Minerva Siria Azulvide Ordoñez
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Minerva Siria Azulvide Ordoñez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto en el que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ésta ha CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Con apoyo en el artículo 20, fracción I del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, considerando que obran glosados en el presente asunto, medios de convicción en original exhibidos por la parte quejosa; requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanzas que se le entregarán personalmente o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos serán susceptibles de destrucción, de conformidad el Acuerdo General invocado. Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Ahora bien, de lo manifestado por la autoridad responsable y de las constancias de cuenta, se desprende que surge a la vida jurídica, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, sirve de apoyo la jurisprudencia con registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis con registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De lo anterior, se tiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes: El acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en: la omisión de acordar dos escritos que presentó la parte quejosa, el dos de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral 310/2015 (4) del índice de la autoridad responsable; omisión de señalar fecha y hora para la reinstalación de la quejosa, dentro del citado expediente laboral; y, de dictar las medidas necesarias para la ejecución del laudo. Ahora, en el caso, se actualiza la citada causa de improcedencia toda vez que la autoridad responsable, mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso, se desprende dio contestación a dichos escritos petitorios. En dicho proveído emitido, se ordenó requerir a la parte perdidosa Organismo demandado Servicios de Salud de Oaxaca, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de su legal notificación, exhiba ante la autoridad laboral (aquí responsable), a través de su Representante Legal la cantidad de $779,081.28 (setecientos setenta y nueve mil ochenta y un pesos 28/100 M.N), a favor de la actora Minerva Siria Azulvide Ordoñez, misma cantidad comprende la condena decretada en el laudo de ocho de noviembre de dos mil veintidós; así como salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, día del trabajador de la Secretaría de Salud y, horas extras; entre otros; de igual forma, señaló las diez horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintitrés, para que el actuario correspondiente se constituyera en compañía de la actora, aquí quejosa, en el domicilio que se precisa en dicho acuerdo, a efecto de que mediante diligencia formal el de fe de la reinstalación material y jurídica de la trabajadora Minerva Siria Azulvide Ordoñez -quejosa-, en su empleo que venía desempeñando, hasta antes del despido injustificado, en la categoría de soporte administrativo "A", en la fuente de trabajo ubicada en Avenida Independencia número cuatrocientos siete, colonia centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca (fojas 27 y 28). En ese sentido, al encontrarse acreditado en autos que el diecinueve de junio del año en curso, la responsable acordó favorablemente la petición formulada por la aquí quejosa, tal y como se desprende de las constancias que obran en autos; e, incluso, ordenó requerir a la parte perdidosa del juicio natural para que cumpliera con el laudo declaro firme, es decir, con la reinstalación ordenada en el mismo, con el apercibimiento legal correspondiente, en consecuencia, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, lo cual impide analizar las cuestiones de fondo planteadas. Por lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la cesación de los efectos del acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con treinta y cuatro minutos del veintitrés de junio del año en curso. Asimismo, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse la captura correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y por oficio a la responsable.
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