Miguel Soria Peña
Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Soria Peña
- Homero García Soria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión solicitada de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de disco compacto. En atención a que resulta innecesario conservar los discos compactos (CD) que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el acuse del oficio produce los mismos efectos. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe exhorto. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, devolviendo el exhorto 282/2022 (orden 712/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, ordenado en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, enviado para notificar a los quejosos Miguel Soria Peña, Homero García Soria, Alexis Omar Báez Santa Cruz, Rafael Pineda Zarco y José Juan Pineda Romero, la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el juicio de amparo en que se actúa, mismos que fueron notificados el diecisiete de noviembre del año en curso, de lo que este órgano jurisdiccional tomo conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin lugar acusar recibo, pues éste no fue solicitado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
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Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. 1. Razón actuarial. Vista la razón efectuada por el actuario judicial de la adscripción, el ocho de noviembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a los quejosos Miguel Soria Peña, Homero García Soria, Alexis Omar Báez Santa Cruz, Rafael Pineda Zarco y José Juan Pineda Romero, la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", fue informado por la Asesora Jurídica Adriana Zarco Rodríguez, que los quejosos fueron trasladados a Apatzingán. 1.2. Se gira exhorto. Con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Apatzingán, Michoacán, y notifique a los quejosos Miguel Soria Peña, Homero García Soria, Alexis Omar Báez Santa Cruz, Rafael Pineda Zarco y José Juan Pineda Romero, la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que en impresión con firmas electrónicas al efecto se acompaña. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez exhortado, para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles a efecto de que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada y en su caso reenvíe el exhorto a autoridad competente para su diligenciación; asimismo, se solicita de la manera más atenta, al órgano jurisdiccional auxiliar, devuelva la comunicación a la brevedad por la misma vía, adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación. Notifíquese personalmente a los quejosos a través de exhorto, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónica y físicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 968/2022, promovido por Martín Núñez Serrano, en cuanto defensor particular de los imputados MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO por alegando violación de los artículos 1, 19 y 20, apartados A, fracciones V y X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atribuida a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 357/2022, de veintiuno de agosto de dos mil veintidós. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse un auto de vinculación que tiene ejecución en esta ciudad. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Al efecto remitió dos discos DVD, que contienen la audiencia inicial de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, y continuación de la misma de veintiuno de ese mes, desahogadas dentro de la causa penal 357/2022, en que se vinculó a proceso a los aquí quejosos. Documental pública con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficio que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso no se observa causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En el asunto que se analiza, los quejosos tienen la calidad de imputados en una causa penal, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja en su favor, ante ello, este Juzgador de Distrito está obligado a analizar la constitucionalidad del acto reclamado, aún ante la falta de conceptos de violación. Sin embargo, en el caso, del análisis del acto reclamado no se advierte deficiencia que suplir en su beneficio. Previo al análisis de los conceptos de violación se destacan los datos que se obtienen de la reproducción de los discos compactos que remitió la autoridad responsable: En audiencia inicial desahogada a las dieciocho horas con veinte minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la modalidad de videoconferencia, dentro de la causa penal 357/2022, del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se hizo constar la presencia de los imputados MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO y ciento cincuenta y nueve más, así como del agente del Ministerio Público de la Federación. En dicha diligencia los aquí quejosos designaron como su defensor privado a Martín Nuñez Serrano, quien realizó la identificación correspondiente. La Jueza de Distrito explicó a los imputados los derechos que les asisten. Enseguida, otorgó el uso de la voz a la representación social, quien solicitó se calificara de legal la detención de MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, en términos de los dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política, 146, fracción I y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que fueron detenidos junto con diversas personas al estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. En relación a su detención informó que ello ocurrió el trece de agosto de dos mil veintidós, cuando elementos de la Guardia Nacional, fueron alertados por parte de C-5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad), de la presencia de sujetos armados que circulaban en veintiocho vehículos sobre diferentes brechas sobre la entrada del Conalep de Toreo el Alto, hacia Tiamba, en el municipio de Uruapan. A las trece horas con treinta y ocho minutos se tuvo contacto con veinticuatro vehículos en los que se trasladaban entre cinco o seis personas, que portaban armas de fuego, a quienes les ordenaron se detuvieran y descendieran para practicarles una inspección. En ese suceso se logró la detención de cientos sesenta y cuatro personas, entre ellas los aquí quejosos, ya que en los vehículos que se transportaban traían armas de fuego, cargadores y cartuchos, cuya posesión contempla la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La representación social describió los vehículos y el armamento asegurado en los mismos. La Juez otorgó el uso de la voz a la defensa particular quien realizó argumentos en los que indicó no encontrarse de acuerdo en cuanto al control de la detención que solicitó el fiscal federal. Efectuado el debate correspondiente, a las nueve horas del diecisiete de agosto del año en curso, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal calificó de legal de detención de los imputados, atendiendo a que de la narrativa de los hechos que expuso la fiscalía investigadora, se actualiza la hipótesis de flagrancia a que alude el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuando con su desahogo, el agente del Ministerio Público de la Federación, conforme a lo dispuesto por los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formuló imputación contra MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, por los hechos considerados como delitos de: Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, incisos c), f) y h), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con las agravantes contempladas en el artículo 83 penúltimo y último párrafos del mismo ordenamiento legal; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tipificado y penado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11 incisos c) y f), de la invocada ley armamentista; y posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y f), ambos de la legislación especial en comento. La imputación la sustentó en los datos de prueba siguientes: Informe Policial homologado de Homologado, en que ochenta elementos policíacos precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención del imputado. Tres dictámenes de tránsito terrestre de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, suscrito por los peritos Mauricio Aguilar Velazco, Román Calderón López y Víctor Manuel Carrillo Álvarez. Inspección de vehículos de fecha catorce de agosto de dos mil veintidós, realizada por Marco Antonio Caballero Vázquez elemento de la policía federal ministerial. Inspección del lugar de los hechos de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, que practicó Jorge Gaytán Jiménez elemento de la policía federal ministerial. Inspección de indicios asegurados de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós emitido por Tomas Clemente Noriega Razo. Inspecciones de objetos de quince de agosto de dos mil veintidós, realizado por los elemento de la Policía Federal Ministerial: Lilia Cedillo Terán, Tomas Clemente Noriega Razo, Marco Antonio Caballero Vázquez, Jovani Nava Manrique, Gamaliel Medina, Juan Carlos Cárdenas Mendoza, Omar Maldonado Susunaga, Ubaldo Cano Barajas, Luis Rahuel Bernal Delgado, Pedro Juan Sánchez Hernández y Erick Rafel Jacinto Zavaleta. Dictámenes en balística forense unos de quince y otros de dieciséis de agosto de dos mil veintidós suscritos por José Fernando González Duarte, Porfirio Moctezuma Sánchez, Pedro Baez Baez, Laura Estefanía Amezcua Rodríguez, Martha Lizbeth Núñez Cervantes, Gerardo Naranjo Chávez y Sara Luz Guerrero Martínez, en los que se determinó sobre la clasificación de los artefactos bélicos asegurados. Luego, la Jueza de Distrito responsable otorgó el uso de la voz a la defensa particular; asimismo, cuestionó a los ahora quejosos sobre si comprendían el hecho imputado, les otorgó la posibilidad de ejercer su derecho a declarar, manifestando no querer hacerlo en ese momento. Enseguida, se dio el uso de la voz al órgano acusador quien solicitó, con base en los hechos planteados y los datos de prueba revelados, se vinculara a proceso a los imputados por los hechos descritos. En ese momento, la juez hizo saber a los imputados su derecho a elegir el momento en que debería resolverse su situación jurídica, quienes solicitaron se resolviera en el plazo de seis días -ciento cuarenta y cuatro horas-; por lo que la responsable citó a las partes a las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil veintidós. En ese momento, la fiscalía solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa. La Jueza de Distrito decretó dicha medida cautelar, que dijo habrán que cumplir en el Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", ubicado en Charo Michoacán, con vigencia hasta que se resuelva su situación jurídica. La continuación de la audiencia dio inició a las diez horas con doce minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintidós -el personal del Centro de Justicia justificó la demora en su iniciación debido a cuestiones de logística y relacionadas con la defensa-. En dicha audiencia, la Jueza de Distrito hizo constar la presencia de los imputados MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, del agente del Ministerio Público de la Federación, y de la defensa particular -asistiendo a los quejosos el licenciado Martín Núñez Serrano-. Enseguida, la Jueza responsable otorgó el uso de la voz a la defensa, quien realizó manifestaciones a fin de desvirtuar lo aseverado en el informe policial homologado y datos de prueba que aportó el Ministerio Público. La Jueza cuestionó al Ministerio Público sobre las condiciones en que se localizaron los cartuchos y cargadores; en ese sentido, el fiscal, en cuando los cargadores localizados en el vehículo 15 en que se ubica a los imputados precisó que se encontraron desabastecidos. Cerrado el debate entre las partes, la Jueza de Distrito analizó los datos de prueba que aportó la Fiscalía Federal; destacó que de éstos se obtiene el conocimiento del aseguramiento de veinticuatro vehículos, de los cuales dos se encontraban blindados, uno blindado y rotulado y tres rotulados; uno de esos con la leyenda "Pueblos Unidos". Precisó encontrarse facultada para reclasificar la conducta sin variar los hechos, en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que determinó que en el particular el hecho que se imputa a los imputados es el de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no de portación de este tipo de armas, ya que los implicados iban a bordo de un vehículo pero no se estableció quién traía cada arma. Asimismo consideró acreditada la agravante de pandilla, que contempla el artículo 164 bis, del Código Penal Federal, de aplicación supletoria de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que los imputados transitaban en caravana, un vehículo tras otro, lo que les permitía observar la portación de armas por parte de los demás tripulantes de las unidades; asimismo indicó que tal criterio ya lo ha sostenido con anterioridad y fue respaldado por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca penal 106/2021. Destacó que en términos del artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y con base en ello, determinó que respecto de aquellos vehículos en los que el Ministerio Público no aportó el dato en torno a si los cartuchos se encontraban abasteciendo a los cargadores o si estaban desabastecidos, no podía sostener que fuera autónoma la posesión de los cartuchos y de los cargadores que se estableció fueron asegurados en los vehículos, por lo que ante la imprecisión del Ministerio Público procedía reclasificar la conducta para subsumir tales hechos a la conducta de posesión de cartuchos. Con base a la referencia de los datos de prueba estableció la coautoría de los imputados en los hechos con apariencia de delitos que se les atribuye, al tener en cuenta que se trasladaban veinticuatro vehículos en caravana, diecisiete de éstos tipo pick-up con personas armadas en la caja, lo que permitía a los demás involucrados percatarse a simple vista de ese hecho, además tomo referencia del hallazgo de chalecos tácticos, fornituras y el rótulo en una de las unidades, lo que dijo potencializa el bien jurídico que tutela la norma que es la seguridad de las personas. Enseguida al contestar a los motivos de disenso expuestos por la defensa particular indicó que la resolución se emitía con base en la referencia que arrojan los datos de prueba, sin que fuera posible su anulación con las manifestaciones que los pretende contradecir; indicó que la contradicción que ejerció la defensa en torno a la cadena de custodia, lugar del hallazgo, capacidad de quienes realizaron la pericial para clasificar las armas de fuego y los errores en los registros de éstas, no dan lugar a desvanecer la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público, ya que existen el dato del hallazgo de las armas y las inspecciones de éstas, por lo que los datos que se obtienen de la anunciación de las pruebas que realizó el representante social ponen de relieve a manera de probabilidad los hechos y esos datos son suficientes para vincular a proceso a los imputados -entre ellos el aquí quejoso-. Así, a las veintiuna horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de agosto del año en curso, la Jueza de Distrito dijo encontrar satisfecho el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos, en correspondencia con el numeral 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, para vincular a proceso a MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, por los hechos siguientes: Que el trece de agosto de dos mil veintidós a las doce horas con tres minutos aproximadamente elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil del Estado, recibieron por parte de C5 una alerta en las que les hacían del conocimiento que se encontraban circulando sobre diversas brechas del Municipio de Uruapan, Estado de Michoacán, específicamente en las inmediaciones del Conalep de Toreo el Alto, con dirección a Tiamba, un convoy de aproximadamente veintiocho vehículos con sujetos armados; motivo por el cual los elementos arribaron a dicho lugar. Que sobre una brecha de terracería que conduce de Toreo el Alto a Tiamba (a la altura de una huerta delimitada con una malla cliclónica) los elementos policiacos tuvieron contacto con un convoy de veinticuatro vehículos y con los altavoces oficiales ordenaron se detuvieran y descendieran de los mismos; procediendo a acercarse y a inspeccionarlos -enseguida narró la referencia a cada una de las unidades motrices localizadas y tripulantes de las mismas, así como el aseguramiento de las armas de fuego en su poder-. A los aquí quejosos MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO se les ubicó en la unidad que se identificó con número 15, correspondiente a una camioneta marca Ford, Expeditión, color guinda, con placas de circulación 911-XXF del Estado de Nevada, en Estados Unidos de América, quienes viajaban con una persona más de nombre Abel Soria Zamudio, en la que los elementos Enrique Ciprian Vidales, Jorge Murrieta Chacón y David Alejandro Saucedo localizaron los siguientes artefactos bélicos: -Arma de fuego larga tipo fusil, calibre 762x39, marca Norinco, modelo maskis poster, matrícula E9366339, con un cargador abastecido con treinta cartuchos útiles y con porta fusil; -Arma de fuego larga tipo fusil, calibre .223, marca palmeto, modelo PA-224, sin matrícula, con un cargador abastecido con treinta cartuchos útiles con porta fusil. -Arma de fuego larga tipo fusil, calibre .223, marca Colt, modelo M4 Caravine, sin matrícula, con un cargador abastecido con treinta cartuchos útiles con porta fusil. -Arma de fuego larga tipo fusil, calibre 7.62x39, marca no visible, modelo MDS, matrícula M004983, con un cargador abastecido con veintisiete cartuchos útiles con porta fusil. -Arma de fuego larga tipo fusil, calibre 7.62x39, Century Arms, modelo GP1975 Ex poster, matrícula 7001047, con un cargador abastecido con dieciséis cartuchos útiles y con porta fusil. -Arma de fuego larga tipo fusil, marca JD, modelo TR1, matricula 12980, con porta fusil, con un cargador con veintinueve cartuchos útiles. -Arma de fuego tipo revolver, color metálico con cacha de color negro, marca Smith and Wesson, calibre .45, con número de serie M822520, modelo 25-5. -Ocho cargadores metálicos desabastecidos para cartuchos de calibre .223. -Diez cargadores de plástico desabastecidos para cartuchos de calibre 7.62x39. -Cuatrocientos cartuchos calibre 5.56 (al parecer útiles). -Doscientos ochenta cartuchos calibre 7.62x39 (al parecer útiles). Además, de asegurarles cuatro chalecos tácticos. Por lo anterior, dictó auto de vinculación a proceso en contra de MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO -y demás implicados- por los hechos que la ley señala como delitos de: Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 bis, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante prevista en el artículo 164 Bis, del Código Penal Federal. Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tipificado y penado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11 incisos c) y f), de la invocada ley armamentista. Posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y f), ambos de la legislación especial en comento. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En sus conceptos de violación el defensor particular de los quejosos esencialmente sostiene: -Que la autoridad responsable vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica y las formalidades del procedimiento que recogen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política. -Se violó en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 19, 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Política, y 1 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales por indebida e inexacta aplicación de la ley, además de que no se dictó en concordancia con el acervo probatorio. -La Juez responsable emprendió un análisis de la valoración de la prueba y realizó un control de credibilidad subjetivo y objetivo, sin tomar en cuenta que el informe policial homologado debe ser congruente interna y externamente, no ser contradictorio, ni ir contra los principios lógicos, además de corroborarse con el resto de las pruebas, lo que no ocurrió en el caso, ya que del mismo se advierten contradicciones sustanciales, que ponen en duda su dicho y perjudican su credibilidad, aunado a que sus suscriptores nunca lo ratificaron ante la fiscalía, por lo que el ejercicio que realizó sobre la valoración de la prueba es inadecuado y debió negarle valor probatorio. -Sostiene la existencia de contradicciones porque del informe policial homologado se señala que los agentes aprehensores Enrique Ciprian Vidales y Jorge Murrieta Chacón también revisaron el vehículo 4, en el que iban otros imputados; y que elemento David Alejandro Saucedo participó en el aseguramiento de las armas de fuego y personas que tripulaban el vehículo 5; por lo que, considera resulta humanamente imposible que a la vez participaran en la revisión y aseguramiento y detención del imputado, a quien se ubica en el vehículo 15, puesto que no podían estar en dos lugares al mismo momento. Ante ello, refiere que carece de credibilidad, y se le debió negar valor probatorio, pues tales contradicciones debieron crear una duda razonable, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción III y VIII, de la Constitución Política y 359 del Código Nacional de Procedimientos penales; y que al ser la prueba principal de la fiscalía las demás carecen de valor jurídico, por lo que debió decretar auto de no vinculación a proceso ante la prueba insuficiente sobre la participación de los imputados. -Que la Jueza arrojó la carga de la prueba de justificar la inexistencia del hecho atribuido, lo cual es equivocado ya que no puede basar el auto de vinculación en apreciaciones de carácter subjetivo, pues ello está prohibido en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales; además de que no se encuentra obligado a probar su inocencia contra indicios que no se desprenden de las pruebas, puesto que correspondía al Ministerio Público la carga de la prueba en relación a la existencia del delito y la probabilidad penal del imputado. -La resolución reclamada vulnera el principio in dubio pro reo y de presunción de inocencia, puesto que para determinar la intervención de los imputados en la comisión del delictivo fue más allá de lo que aconteció en la audiencia inicial, relevando la obligación del fiscal, y que las pruebas no generaron plena convicción, más allá de la duda razonable para emitir el auto de vinculación a proceso. Lo anterior es infundado. Primeramente, es de mencionar, que el artículo 1º de la Constitución Política estatuye el principio pro homine o pro persona, conforme al cual es deber de las autoridades interpretar las normas de derechos humanos de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, no implica desatender a las reglas que establece el procedimiento penal acusatorio para la emisión de un auto de vinculación a proceso. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución que son del tenor siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El primero de los numerales transcritos autoriza la emisión de actos privados a través del cumplimiento de determinados requisitos como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado; además contempla el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, que impide a los juzgadores acudir a la analogía o a la mayoría de razón como medios para establecer el alcance o la aplicabilidad de la norma en los asuntos criminales; por lo que, la acción u omisión reprochada debe estar expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su comisión, salvo que los elementos de tal ilícito se ajusten a una nueva descripción legal que resulte más favorable al delincuente. Por su parte, el segundo de los citados artículos -16 Constitucional- regula los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento de autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. En tanto, el auto de vinculación a proceso se regula en los artículos 19 y 20 Constitucionales, preceptos que en la parte que interesa disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ." El primero de dichos numerales contiene los requisitos mínimos que debe reunir todo mandamiento de autoridad restrictivo de libertad, atento a ello, la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto. Por su parte, el artículo 20 párrafo primero instituye que el proceso penal debe ser acusatorio, adversarial y oral; asimismo, establece los principios rectores de este procedimiento, a saber, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; y, los principios generales a que debe sujetarse el operador de justicia. Aunado a tales preceptos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos que han de observarse para emitir un auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran previstos por su ordinal 316 que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la lectura de los numerales 19 Constitucional y 316 del código adjetivo, antes transcritos, se obtiene que para la emisión de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse ciertos requisitos, a saber: Se dicte en el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, a partir de que el imputado sea puesto a disposición; y, por los hechos materia de la formulación de la imputación. Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Precisar la conducta típica que se reprocha al imputado, y establecer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación a esto último, es de mencionar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y en su conjunto, la probable intervención del imputado en el hecho delictivo, sin que sea exigible al Juez de Control acreditar los elementos del cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) ni la probable responsabilidad del autor en su perpetración, en razón de que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme a lo dispuesto por los preceptos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se necesita que existan datos que permitan evidenciar la presencia de un hecho que esté señalado por la ley como delito y que dichos datos permitan establecer a título de probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su perpetración, aunado a que el estándar probatorio en el sistema penal adversarial es mínimo y al momento de emitir una determinación de vinculación a proceso no se requiere de prueba plena, lo que en todo caso sería materia en la etapa de juicio oral, dado que el aludido fallo en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aunado a lo anterior, al tratarse el auto de vinculación a proceso de un acto de autoridad debe respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, que contempla la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en los que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su perpetración. De la apreciación del audio y videograbación de la resolución reclamada se advierte que a los quejosos les fue resuelta la situación jurídica dentro del plazo que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que solicitaron que la misma le fuera resuelta dentro de seis días -ciento cuarenta y cuatro horas-. La resolución reclamada se dictó por los hechos materia de la formulación de la imputación; para lo cual realizó una exposición detallada del hecho fáctico y expuso los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. En esta parte cabe indicar que la juzgadora se encontraba en condiciones de realizar la reclasificación del hecho ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, para establecerlo como acopio de ese tipo de armas, ya que así lo permite el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo como limitante los hechos materia de la imputación; y en el caso, se realizó dicha clasificación sin variar las circunstancias narradas por la fiscalía en torno al hecho atribuido. A los imputados se les dio oportunidad de declarar, sin embargo refirieron su deseo de no querer hacerlo durante el desahogo de la audiencia inicial. Así, adverso a lo que señala la parte quejosa, tal como lo apreció la jueza responsable, de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se obtienen indicios razonables de que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, pues se cuenta con el informe policial homologado suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil del Estado, en que se expusieron las circunstancias en que sucedió el evento, que concatenado a la evidencia del material bélico, inspecciones de vehículos, artefactos y objetos, así como los dictámenes que arrojaron su calibre y clasificación, resultan suficientes para el dictado del auto de vinculación a proceso. En el caso, la Jueza de Distrito tomó en consideración y evaluó los datos de prueba que relató el fiscal investigador como sustento de la imputación formulada, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos probatorios, con lo cual cumplió con lo establecido en los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del juzgador para asignar el valor a los datos de prueba de manera libre y lógica, cuando sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Con base en ello, acertadamente consideró cumplidos los requisitos legales, y por tanto dictó auto de vinculación a proceso en contra de MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 bis, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la agravante prevista en el artículo 164 Bis, del Código Penal Federal; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tipificado y penado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11 incisos c) y f), de la invocada ley armamentista; y, posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y f), ambos de la legislación especial en comento. En relación a la agravante de haberse cometido en pandilla, que prevé el artículo 164 Bis, del Código Penal Federal, se considera correcta su aplicación, ya que, tal como lo dijo la responsable fueron más de tres personas las que fueron aseguradas cuando transitaban en caravana, lo que hace patente que éstos se encontraban reunidos, sin advertirse que estuvieran organizados con fines delictivos. Ahora bien, atendiendo a la descripción legal en que se encuadraron los hechos con apariencia de delito, tenemos que los elementos estructurales del hecho que la ley señala como delito de acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, son: La existencia de más de cinco armas de fuego de las clasificadas como de aquellas que se destinan para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, mencionadas en los incisos c), del artículo 11 de la Ley de la Materia. Que "alguien" posea dichos artefactos bélicos -manteniéndolos dentro de su ámbito de disponibilidad-. Que realice tal conducta sin pertenecer a alguno de los Institutos Armados del País o sin el permiso correspondiente. En tanto, los elementos objetivos y externos del hecho que la ley señala como delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y posesión de cargadores de la misma exclusividad son: a) La existencia física de cartuchos y cargadores para las armas de fuego consideradas como del uso exclusivo de las fuerzas armadas del País; b) Una persona que mantenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad dichos cartuchos y cargadores; y, c) La realización del acto reprobado por la ley, sin ser miembro de las fuerzas armadas del país o sin contar con el permiso correspondiente. Tal referencia se realiza únicamente para confrontar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, con base en los que se emitió el auto de vinculación a proceso, y la correspondencia de los mismos al hecho que la ley señala como delito; sin embargo, en esta etapa del juicio oral no es necesario acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, sino que basta encuadrar la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar los motivos e identificar las razones que llevaron a la jueza de Distrito a determinar el tipo penal aplicable. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En ese tenor, se establece que la decisión de la Juez de Distrito fue correcta pues en el caso de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establecen que se cometieron los hechos reprobables antes mencionados, y hacen patente la probabilidad de que los imputados intervinieron en su comisión. Así, se converge con lo determinado por la juez responsable ya que analizados los datos de prueba que relató la parte acusadora en la audiencia inicial, es posible advertir las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos delictivos, conforme a la narrativa de los mismos que estableció dicha autoridad. En este sentido, cabe señalar que la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, realizar una ponderación formal y material de las actuaciones de la autoridad responsable, sin poder substituirlo en la valoración de los datos de prueba pues ello se circunscribe al principio de inmediación que sólo el juez de primera instancia puede verificar, empero, en tal ponderación si puede determinarse si la actuación del juzgador se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, así como la razonabilidad de los argumentos que en su caso haya expuesto para resolver determinada cuestión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Entonces, lo asentado permite establecer, que como acertadamente lo sostuvo la jueza responsable, los datos de prueba aportados por el representante social, acreditan la realización de los hechos que la ley señala como delitos por los que se dictó el auto de vinculación a proceso. En efecto, la realización de los hechos quedó acreditada puesto que de los indicios que arrojan los datos de prueba que relató la representación social permiten sostener que los imputados tuvieron dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata las armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aéres; así mismo, dentro de su alcance y disposición los cargadores y cartuchos del uso restringido para las fuerzas armadas del país. Conductas realizadas sin pertenecer a esos institutos armados, ni contar con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, debemos tomar en consideración que en esta etapa del juicio, la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo, y que para el dictado del auto de vinculación basta que los datos de prueba arrojen la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, pues tal determinación sólo fija la materia de la investigación y el eventual juicio. De igual forma, como lo sostuvo la Jueza responsable se acredita la participación de los quejosos como coautores del delito, en términos del artículo 13 fracción III del Código Penal Federal, pues de conformidad con la mecánica del evento se pone de manifiesto que los imputados de manera conjunta exteriorizaron su resolución de poseer los artefactos bélicos. Así, analizando la legalidad de las razones que dio la Juez responsable, se concluye que fue acertada la determinación tomada con base en los datos que aportó el Ministerio Público -que quedaron precisos con antelación-, pues con éstos es posible determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que los quejosos los cometieron. De ahí que, no se comparte el argumento del promovente del amparo cuando indica que la Jueza realizó un control de credibilidad subjetivo y objetivo, sin tomar en cuenta que el informe policial homologado debe ser congruente interna y externamente; puesto que, como se ha dicho, en esta etapa del juicio oral, únicamente se señalan los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso, con un estándar probatorio mínimo. Además, el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, confiere al juzgador la facultad de asignar con base en su prudente arbitrio el valor que corresponde a cada prueba, de manera libre y lógica, exponiendo las razones de ello, y en el caso la ponderación que realizó la juzgadora de los datos de prueba se considera acertada, pues de dicho informe se obtienen los pormenores en que se aseguró a los implicados y artefactos que poseían. Además, en cuanto a la falta de ratificación de dicho informe por parte de sus suscriptores que hace valer, es de mencionar que hasta este momento no se exige tal actuación, en todo caso, será motivo de análisis en la etapa de juicio, en que se valoran los datos, como medios de prueba, momento en que se exigirá de la existencia de pruebas plenas para sostener la culpabilidad de los imputados. En relación a las contradicciones que sostiene se contienen en el informe policial homologado, es de mencionar que no es posible a través de este amparo efectuar su análisis, pues ello sería sustituir la función encomendada al juez de instancia, lo que no está permitido; resultando por tanto incorrecta su apreciación cuando indica que existió indebida valoración de la prueba, puesto que analizando los datos aportados por el Ministerio Público y las razones que dio la Jueza de Distrito, se concluye que fue acertada la determinación tomada, ya que la información que se obtiene del mismo permite determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que los quejosos participaron en su comisión. En tanto que, las inconsistencias que refiere no son contundentes para contrarestar los indicios que se obtienen de dicho datos de prueba; a más de que lo indicado en cuanto a la imposibilidad de que los elementos aprehensores hayan realizado la inspección de diversas unidades y el aseguramiento de otros implicados, se trata de una apreciación subjetiva de quien la invoca, sin embargo, se requiere de la demostración de ello para demeritar su alcance. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Conforme a lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, se evidencia que al emitir el auto de vinculación a proceso la Jueza de Distrito no vulneró los derechos fundamentales de legalidad y seguridad, ni las formalidades esenciales del procedimiento, que se contienen en nuestra Carta Magna; tampoco se advierte la aplicación inexacta de la ley, como lo pretende hacer notar, puesto que en la resolución emitida se atendieron las disposiciones que establece la legislación nacional penal, así como la ley armamentista para efectuar encuadrar los hechos al tipo penal que contempla acorde a la conducta atribuida y al calibre de las armas. Por otra parte, resulta desacertada la manifestación de la parte quejosa cuando indica que la Jueza indebidamente arrojó la carga de la prueba de justificar la inexistencia del hecho atribuido; en efecto, tal carga probatoria corresponde al Agente del Ministerio Público, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal. En el particular, la responsable para vincular a proceso a los imputados atendió a los datos de prueba que anunció la representación social, y los indicios que arrojaron resultan suficientes en esta etapa del proceso para arribar a dicha determinación. Por tanto, al haber cumplido la fiscalía con la carga de la prueba, contrario a lo que aduce, la determinación reclamada, no vulnera el principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 20, inciso B, fracción I, de la Constitución Política, ni el principio in dubio pro reo que forma parte de ese derecho fundamental. Además, recordemos que para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio. De ahí que, en este momento no hay base para dudar de la veracidad de lo que se asienta en el informe policial homologado, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, sino únicamente datos que establezcan el delito que se imputa, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que exista probabilidad de que aquellos lo cometieron o participaron en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que se arriba a la conclusión que correctamente la Juez de Distrito responsable dictó auto de vinculación a proceso al determinar la comisión de los hechos con apariencia de delitos, así como la presunción de que los aquí quejosos los cometieron. Es aplicable al particular, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de voz y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." Debiendo destacarse que el auto de vinculación a proceso, no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una litis determinada; es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción. Dicho de otro modo, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la Fiscalía, dentro del plazo que fijó la Juez de Distrito. Por otra parte, la Jueza responsable a solicitud de la representación social, reiteró la prisión preventiva decretada contra los imputados MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, como medida cautelar. Se estima apegado a derecho, ya que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución, en vinculación con el artículo 167 tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se trata de delitos de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues se les imputan delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Finalmente, la Juez de Distrito atendiendo a la petición formulada por la defensa de los imputados determinó procedente otorgar el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, no los cuatro meses que solicitaba el representante social; sin que ello genere vulneración a los derechos de los impetrantes, dado que se sujeta a lo establecido en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por los motivos expuestos, se determina que el proceder de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no conculca derechos fundamentales de los quejosos MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, de ahí lo infundado de los conceptos de violación formulados. Por tanto, al no advertir deficiencia que suplir en favor del quejoso, lo procedente es NEGAR A LOS QUEJOSOS EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MIGUEL SORIA PEÑA, HOMERO GARCÍA SORIA, ALEXIS OMAR BÁEZ SANTA CRUZ, RAFAEL PINEDA ZARCO y JOSÉ JUAN PINEDA ROMERO, por las razones dadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por medio de lista que se publique en el portal del Poder Judicial de la Federación; y personalmente a los quejosos en el lugar en que guardan prisión preventiva oficiosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
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