Mireya María del Socorro Pintos García Mier

Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/07/2022

Partes del expediente

  • Mireya María del Socorro Pintos García Mier

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de julio de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obran documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero de dicho Acuerdo General, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger las documentales de que se trata, por lo que deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sean devueltos, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOCE DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de julio de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio obran documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo primero de dicho Acuerdo General, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, se constituya en el local que ocupa este juzgado federal a recoger las documentales de que se trata, por lo que deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sean devueltos, de conformidad los establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que en caso de no hacerlo así, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Mireya María del Socorro Pintos García Mier, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Planeación, Zona Acapulco, de la División de Distribución Centro Sur, CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 562/2022-II y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es1: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro2: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, se obtiene que, en la especie, la parte promovente reclama lo siguiente: De lo transcrito, y del oficio que adjunta la quejosa a su libelo actio, se advierte que reclama el ocurso a través del cual el Jefe del Departamento de Planeación, Zona Acapulco, de la División de Distribución Centro Sur, CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, en relación al servicio de energía eléctrica que solicita la quejosa, emite un presupuesto de 1 Jurisprudencia I. 4o. C. J/3, con número de registro 230779, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, foja 655, publicada en Julio-Diciembre de 1988, Materias Civil, Común, Octava Época. 2 Jurisprudencia P./J. 40/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, foja 21, publicada en abril de 2000, Materia Común, Novena Época. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE obra, y le fija la cantidad a pagar para la instalación del servicio solicitada, proporciona datos de facturación. Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; en relación con la Jurisprudencia 2ª./J 30/2018 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante criterio de observancia obligatoria, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, que cuando se reclamen actos que guarden relación con contratos de suministro de energía eléctrica entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad, las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de modo que dicha comisión no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. La jurisprudencia de aplicación, se encuentra divulgada en la página 632, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, registro digital 2016656, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Es oportuno citar de igual forma la siguiente tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, publicada en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, registro digital 2019230, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En efecto del oficio de presupuesto reclamado se desprende que se pretende cobrar el importe de $9,771.84 (nueve mil setecientos setenta y un pesos 84/100 moneda nacional), para la procedencia de la ampliación del servicio de energía eléctrica que se presta en el domicilio de la impetrante; por tanto, corresponde a las partes involucradas, en la vía mercantil, dilucidar si el contrato de suministro celebrado con la paraestatal, contempla o no dicha posibilidad y, con base en ello, el Juez competente tendría que decidir si fue correcta o no tal actuación. Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE LOS CORRIENTES, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Mireya María del Socorro Pintos García Mier, por su propio derecho, contra actos del Jefe del Departamento de Planeación, Zona Acapulco, de la División de Distribución Centro Sur, CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 562/2022-II y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia" ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es1: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro2: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, se obtiene que, en la especie, la parte promovente reclama lo siguiente: De lo transcrito, y del oficio que adjunta la quejosa a su libelo actio, se advierte que reclama el ocurso a través del cual el Jefe del Departamento de Planeación, Zona Acapulco, de la División de Distribución Centro Sur, CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad, en relación al servicio de energía eléctrica que solicita la quejosa, emite un presupuesto de 1 Jurisprudencia I. 4o. C. J/3, con número de registro 230779, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, foja 655, publicada en Julio-Diciembre de 1988, Materias Civil, Común, Octava Época. 2 Jurisprudencia P./J. 40/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, foja 21, publicada en abril de 2000, Materia Común, Novena Época. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 WordSISE obra, y le fija la cantidad a pagar para la instalación del servicio solicitada, proporciona datos de facturación. Al respecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; en relación con la Jurisprudencia 2ª./J 30/2018 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante criterio de observancia obligatoria, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, que cuando se reclamen actos que guarden relación con contratos de suministro de energía eléctrica entre particulares y la Comisión Federal de Electricidad, las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de modo que dicha comisión no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. La jurisprudencia de aplicación, se encuentra divulgada en la página 632, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, registro digital 2016656, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Es oportuno citar de igual forma la siguiente tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal del país, publicada en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, registro digital 2019230, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En efecto del oficio de presupuesto reclamado se desprende que se pretende cobrar el importe de $9,771.84 (nueve mil setecientos setenta y un pesos 84/100 moneda nacional), para la procedencia de la ampliación del servicio de energía eléctrica que se presta en el domicilio de la impetrante; por tanto, corresponde a las partes involucradas, en la vía mercantil, dilucidar si el contrato de suministro celebrado con la paraestatal, contempla o no dicha posibilidad y, con base en ello, el Juez competente tendría que decidir si fue correcta o no tal actuación. Acorde a lo vertido con antelación, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo.

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