Minerva Leticia Montijo Cervantes
Expediente 916/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
- Minerva Leticia Montijo Cervantes
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, que remite electrónicamente personal adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual informa que por auto de veintidós de julio del año en curso, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia por razón de territorio declinada por este juzgador en el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, y se avocó al conocimiento radicándolo con el número de expediente ********************. Archivo y valoración del expediente. Con independencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se ordena al archivo definitivo este asunto y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Cumplen requerimiento. Agréguese a los autos el escrito presentado por Minerva Leticia Montijo Cervantes, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de doce de los actuales, para lo cual precisa su domicilio que habita, siendo en calle Rinconada del Sahuán número 1009, Fraccionamiento Villa Bonita, de Ciudad Obregón, Sonora; en consecuencia, se provee lo siguiente: 2. Incompetencia por razón de territorio. Con independencia de lo anterior, una vez analizada la demanda presentada por la parte quejosa Minerva Leticia Montijo Cervantes, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. En efecto, de la demanda de derechos, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de la demanda de garantías. Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Con motivo de la aplicación a la quejosa del descuento mensual del 4% a su pensión como pensionada por concepto de servicio médico, de acuerdo a la documental que exhibe en el escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que tiene su domicilio en calle Rinconada del Sahuán número 1009, Fraccionamiento Villa Bonita, de Ciudad Obregón, Sonora. En esa tesitura, este juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio de la contribuyente determina el lugar de ejecución del acto de aplicación y produce sus consecuencias, por ser éste el lugar en el que cobra y disfruta su pensión; y, en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en aquel lugar. Resulta aplicable por las razones que la informan, jurisprudencia número TC054010. 10ª. AD5 (J/11), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, aprobada en sesión plenaria de treinta y uno de julio de dos mil quince, con número de registro digital 2009951, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. LA CREDENCIAL QUE ACREDITA AL QUEJOSO COMO PENSIONADO RESULTA APTA PARA DETERMINARLA. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Asimismo, la credencial que acredita al quejoso como pensionado, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, resulta apta para determinar el domicilio de aquél para efectos del cobro de su pensión, y para establecer, con base en ella, salvo prueba en contrario, el juzgado competente para conocer del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios del Estado de Sonora, siempre que dicha credencial se encuentre vigente, tomando en cuenta que es apta, para legitimar al titular del derecho para efectuar el cobro de sus pensiones, por lo cual deben presumirse ciertos los datos en ella contenidos, vinculados precisamente con el derecho involucrado.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia Administrativa V.2o.P.A. J/1 (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1630 con número de registro digital 2009952, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el juicio de amparo se reclame el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, atribuido al director general de dicho organismo por el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", ese acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desarrolla en su domicilio, y será éste el lugar en que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que, al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuente el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.". En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente por territorio para conocer de la demanda que se atiende y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con residencia en Ciudad Obregón, a quien deberá remitirse la misma, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. En consecuencia, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de demanda de amparo promovida por Minerva Leticia Montijo Cervantes, por su propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Prevención de la demanda. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, conforme a lo establecido en las fracciones II y V, del artículo 108, en relación con la fracción II, del numeral 1114, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, precise bajo protesta de decir verdad, cuál es su domicilio particular cierto y correcto en el que habita. Lo anterior, en virtud de que en el ocurso que se atiende se advierte que refiere como domicilio fiscal el ubicado en Rincón del Sahuán número 1009, Fraccionamiento Villa Bonita, en Hermosillo, Sonora; sin embargo, de la documental que acompaña a su demanda, consistente en la tarjeta de afiliación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se advierte ese propio domicilio (calle, número y colonia), pero en la localidad de Ciudad Obregón, Sonora. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de emitir pronunciamiento en relación con la competencia de este órgano de control constitucional en el presente asunto. Se advierte a la parte promovente, de las penas a que se hacen acreedores quienes promuevan demanda de amparo y afirmen hechos falsos o se omitan aquellos que les consten, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido que, en el supuesto de que se aclare su demanda en forma física, deberá exhibir copias de su escrito aclaratorio, como lo previene el numeral 110 de la Ley de Amparo. Apercíbase a la parte promovente que, en caso de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de la promovente para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Autorizado. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "CARLOSHADAD" para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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