Miriam Aburto Mendoza
Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Miriam Aburto Mendoza
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el auto de tres de octubre del presente año, dictado en este juicio de amparo, el cual quedó radicado con el número 480/2023, de su índice. De lo cual, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta de********************, autorizado en términos amplios de la quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja, contra del auto de tres de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto. Con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntarse original y copia del escrito de interposición del recurso y del de expresión de agravios, así como copia certificada de lo actuado; y, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la sustanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, para los efectos a que haya lugar. Finalmente, se autoriza a la Secretaria a firmar el informe correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo promovida por Miriam Aburto Mendoza. En consecuencia, regístrese bajo el número 1018/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama de los Magistrados de la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca: La omisión de realizar y ejecutar acciones legales correspondientes para hacer cumplir la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo con el número de expediente 592/21-15-01-9; entre ellas, la de hacer efectivas multas a la autoridad demandada por el incumplimiento a la sentencia de nulidad. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones, de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz: La omisión de cumplir la sentencia de cinco de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo federal 592/21-15-01-9. En ese sentido, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] En efecto, del citado precepto se advierte que tratándose de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la ley común para revocar, anular o modificar el acto de autoridad, antes de promover el juicio de amparo, lo que constituye el principio de definitividad que lo rige. En ese sentido, el precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Del anterior precepto, en relación con el acto aquí reclamado, se infiere que, únicamente cuando el justiciable agote en su totalidad todos los medios ordinarios de defensa previstos en la ley que rija la materia y, la autoridad del conocimiento, haga uso de todas las medidas de apremio con las que le dota la ley e, inclusive, determine en uso de sus facultades, que le es física y jurídicamente imposible obtener de las autoridades demandadas en el juicio de origen, el cumplimiento total y cabal de su sentencia, es que debe acudirse al amparo; toda vez que este juicio es un medio extraordinario de defensa. Bajo este tenor, el artículo 58 de la de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, preceptúa: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. [.]" Esto es, que con la finalidad de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho Tribunal, procede el recurso de queja, cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por dicho Tribunal Así, dicho recurso ordinario será procedente ante: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Asimismo, se prevé que tratándose del supuesto señalado en el punto tres, es decir, la queja por incumplimiento a la sentencia, se podrá interponer en contra de cada una de las resoluciones dictadas en pretendido cumplimiento a la sentencia de nulidad firme. Una vez substanciado el recurso, la Sala del conocimiento resolverá si la autoridad cumplió con los términos de la sentencia y, en caso de no cumplir, requerirá el cumplimiento por conducto de su superior inmediato. Ahora bien, el recurso de queja al que se hace referencia en el numeral 3, forzosamente debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741, registro digital 2024468, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." (Énfasis añadido.) En el caso, del contenido íntegro de la demanda y de las constancias que adjuntó a la misma, a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. La aquí quejosa promovió demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, en contra de la resolución de concesión de pensión que le otorgó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, el cual se radicó bajo el número 592/21-15-01-9. 2. El cinco de enero de dos mil veintidós, la Sala Regional dictó sentencia definitiva. 3. El diez de agosto de dos mil veintidós, la quejosa promovió recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento, prevista en el artículo 58, párrafo primero, fracción II, inciso a), punto 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, en contra de la resolución contenida en el oficio número 1.4.3.2838/2022 de veintiuno de junio de dos mil veintidós, al estimar que incurre en defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva y firme de cinco de enero del citado año, en cuanto al monto que fija como cuota diaria que debe recibir la quejosa como pensionada por jubilación a partir del dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete. 4. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la Sala Regional responsable resolvió la queja en el sentido de considerar que la autoridad demandada, efectivamente incurrió en defecto, al emitir la resolución ahí impugnada, por lo que ordenó dejarla sin efectos, en los siguientes términos: "[.] la Jefa de Departamento, de la Dirección Normativa de Pensiones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Delegación Veracruz, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de la presente interlocutoria, emita otra resolución en la que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos [.] determine que la cuota diaria que debe recibir MIRIAM ABURTO MENDOZA, como pensionada por jubilación, a partir del 16 de diciembre de 2017, es de $883.60; y proceda a liquidar las diferencias procedentes, en las que deberá contemplar las relativas a los aguinaldos[.]; APERCIBIDA, que en caso de vencer el plazo anterior y no justificar en el expediente el cumplimiento que se hubiere dado a la citada interlocutoria, se le impondrá una multa de apremio equivalente a trescientas unidades de medida y actualización[.]" [Algunas cosas resaltadas son propias] Como se observa, respecto a la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida dentro del aludido expediente juicio contencioso administrativo federal 592/21-15-01-9, atribuida a las autoridades responsables, la parte quejosa no interpuso recurso de queja. Es así, porque la queja que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta en la demanda que agotó para cumplir con el principio de definitividad -lo que acredita con las constancias que anexa- no es la prevista en el numeral 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el medio de defensa idóneo por virtud del cual la abstención puede ser corregida; esto es, a través del cual, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia la peticionaria de amparo. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo, como primera instancia, no es el medio idóneo para dotar de eficacia a la sentencia de referencia; esto es, para obtener su cumplimiento, si previamente no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente, es decir, la queja por omisión ante la Sala responsable. Sin que la interposición del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, que regula el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 1, del citado texto legal, que acredita haber promovido, la releve de la carga de promover el medio de defensa previsto para hacer cesar la omisión reclama, a que se refiere el numeral 3, del referido precepto; pues, cada uno de esos medios de impugnación, atiende a una finalidad distinta; de ahí que, al no haber interpuesto recurso de queja por incumplimiento de la sentencia definitiva, se considera que no ha agotado el principio de definitividad. En ese contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida por la Sala Regional del Sureste de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, dentro del expediente 592/21-15-01-9, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sin que en el presente asunto se advierta excepción alguna al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional; y por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Cabe destacar que el hecho de que opere una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Ríos Hernández y Óscar Marmolejo Rodríguez, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, así como a Nelly Piedad Guerrero Hernández, ya que se encontró registrada cédula profesional a su nombre en la base de datos del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) http://sise.cjf.gob.mx/sise/Expediente/AutorizadosExpediente.aspx se desprende que los usuarios SALVADORRIOSHERNANDEZ y NELLYGUERRERO, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se les autoriza para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico) adscrito a este Juzgado de Distrito. CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMERO TELEFÓNICO. Por cuanto hace a los correos electrónicos y número telefónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éstos para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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