Miranda Yamilé Arriaga Núñez

Expediente 1156/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1156/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Miranda Yamilé Arriaga Núñez
  • Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • Miranda Yamilé Arriaga Núñez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo (destrucción principal). Ahora, con base en lo dispuesto en el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Valoración del incidente de suspensión. Con fundamento en los artículos 14 y 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión provisional, y la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia (depuración, incidente). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor trámite. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional, que los informe previos y justificados fueron enviados de manera electrónica al correo oficial de este juzgado federal. Sin embargo, manifiesta que de una revisión en su página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación no se aprecia que se haya emitido el acuerdo judicial correspondiente a dichos informe, lo cual solicita a este órgano jurisdiccional, tenga a bien emitir acuerdo judicial que conforme a derecho proceda y se surtan lo efectos legales a los que haya lugar, entendido al principio de seguridad jurídica. En atención a su contenido, sin que haya lugar a mayor tramite, toda vez que por auto de quince de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por licencia concedida a la titular de este órgano jurisdiccional por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio número 04447/2022, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/vmv

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Exhibe comprobantes de vacunación. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Liliana Núñez Saucedo, en representación de la menor de la menor de iniciales M.Y.A.N., a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de febrero del año en curso, y exhibe copia de los comprobantes de vacunación de la primera y segunda dosis de la vacuna COVID-19, aplicada a la citada menor. Sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito a lo anterior, es que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguientes: a). La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencia/de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir 30 de agosto de/este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas en esta ciudad de Morelia, Michoacán. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. En el caso, Liliana Núñez Saucedo, en representación de la menor de la menor de iniciales M.Y.A.N., promovió el juicio de amparo debido a que consideró que su menor hija se encontraba excluida del plan nacional de vacunación en contra del virus SARS-CoV2, y la aplicación de la vacuna Pfizer BioNTech. Bajo ese tamiz se tiene que la pretensión fundamental de la promovente de amparo es que a su menor hija le sea aplicada la vacuna Pfizer BioNTech, en contra del virus SARS-CoV2. Cabe mencionar que en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado el uso de las vacunas de Pfizer, Astra Zeneca, Sputnik V, Moderna, Cansino y Sinovac, contra la COVID-19. La distribución de las vacunas se rige por lo dispuesto en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México", publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación del biológico. El esquema de aplicación de las dosis es el siguiente: Vacuna (Farmaceutica) Nombre común Plataforma de diseño Dosis de esquema completo Tiempo entre dosis BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech) Pfizer ARNm 2 3 - 6 semanas AZD1222 (AstraZeneca/ Universidad de Oxford) Astra Vector viral no replicante 2 8 - 12 semanas Gam-COVID-Vac (Instituto Gamaleya) SputnikV Vector viral no replicante 2 3 - 12 semanas Ad5-nCoV (CanSino Biologics Inc) Cansino Vector viral no replicante 1 No aplica, el esquema se completa con una sola dosis CoronaVac (Sinovac Research and Development Co) Sinovac Virus inactivado 2 4 - 5 semanas En el caso, la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 ya ocurrió, lo cual pone de manifiesto que la pretensión constitucional de la parte quejosa quedó satisfecha en su totalidad, y por ende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior se encuentra corroborado con las documentales que la parte quejosa exhibió en esta fecha, de las que se advierte que el quince de diciembre de dos mil veintiuno y doce de enero de dos mil veintidós, se le aplicó a la menor quejoso la primera y segunda dosis de la vacuna aludida. Documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cabe destacar que los comprobantes de vacuna fueron exhibidos en copia simple; sin embargo, ello no les resta valor probatorio porque en el caso concreto, se parte del principio de buena fe procesal. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la parte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la parte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte diversa parte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico. Se cita por identidad jurídica sustancial el siguiente criterio: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico.". Aunado a lo anterior, también en el caso concreto, la copia simple de tal documento proveniente de las partes, constituye un indicio de la existencia del original, sin que exista objeción particularizada; por lo que esa copia simple allegada a juicio por las partes habrá de tenerse por reconocida, con las consecuencias legales que ello implica; por virtud del indicio que genera la aludida copia simple. Dicho de otra manera, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que le perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso; esto es, el reconocimiento de Liliana Nuñez Saucedo, en cuanto madre, respecto a la aplicación de dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 en beneficio de su menor hija de iniciales M.Y.A.N. Asimismo, por identidad jurídica sustancial se citan los siguientes criterios: "COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROVENIENTE DE LAS PARTES O DE TERCEROS. EFECTOS DE SU OBJECIÓN O FALTA DE OBJECIÓN. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242 del Código de Comercio, se exige que los documentos privados deberán presentarse a juicio en originales; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se presenten en copia simple, sólo merecen el valor de indicio. Ahora bien, los documentos allegados como prueba al juicio, pueden provenir de las partes o de terceros, origen que determina los efectos de su objeción para restarles valor en juicio. Así, el documento proveniente de tercero, exhibido en copia simple, no requiere ser objetado para restarle valor, porque corresponde al oferente del mismo su perfeccionamiento, que puede ser mediante el reconocimiento de quien lo elaboró, toda vez que el tercero no se compromete, pues no es parte, al no tener interés en el resultado de la contienda; y sólo tendría el carácter de coadyuvante sobre los hechos por él conocidos, plasmados en el documento de que se trate, por ser de su autoría. En tratándose de la copia simple de los documentos provenientes de las partes, por constituir un indicio de la existencia del original, corresponde a la contraria del oferente desvirtuar tal indicio, pues en este caso, opera la misma regla en que la ley establece la forma del reconocimiento, que puede ser expreso o tácito ya sea por la objeción genérica o individualizada o por la simple falta de objeción que produce el reconocimiento expreso, conforme a lo ordenado por el artículo 1296 del Código de Comercio, por lo que ante la falta de objeción particularizada de la copia simple que se allegue a juicio por una de las partes habrá de tenerlo por reconocido, con las consecuencias legales que ello implica; por virtud del indicio que genera la aludida copia simple.". "COPIAS SIMPLES. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. La copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que le perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso. En cambio esa copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la medida en que su contenido se corroborara o no con algunos otros indicios.". Las documentales aludidas, se encuentran agregadas al presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión de aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, quedaron sin efectos, al haber sido aplicada la primera y segunda dosis de la citada vacuna, como se advierte de las constancias, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por tanto, el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, y que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Acto seguido, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: 1. Que al rastrear la pieza de correspondencia acelerada "ESTAFETA" que contiene el oficio 36761/2021 a través de la página https://www.estafeta.com/Herramientas/ Rastreo, aparecen como se advierte en el siguiente cuadro: OFICIO Y AUTORIDAD RESPONSABLE NÚMERO RASTREO ESTAFETA Del informn OBSERVACIÓN 30761/2021 SECRETARÍA DE LA SALUD EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE MÉXICO. 0362718273 ENTREGADO EN 08 DE DICIEMBRE DE 2021 2. Que el término para que la autoridad responsable Secretaría de la Salud en representación del Presidente de la Republica, con residencia en la Ciudad de México, rinda su informe previo, que le fue solicitado, venció conforme con la siguiente tabla: AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICACIÓN VENCIÓ EL TERMINO 30761/2021 SECRETARÍA DE LA SALUD EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE MÉXICO. ENTREGADO EN 08 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE 2021 3. Que el plazo para que la parte quejosa, señalara la denominación correcta de la autoridad responsable Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, trascurrió conforme con la siguiente tabla: PARTES NOTIFICACIÓN auto de 12 de enero de 2022 VENCIÓ EL TERMINO QUEJOSA 19 DE ENERO DE 2022 DEL 21 AL 25 DE ENERO DE 2022 4. Que por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós se remitió el oficio 2153/2022 a la autoridad responsable Presidente del Consejo de Salubridad General en la Ciudad de México, al que se le adjuntó el diverso oficio 30766/2021 a fin de que sea debidamente notificada del auto dos de diciembre de dos mil veintiuno y esté en condiciones de rendir su informe previo, sin que obre constancia de acuse de recibido de dicha comunicación. 5. Que en los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, específicamente en esta misma fecha, se sobreseyó fuera de audiencia, virtud a que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Conste. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Copia de demanda; 2. Auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en que se concedió la suspensión provisional; 3). Informes previos rendidos por las autoridades responsables Secretaría de la Salud; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, todos con residencia en la Ciudad de México. Así mismo, la autoridad responsable Secretaría de la Salud en representación del Presidente de la Republica, con sede en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante encontrarse notificada del oficio por el cual se le requirió el mismo, pues de la certificación de cuenta se advierte que el comunicado 30761/2021, por medio del cual se le requirió para que lo rindiera, fue recibido el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte del acuse respectivo. LA JUEZ ACUERDA: Téngase efectuada la relación de constancias existentes en actuaciones y, por rindiendo los informes previos, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, en relación a la falta del informe previo rendido por la responsable Secretaría de la Salud en representación del Presidente de la Republica, con residencia en la Ciudad de México, se acordará lo conducente en el considerando respectivo. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto del auto de doce de enero del año en curso, en el que se le dio vista por el término de tres días, a efecto de que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, se tiene por inexistente a la citada autoridad responsable y se ordena suspender toda comunicación con la misma. Se comisiona al Analista Jurídico Sise, para que haga las anotaciones correspondientes. Asimismo, sin que obste a que en este acto se resuelva en definitiva la suspensión respecto de la autoridad responsable foránea, pese a que como se advierte de la certificación de cuenta, que por auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se remitió el oficio 2153/2022 a la autoridad responsable Presidente del Consejo de Salubridad General en la Ciudad de México, al que se le adjuntó el diverso oficio 30766/2021 a fin de que sea debidamente notificada del auto dos de diciembre de dos mil veintiuno y esté en condiciones de rendir su informe previo, sin que obre acuse de recibido de dicha comunicación, virtud a las consideraciones que se expondrán. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO, en el que el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa exhibió medios de prueba. LA JUEZ ACUERDA: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales anexas a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por rendidas desahogadas atento a su propia y especial naturaleza; y, a las demás partes, por omisas en ofrecer medios de convicción. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. A LO QUE SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a las partes por omisas en formular alegatos. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1156/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Liliana Núñez Saucedo, en representación de la menor de iniciales M.Y.A.N., promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 SECRETARÍA DE LA SALUD EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA . OMISA 2 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CIUDAD DE MÉXICO. NEGÓ 3 TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. NEGÓ 4 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. NEGÓ 5 TITULAR DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. INEXISTENTE 6 PRESIDENTE CONSEJERO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, CIUDAD DE MÉXICO. PIEZA DEVUELTA, NO SE HA RECIBIDO 7 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CIUDAD. RESUELTO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 8 SECRETARIA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. RESUELTO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 9 DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CIUDAD. RESUELTO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2021 ACTO RECLAMADO: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: a). La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencia/de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee, a partir 30 de agosto de/este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar que respecto a los niños de 12 a 18 años, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a la quejosa, con sus dos dosis, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio, o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e Internacional no admiten excepciones discriminatorias. b) La omisión de llamar, informar y/o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas en esta ciudad de Morelia, Michoacán. c) La discriminación sin sustento ante el derecho a la vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. d) Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etano determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDO. Mediante auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó abrir este incidente de suspensión, se proveyó respecto de la suspensión provisional y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 y 125 de la referida Ley de Amparo. SEGUNDO. Actos inexistentes. La autoridad responsable Secretaría de la Salud; Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, todos con residencia en la Ciudad de México al rendir sus informes previos negaron expresamente los actos reclamados. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsables Secretaría de la Salud en Representación del Presidente de la Republica, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante que se encontraba notificada del oficio por el cual se les requirió el mismo. Sin embargo, resulta innecesario analizar la existencia de los actos reclamados a la autoridades responsables foráneas, virtud a que como se analizará posteriormente, se ha aplicado la vacuna a la menor quejosa, y por ende han dejado de existir los actos de autoridad de los que se duele. TERCERO. Pretensión de la suspensión. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que ".se ordene a las responsables a la brevedad posible la inoculación inmediata a la misma, señalando día, lugar y hora en que deberá llevarse a cabo ella, con la vacuna Pfizer, única autorizada por la Comisión antes citada el día 24 de junio de 2021, para el grupo etano que conforma la menor quejosa.". Interés suspensional. Se tiene por acreditado el interés de la parte quejosa, con la documental que anexó a su escrito de demanda, consistente en el acta de nacimiento de la menor de iniciales M.Y.A.N., de la que se advierte que la promovente Liliana Núñez Saucedo, es la madre de la aludida menor quien a la fecha cuenta con la edad de once años. CUARTO. De la certificación de cuenta, se advierte que en los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, específicamente en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia, virtud a que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º. Lo anterior, en consecuencia a que Liliana Núñez Saucedo, autorizada de la parte quejosa manifestó que a la menor M.Y.A.N., exhibió los comprobantes de vacunación de la primera y segunda dosis de la vacuna COVID-19, aplicadas al citado menor. De lo cual, se considera que la concesión otorgada a la parte quejosa en auto de dos y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, relativo a la medida cautelar, quedó cumplimentada con la aplicación de las vacunas citadas a la menor quejosa. Toda vez que las mismas se concedieron para los siguientes efectos: a) Con relación a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dependientes de la Secretaría de Salud: Que dentro de su ámbito de facultades, lleven a cabo las acciones necesarias para la integración del menor quejoso a la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México". Asimismo, informen todas las medidas y los biológicos que están contemplados para aplicarles a los menores de doce a diecisiete años de edad. b) Con relación a todas las autoridades responsables: Previo consentimiento que por escrito presenten firmados cualquiera de los progenitores de la menor aquí quejosa, la canalicen a un centro de diagnóstico u hospital del sector público a efecto de que realicen los estudios correspondientes para determinar lo siguiente: Si es una persona que pueda ser vacunada o no. Si dicho biológico puede ayudarle a evitar que contraiga la enfermedad producida por SarsCov-2, con síntomas de gravedad. Si no pone en peligro su salud. De ser candidata a la aplicación de vacuna, sea considerada para recibirla en el próximo evento. En ese tenor, no existe materia sobre la cual se deba pronunciarse en esta resolución interlocutoria, respecto a dichas responsables, virtud a que como ya se estableció el menor en cita ya fue vacunada con las dos dosis de la vacuna COVID-19, y por lo tanto incluida de forma práctica en la política de vacunación respectiva. Por otra parte, en esta resolución se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Titular del comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, por lo que no queda de igual forma más que tener como inexistente el acto que se le reclama a la misma. Finalmente, no pasa inadvertido que el Presidente del Consejo de Salubridad General, no ha sido notificado del auto por medio del cual se le requirió su informe previo, sin embargo, dado el sentido de la presente resolución es que resulta innecesaria su notificación y su llamamiento al presente incidente, pues como se ha establecido, ya no existe materia sobre la cual se deba pronunciar esta resolución interlocutoria. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva, bajo los términos y consideraciones establecidas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

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