Minerva Irene Sabido García
Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Minerva Irene Sabido García
- E.O. V. S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el tres de junio de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 363/2021-II-A, promovido por Minerva Irene Sabido García, tutora legítima del menor de edad de iniciales E.O.V.S., contra el acto que reclama al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció Minerva Irene Sabido García, tutora legítima del menor de edad de iniciales E.O.V.S., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 363/2021-II-A; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; todo lo cual se hizo en sus términos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se desecha ampliación de demanda. Por auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de la quejosa mediante el cual intentaba ampliar su demanda; sin embargo, no se admitió el mismo, al considerarse que no tenía estrecha relación con el acto originalmente reclamado, ya que no era una consecuencia de éste, pues había sido dictado con motivo de una nueva solicitud que le hizo la aquí quejosa a la responsable con posterioridad al acuerdo dictado el tres de febrero del año en curso. Sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, dicho escrito de ampliación se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, a fin de que fuese turnado como demanda nueva. CUARTO. Requerimiento de constancias. Por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera las constancias del juicio de origen en relación con el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ya que podía actualizarse una causal de improcedencia; motivo por el cual, para dar margen a lo anterior, en auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de haber decretado en el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1115/2015, relativo al procedimiento ordinario familiar, promovido por Minerva Irene Sabido García, en contra de la sucesión testamentaria de Manuel Enrique Vera Azar, respecto al pago de los alimentos retroactivos a favor del menor. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 2000, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente y aun de oficio por ser ésta una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Establecido lo anterior, debe destacarse que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Que Minerva Irene Sabido García, en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S., en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, promovió juicio ordinario familiar en contra de la sucesión de Manuel Enrique Vera Azar, representada por Patricia González Gómez, de quien reclamó diversas prestaciones. 2. Por auto de treinta de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número de expediente 1115/2015. 3. Seguida la secuela procesal, en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable dictó sentencia en dicho juicio, en la que determinó que había procedido la acción; declaró inoficioso el testamento público abierto otorgado por Manuel Enrique Vera Azar; determinó que no había lugar a dejar sin efecto el testamento antes referido; y fijó como pensión alimenticia a cargo de la sucesión del extinto Vera Azar, representada por Patricia González Gómez, y a favor del menor de identidad reservada E.O.V.S., la cantidad líquida mensual que resultare del veinticinco por ciento de los productos o rentas que generaran la masa hereditaria, esto es, los bienes que habían sido adjudicados a la indicada González Gómez, por la cantidad de $2,541,180.00 (dos millones quinientos cuarenta y un mil ciento ochenta pesos), pensión que debía ser cubierta los primeros cinco días de cada mes. 4. Con motivo de la interposición de diversos juicios de amparo del índice de este juzgado de Distrito (809/2019-IV-A, 1667/2019-V-B y 650/2020-III-B), el juez responsable a fin de estar en posibilidades de establecer una cantidad líquida como pensión alimenticia en relación a los productos o rentas que se generaren de los bienes que conformaban la masa hereditaria, por auto de trece de febrero de dos mil veinte, requirió a la Administración General de Servicios al Contribuyente y a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán Uno, ambas del Servicio de Administración Tributaria, y a la Dirección de Protección de Riesgos Sanitario de la Secretaría de Salud, para que informaran si Manuel Enrique Vera Azar se encontraba registrado como contribuyente, el régimen, la actividad económica y las declaraciones que por concepto de ingresos hubiese reportado (las dos primeras autoridades), y los datos de denominación o razón social que obraran en sus registros respecto de las negociaciones "La Bombilla" y "La Macrobombilla", a la última autoridad. 5. Igualmente, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Juez responsable previno a las partes para que designaran un perito, a fin de que acreditado el valor de los inmuebles pudiera determinarse fácticamente el beneficio que como producto les correspondía, y así establecer una cantidad líquida que por concepto de pensión alimenticia correspondía al menor. 6. Por proveído de trece de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la información solicitada a la Administración General de Servicios al Contribuyente y a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán Uno, ambas del Servicio de Administración Tributaria, advirtiéndose de los respectivos oficios que remitieron, que el estatus en el padrón de la persona buscada, era suspendido, y que no se había localizado información. 7. Mediante auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, el juez responsable tuvo por recibida la información que solicitó a la Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, advirtiéndose que los folios de determinación sanitaria tenían vigencia al siete de diciembre y diez de agosto, ambos de dos mil veinte. 8. Una vez recibida la información requerida y desahogas los peritajes ordenados por el Juez responsable, en auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se pronunció respecto a la pensión que correspondía al menor involucrado, la cual fijó en ochenta y ocho mil pesos moneda nacional en atención al dictamen del perito tercero. 9. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juez responsable, en atención a los escritos de la quejosa, se pronunció respecto al pago de los alimentos retroactivos, determinando que no era procedente su pago. Así, lo anterior permite establecer que la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juez responsable, y la cual la quejosa reclama por la omisión de pronunciarse respecto al pago de alimentos retroactivos a cargo de la sucesión, cesó en sus efectos por haberse sustituido procesalmente (por lo que se refiere a la omisión reclamada) por la determinación adoptada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que la responsable se pronunció respecto al pago retroactivo de los alimentos; en consecuencia, no se puede analizar la legalidad del acto tildado de inconstitucional. En esas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Minerva Irene Sabido García, tutora legítima del menor de edad de iniciales E.O.V.S., contra el acto que reclamó al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el oficio 1179/2021, signado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite con relación al requerimiento que se hizo por auto de seis de mayo de dos mil veintiuno. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes del citado oficio y anexo, relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que aún no transcurre el término de tres días que por acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se le otorgó al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que remita a este Juzgado, copia certificada completa y legible del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente de origen 1115/2015, en el que se negó el pago de alimentos retroactivos generados desde el dictado de la sentencia pronunciada en ese asunto, y de sus correspondientes constancias de notificación; lo anterior, toda vez que la notificación respectiva se le realizó el día de ayer. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se señalan las nueve horas con dos minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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