MineraTlali, S. A. P. I de C.V.

Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
907/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • MineraTlali, S. A. P. I de C.V.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la juez del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, mediante el cual informa que por auto de veintiocho de junio del año en curso, aceptó la incompetencia propuesta por este juzgador en el juicio de amparo 907/2023-A-III, del índice de este juzgado, radicándolo con el número de expediente 206/2023. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, iniciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este cuadernillo es destruible, a partir del término de seis meses de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Vista la demanda presentada por Paola Salgado Tonda, quien se ostenta como representante de Minera Tlali, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, contra los actos que reclama a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. Se considera necesario señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 40/2000 cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo ." En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada - amparo indirecto y directo-); Auxiliar; y, Concurrente. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso interesa destacar el referente a la competencia por territorio; por tal motivo, se considera necesario puntualizar que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia" Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo que, en principio, debe calificarse a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución, la que se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar donde deba efectuarse. En ese sentido, existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.15o.A.41 K, sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo del dos mil once, página 2288, con número de registro 162635, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo en relación a los actos indicados, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese sentido, tomando en consideración los actos que por esta vía se reclaman, se tiene que para efectos de fijar la competencia entre los Jueces de Distrito debe atenderse, al lugar de la ejecución del acto atribuido a las autoridades responsables. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en junio d 1995, tomo I, página 107, que señala: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Así, de la revisión practicada al escrito inicial de demanda, se advierte que la promovente adjuntó copias certificadas de los "Títulos de Concesiones Mineras" todas ubicadas en el municipio de Cananea, Sonora, y se encuentran inscritas a favor de la Minera Tlali, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. De ahí resulta patente, que el sitio donde operan conforme a la concesiones otorgadas a la referida minera y, por ende, donde tendrá su aplicación la norma reclamada, se encuentra ubicado en el municipio de Cananea, Sonora. Por lo que, este Juzgado concluye que los actos aquí reclamados deben tener ejecución material fuera del lugar en el que ejerce jurisdicción este órgano y en tal virtud, es que carece de competencia para conocer del presente asunto. Ello así, pues la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión debe fincarse a favor del juez del lugar en que se materializa el acto, esto es, donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico, lo que se advierte que es donde desempeña las actividades mineras conforme a su títulos de concesiones inscritas en favor de la citada moral minera, se concluye que es en dicha demarcación territorial en donde tiene o tendrá aplicación la norma reclamada. Pues en el caso, los artículos tildados de inconstitucionales, regulan el otorgamiento de las concesiones mineras, y en el caso, al ser él, concesionario de ellas, considera que dichas normas le pueden causar perjuicio; sin embargo, de ser el caso, esto repercutiría sobre los títulos de concesiones con las que actualmente cuenta; empero, éste tiene y surte sus efectos legales en el municipio de Cananea, Sonora. Para mayor claridad, del contenido de la demanda los actos reclamados por el promovente se hizo consistir en todos los efectos del decreto de las disposiciones de la Ley general del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, así como lo relativo a las disposiciones de la Ley Minera, ahora "Ley de Minería", contenido de los artículos impugnados por la parte quejosa, los cuales son del tenor literal siguiente: Cabe señalar que la promovente en representación de Minera Tlali, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, "bajo protesta de decir verdad" manifestó que cuenta con los títulos de concesiones respecto de las minas las cuales se encuentran ubicadas en Cananea, Sonora, y se encuentra inscritas ante el Registro Público de Mineria en favor de la citada minera; y, que la entrada en vigor del decreto impugnado, le causa agravio porque técnicamente, modifica la forma en que se otorgarán las concesiones mineras, aunado a que disminuye de cincuenta a treinta años la vigencia de las concesiones de esa naturaleza, aunado a que a su consideración, las normas reclamadas dan un trato discriminatorio entre las entidades paraestatales, frente al sector privado. Por tanto, este órgano concluye que los actos en estudio tienen principios de ejecución y que, de ser el caso, sus consecuencias jurídicas tendrán lugar en territorio distinto al que esta autoridad ejerce jurisdicción, esto es Cananea, Sonora, se insiste, porque es ahí donde se encuentran el lugar para la explotación minera derivados de los títulos de concesiones. En ese sentido, este Juzgado Federal carece de competencia por razón de territorio para resolver el juicio de amparo en comento, en virtud de que los actos reclamados consistentes en los artículos 13, 13 Bis, 14 Bis, 15, 15 Bis, Quinto y Décimo Transitorios del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua." publicado en el diario oficial de la federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, tienen ejecución material en lugar distinto al lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a. 11 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, publicada en la página setenta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 19-21, Julio-Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo rubro y texto son: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Asimismo por identidad de razón la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de la Décima Época publicada en la página novecientos noventa y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro veinte, del mes de julio de dos mil quince, tomo II, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa." Por tanto, los actos reclamados tienen ejecución material en lugar distinto al que ejerce jurisdicción este órgano; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y acorde con lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado declara carecer de competencia constitucional y legal por razón de territorio. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Bajo esa óptica, dicho acto actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo vigente, por tratarse de actos que tendrán ejecución en lugar distinto al que este órgano ejerce jurisdicción, pues de la demanda de amparo no se advierte alguna otra circunstancia que permita fincar la competencia de este juzgado de Distrito para su conocimiento. De ahí que se concluya que esta juzgadora es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, y corresponde su conocimiento al homólogo con residencia en Agua Prieta, Sonora. En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda que se atiende y declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, en turno, con sede en Agua Prieta, a quien deberá remitirse la misma, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. 3. Domicilio. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto no cumplan con dicho requisito, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo,5 se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la promovente y mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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