Mireya Aguirre Rivera
Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mireya Aguirre Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio de cuenta del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, a través del cual hace del conocimiento que dejó a disposición el expediente electrónico del juicio ordinario civil 16/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esa ciudad, con el objeto de que dirima el órgano jurisdiccional que debe prevalecer y continuar con el conocimiento del referido juicio ordinario civil del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal. Notifíquese
- Principal
Principal 750/2022-IV El once de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de quince días para que las partes se inconformaran contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por cumplido el fallo protector, transcurrió a la parte quejosa del veinte de diciembre al nueve de enero del presente año, sin que lo haya hecho así; 2. No existe parte tercera interesada; 3. No se solicitó la suspensión del acto reclamado; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; once de enero de dos mil veintitrés. Vistos; el estado que actualmente guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección mencionada para su depósito. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
AVISO: NOTIFICO POR LISTA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DETERMINÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Síndico Procurador y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria amparadora dictada en este sumario, exhibe el cheque 0000592, expedido a nombre de la parte quejosa Gasolinería Servicio Atoyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $1,303.20 (mil trescientos tres pesos 20/100 moneda nacional) y la póliza del mismo. En atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca el apoderado legal de la parte quejosa, ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con credencial de validez oficial vigente con fotografía y copia de la misma a efecto de recoger dicho título valor, por lo que deberá traer dos identificaciones oficiales a fin de que una sirva para su registro de entrada al edificio sede del Poder Judicial de la Federación y otra para identificarse en este órgano de control constitucional. Mientras tanto, guárdese el mismo en la caja de control de valores que se maneja en este tribunal federal, bajo la reserva del destino que le resulte, derivado de la determinación que respecto del título de crédito se ordene. Asimismo, se requiere al peticionario de amparo para que dentro del plazo TRES DÍAS que comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se acuda ante este juzgado federal a recoger el referido cheque, de conformidad con lo que establece el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si efectuó o no su cobro, y en su caso, exhiba la documental que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, en el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con lo informado por la autoridad responsable y las constancias que obran en este sumario, teniéndola por conforme con los actos realizados por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria, y por restituida a plenitud en el goce del derecho materia de la concesión. Lo anterior, pues es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados de manera indefinida, aunado a que, tanto este órgano jurisdiccional como la autoridad responsable han agotado las medidas para el acatamiento del fallo protector y en este punto sólo la parte quejosa sería omisa. Sirve de apoyo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, del rubro y texto literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. (Localizable en del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 2000, Tomo XI, página 243). Por otra parte, tomando en consideración que del historial de facturación que obra en autos se advierte que la Gasolinería Servicio Atoyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó diversos pagos por concepto de derecho de alumbrado público durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 192 último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero, para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten que ya se acató la ejecutoria de amparo emitida en este sumario, en su totalidad, esto es, exhiba un nuevo cheque a favor de la referida quejosa por la cantidad faltante que enteró por concepto de derecho de alumbrado público para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, para lo cual se le anexa copia del historial de facturación que obra en autos. En la inteligencia de que se les conmina para que de manera periódica informen los avances que se vayan materializando respecto a la expedición del cheque de mérito. Apercibidos que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. 2. Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable, las vinculadas y su superior jerárquico que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dichas autoridades que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a las autoridades requeridas que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, justifiquen la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a CFE Suministrador de Servicios Básicos, residente en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada de los historiales de facturación del que se adviertan los pagos que realizó la impetrante Gasolinería Servicio Atoyac, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público (OMRA); durante el año dos mil veintiuno, en relación al servicio número 323 970 100 532. Apercibida que de no hacerlo, en términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al valor diario a la fecha que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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