta, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora bien, para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos, se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto reclamado que se considera violatorio de derechos desapareció, o bien, por un acto posterior las consecuencias jurídicas que genera un perjuicio en la esfera de la quejosa, desaparecen, a nada práctico conduciría analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la impetrante de amparo. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del criterio invocado, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante de amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo; es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 882, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía del Tribunal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Michoacán y de la Actuaria del Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán, la omisión y dilación de gestionar y llevar acabo la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, tal como se ordenó el Tribunal responsable dentro del juicio ordinario laboral 950/2016, lo que así ocurrió, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad la parte quejosa. Consecuentemente, si ya fue realizada la reinstalación de la aquí quejosa en su lugar de trabajo, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que esa era la cuestión por la que la quejosa acudió a esta instancia federal y ello precisamente constituyó el acto reclamado. En consecuencia, al haber quedado actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del Artículo 61 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de conformidad con el diverso 63, se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por MINERVA SUGEY MELCHOR ARRIAGA, por lo que respecta a los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y a la Actuaria del Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán. Por lo tanto, resulta improcedente analizar el fondo del asunto que van dirigidos a combatir los actos por los que se actualizó la causa de improcedencia analizada, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el CD-2, IUS 2004, con el número de registro 226, 555, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No es óbice a lo anterior, que dentro del presente juicio aún no obre constancia del emplazamiento de las autoridades tercero interesadas que se ordenó en auto de diecisiete de septiembre pasado, toda vez que la presente determinación no les causa ningún perjuicio, lo que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2013630, consultable en la página 556, libro 39, febrero de 2017, tomo I, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." SEXTO. Publicación de datos. En otro aspecto, como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8° de la citada Ley Federal, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere en el párrafo segundo del artículo 8 del reglamento en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 37, 61, 74, 77, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por -, por los actos atribuidos a la autoridad precisada en el segundo considerando de este fallo, y por los motivos expuesto en el considerando quinto del mismo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, publíquese la presente sentencia en los términos que ahí se indican. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante cumple parcialmente con el requerimiento que se le hizo en proveído de diecisiete de septiembre pasado. Ahora bien, del escrito de demanda y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que los actos reclamados son: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación de notificar a los terceros con interés (IMMS e INFONAVIT) a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. La omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. La omisión y dilación de gestionar la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán. Del Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación de notificar y emplazar a los terceros con interés (IMMS e INFONAVIT) a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. De la Actuaria del Juzgado Menor de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo: La omisión y dilación de llevar a cabo la reinstalación de la quejosa en su trabajo que desarrollaba en el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, tal como lo ordenó el Tribunal responsable dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. Ahora respecto únicamente de los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, consistentes en; La omisión y dilación de notificar a los terceros con interés (IMMS e INFONAVIT) a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. La omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016. El suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció, o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del aquí quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia de merito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclamó en esta vía del Tribunal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Michoacán, la omisión y dilación de notificar a los terceros interesados Instituto Mexicano de Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio ordinario laboral 950/2016, así como el desahogo de dicha audiencia, lo que así ocurrió el veintiocho de mayo y veintitrés de agosto del presente año, respectivamente. De ahí que, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional el uno de octubre del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, requiérase de nueva cuenta al Tribunal de Conciliación de Arbitraje en el Estado de Michoacán, a fin de que en el término de tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si a la fecha ya fue diligenciada en sus términos la comunicación TCA/AUD-SALA/A/134/2018 remitida al Juez Menor Mixto de Pátzcuaro, Michoacán, o bien, cuál fue el impedimento que se tuvo para llevar ello, debiendo acreditar dichas circunstancias con las documentales necesarias, reiterándole que es responsabilidad de las partes informar si se actualiza una causal de sobreseimiento o de improcedencia, ello con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo o informar el impedimento formal o material que tuviera se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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