Minerva Irene Sabido García
Expediente 2239/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Minerva Irene Sabido García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de catorce de marzo de esta anualidad, se dio vista a las partes con lo informado por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad; en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a las partes quejosa y tercero interesada el quince de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la que por una parte se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal y por otra se sobreseyó, contra el acto que reclamó, para el efecto de que la Juez responsable: ".Deje insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, únicamente en la parte conducente a la resolución de la planilla exhibida; y en su lugar, ordene dar vista a la parte quejosa ********************, por el plazo de tres días, con la planilla de adeudos que presentó la acreedora alimenticia el ocho del referido mes y año.". Posteriormente, en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Por tanto, a fin de cumplir con la ejecutoria de mérito, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el trece de marzo del presente año (promoción 3915), la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con sede en esta ciudad, informó que por auto de diez de marzo del presente año, dejó insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente de origen, únicamente en la parte conducente a la resolución de la planilla exhibida; y en su lugar, ordenó dar vista con la planilla en cita, a la parte quejosa ********************, por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previo registro correspondiente en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 2256/2022-VI-B, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: catorce de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: quince de marzo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: trece de marzo de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: diez de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese a los presentes autos, el oficio remitido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosas y tercero interesadas con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a las partes quejosas y tercero interesadas; y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia firmada el trece de febrero de dos mil veintitrés, se realizó a la parte quejosa el día quince de febrero siguiente; consecuentemente transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia en la que, por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y por otra, se sobreseyó en el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, en el término señalado, o de no manifestar el impedimento que tiene para ello, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2239/2022-VI-B y su acumulado 2256/2022-VI-B, promovido por MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S.; y, PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por conducto de su apoderado legal, respectivamente, contra el acto que reclaman del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; ... QUINTO. Resulta fundado y suficiente el concepto de violación expresado por la parte quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por conducto de su apoderado legal, razón por la cual procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, en autos del juicio de amparo 2256/2022-VI-B. En primer término, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, en el cual, el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado admitió a trámite el juicio ordinario familiar promovido por MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, en representación de su hijo menor de identidad reservada E.O.V.S, en el cual reclamó esencialmente, se declare en sentencia inoficioso el testamento del señor Manuel Enrique Vera Azar y se decrete una pensión alimenticia a favor del menor; procedimiento que quedó registrado con el número 1115/2015; asimismo, ordenó emplazar a la parte demandada (foja 42 anexo). 2.- Seguido el procedimiento en todas sus etapas legales, mediante sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, se determinó procedente la vía oral familiar incoada por la parte actora; y se declaró inoficioso el testamento público abierto otorgado por Manuel Enrique Vera Azar, para el efecto de fijar una pensión alimenticia a favor del menor de edad E.O.V.S. (fojas 166-183 anexo). 3.- Inconforme con tal determinación, Patricia González Gómez interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que en el toca 839/2016, dictó resolución el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, declarando sin materia el recurso de apelación interpuesto y dejando firme la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis (Fojas 418 a 423, del anexo). 4.- Posteriormente, con motivo de la interposición de diversos juicios de amparo del índice de este Juzgado de Distrito (809/2019-IV-A, 1667/2019-V-B y 650/2020-III-B), finalmente, por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintiuno, el Juez responsable se pronunció respecto a la pensión que correspondía al menor de edad, la cual fijó en ochenta y ocho mil pesos moneda nacional, en atención al dictamen del perito tercero (fojas 766 a 769 anexo) . 5.- Escrito de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual, MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA solicitó el pago retroactivo actualizado de los alimentos no pagados desde la fecha en que causó ejecutoria la sentencia (Fojas 836 a 838, del anexo). 6.- Auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el cual, por los motivos ahí expuestos, el Juez determinó no acceder a la solicitud realizada por la parte actora (fojas 846-847 anexo). 7.- Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, promovió juicio de amparo indirecto en su contra, del que correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito, registrándolo con el número de expediente 720/2021-I-B. En el que mediante sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: ".deje insubsistente el acuerdo reclamado, en su parte conducente; y hecho ello, de conformidad con los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria, emita un nuevo proveído, en el cual determine que sí procede el pago retroactivo de alimentos a favor del menor quejoso.". 8.- En cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el referido juicio de amparo 720/2021-I-B, el Juez responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado, y posteriormente, mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, determinó la procedencia del pago respecto de las pensiones vencidas y no cobradas, por lo que requirió a la parte actora para que en el término de tres días exhibiera la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, debidamente detallada y desglosada (fojas 956-957 anexo). 9.- Proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, la parte actora, en cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo precedente, presentó la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, por lo que el Juez responsable ordenó dar vista a la parte demandada (fojas 966-971 anexo). 10.- Auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo a la parte accionada dando contestación a la vista otorgada y consignando la cantidad de $5,375.00 (cinco mil trescientos setenta y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional), respecto de la cual, la autoridad responsable se reservó acordar lo legalmente conducente (foja 1043). 11.- Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable requirió nuevamente a la parte actora a fin de que exhibiera la planilla en la que de manera desglosada, señalara los conceptos de mes, año y cantidades adeudadas a fin de encontrarse en posibilidad de requerir el cumplimiento de dicha obligación (foja 1046). 12.- Mediante acuerdo de dieciocho de marzo del referido año, el Juez responsable aprobó la planilla de adeudos exhibida por la parte actora, por la cantidad de $1'382,632.92 (un millón trescientos ochenta y dos mil, seiscientos treinta y dos pesos, noventa y dos centavos, moneda nacional), y ordenó realizar el requerimiento de pago correspondiente (foja 1053). 13.- Proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se ordenó regularizar el procedimiento a fin de que le fuera notificado personalmente a la parte demandada, el acuerdo referido en el párrafo precedente (foja 1061). 14. Auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable tuvo a la parte demandada, dando contestación a la vista que le fuera otorgada; asimismo, por los motivos ahí expuestos, determinó: ".de la lectura y revisión de las constancias judiciales que integran este expediente, se observa que existen depósitos realizados en concepto de la parte proporcional que le corresponde al menor quejoso aquí involucrado de la venta de diversos predios, los cuales formaban parte de la masa hereditaria, mismas cantidades que fueron retiradas de plena conformidad por la parte interesada según las constancias puestas, por ende en la actualidad ya no generan más ingresos los aludidos inmuebles; en ese sentido, a fin de que esta autoridad cuente con mejores elementos para resolver lo conducente en beneficio del interés superior del menor [.], se previene a la señora MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, para que dentro del término de tres días, exhiba una nueva planilla debidamente desglosada y ajustada a derecho.". 15.- Resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, con la que el Juez responsable tuvo a la parte actora exhibiendo la planilla de liquidación que le fuera requerida en auto de uno del referido mes y año; y en ese propio acto, aprobó la planilla de que se trata, arrojando un total de $922,250.00 (novecientos veintidós mil, doscientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional), decretando su pago. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa que la autoridad responsable trasgrede en su contra los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues la omisión de darle vista con la planilla exhibida por su contraparte en el juicio de origen, la deja en estado de indefensión. Así, atendiendo a la manera de formulación de los conceptos de violación, se tiene que dicho motivo de inconformidad es básicamente de carácter formal; por lo que, por cuestión de técnica, su estudio es preferente a las cuestiones de fondo; y, además se advierte fundado. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: "...Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto jurídico antes invocado, se infiere, que el debido respeto al derecho de audiencia exige, que el acto privativo de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, debe ser mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este derecho fundamental puede entenderse bajo dos aspectos: uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende todos los medios establecidos en su propio texto para dar cumplimiento a tal derecho, a saber, la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue el propio derecho, que es evitar se deje en estado de indefensión al posible afectado del acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. Los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben ser de tal manera que en cada caso no se produzcan el estado o situación de referencia, erigiéndose por tanto en formalidades esenciales los que garanticen lo anterior. Así, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca de alguna manera indefensión al afectado o lo coloque en una situación que afecte gravemente sus defensas, y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 47/95, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 133, con número de registro 200234, cuyo rubro y texto señalan: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Luego, una adecuada y oportuna defensa requiere de las etapas procesales a que hace referencia la jurisprudencia transcrita en todo procedimiento previo al acto privativo, independientemente de la materia de la que se trate y de la autoridad ante la que se ventile, los que tendrán el carácter de esenciales cuando resultan necesarios para la adecuada defensa; por el contrario, resultarán secundarios aquellos cuya emisión o violación no produzcan indefensión y, por ende, su contravención no importe infracción al derecho fundamental de audiencia. Estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten apropiados y suficientes para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. Por su parte, el artículo 16 Constitucional, en la porción que interesa, dispone: ".Nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo 16 Constitucional, tal y como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recoge el principio de legalidad; y, por ende, prevé la exigencia de justificar racionalmente los actos de autoridad que impliquen alguna molestia para los particulares y, que se manifiesten en dos requisitos esenciales que deben concurrir necesariamente, fundar y motivar dicho acto. La fundamentación y motivación son requisitos indispensables para que un acto de autoridad tenga plena eficacia, así la fundamentación es el deber de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y por motivación se entiende el señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; tal y como se advierte del contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, la referida exigencia de fundamentación y motivación está concatenada con los diversos principios de exhaustividad y congruencia, conforme a los cuales, la autoridad competente está obligada al emitir su fallo, de ocuparse de todas y cada una de las pretensiones que plantea la parte que pide. La congruencia, es un principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben pronunciarse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; trasladado ese concepto al presente asunto, es dar respuesta a los planteamientos hechos por la parte quejosa respecto de la modificación del primitivo régimen de convivencia. La incongruencia interna emerge a la vida fáctica cuando no existe una relación lógica entre los razonamientos que expuso la autoridad jurisdiccional en la parte considerativa de su resolución, con la parte resolutiva de la misma, en otras palabras, los puntos resolutivos del fallo están en franca contradicción con las consideraciones de la autoridad jurisdiccional, o cuando existe contradicción entre los considerandos que forman parte de la resolución. La incongruencia externa en cambio se actualiza, cuando la autoridad omite pronunciarse en forma total o parcial respecto a las consideraciones formuladas por el inconforme y la contraparte; o bien, va más allá de lo expuesto. Esto es, cuando resuelve más allá de lo pedido, fuera de lo pedido o menos de lo pedido. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En la especie, de la lectura detenida de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la resolución que constituye el acto reclamado, tuvo por recibido el escrito con el que la parte actora exhibió la planilla de pensiones alimenticias adeudadas, a lo que determinó: ".se tiene a la compareciente exhibiendo la planilla que le fuera requerida en auto datado uno de agosto del año en curso; sin embargo, se puede observar que la misma se encuentra en los mismos términos que la exhibida en el escrito de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, del cual la parte contraria ha tenido conocimiento, puesto que en el citado auto de fecha uno de agosto del presente año (sic), se le tuvo por contestando en tiempo la vista que se le diera en auto de cuatro de mayo del año que transcurre, en relación a la planilla que obra acumulada en autos, por tanto, no se vulnera el derecho de ninguna de las partes al debido proceso; en consecuencia, atendiendo al principio de concentración que rige los procedimientos de oralidad familiar, esta autoridad procede a resolver la planilla exhibida.". De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, en contravención a lo establecido en el artículo 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán , omitió darle vista al deudor alimentario con la planilla exhibida, lo que evidentemente se traduce en que no tuvo la oportunidad de conocer la pretensión de su contraparte, para que, en su caso, estuviera en aptitud de defenderse en cuanto a esa planilla previo a su aprobación; lo que se reitera, no ocurrió, pues en la resolución reclamada se aprobó la misma y se requirió de pago. Lo cual, en sí mismo, resulta contrario a derecho y una trasgresión a los derechos fundamentales de audiencia y defensa de la parte quejosa. Sin embargo, abona a la ilegalidad del acto reclamado, el hecho de que la responsable pretendiera justificar su actuación, alegando que éste ya había tenido conocimiento de la planilla en comento, pues en auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se le tuvo contestando la vista que se le diera con la misma. Sin embargo, en el propio auto al que hace referencia la autoridad, hizo notar que se habían depositado cantidades en concepto de la parte proporcional que le corresponde al menor acreedor respecto de diversos predios, mismas que fueron retiradas por la actora. Por lo que, ante tal circunstancia, previno a la citada accionante a fin de que exhibiera una nueva planilla debidamente desglosada y ajustada a derecho. De ahí que no es jurídicamente factible considerar, como lo hizo la autoridad responsable, que no se trasgredió derecho fundamental alguno al omitir darle vista a la parte demandada con la planilla de que se trata, al haberse presentado en los mismos términos que la anterior. Pues deviene incuestionable que la propia autoridad responsable varió los elementos que debían tomarse en cuenta para su elaboración, lo que trajo consecuencia, que a partir del dictado de dicho auto, imperara un nuevo estado procesal. Máxime que el Juez responsable, nada dijo en la resolución reclamada, respecto a las cantidades depositadas por el deudor alimentario, y que precisamente lo llevaron a requerir a la parte actora una nueva planilla. En ese sentido, se reitera, si bien el referido accionado realizó diversas manifestaciones en relación a la planilla exhibida por la actora el ocho de marzo de dos mil veintidós, ello en forma alguna relevaba a la responsable de la obligación de hacer de su conocimiento la presentación de una nueva planilla, aun en los términos establecidos. Todo lo cual, se reitera, evidencia la transgresión de las formalidades mínimas y esenciales de cualquier procedimiento, y por ende, la violación de los derechos fundamentales de audiencia y defensa de la ahora parte quejosa. En consecuencia, lo que procede es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: Deje insubsistente el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, únicamente en la parte conducente a la resolución de la planilla exhibida; y en su lugar, ordene dar vista a la parte quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por el plazo de tres días, con la planilla de adeudos que presentó la acreedora alimenticia el ocho del referido mes y año. En este orden de ideas, al haber resultado fundados los conceptos de violación analizados, resulta innecesario hacer pronunciamiento alguno en torno a los restantes motivos de inconformidad, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. Apoya lo expuesto la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la foja 205, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 228,181, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si un concepto de violación analizado al resolver el amparo, es suficiente para dejar insubsistente el acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los demás aspectos tratados en los conceptos de violación." SEXTO. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO 2239/2022-VI-B. Resulta innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo citados en párrafos precedentes y que fue promovida por MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S., toda vez que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En la especie, la parte quejosa MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S., señaló como acto reclamado la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del procedimiento ordinario oral familiar número 1115/2015 del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Sin embargo, en el considerando que precede, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a la diversa quejosa PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por conducto de su apoderado legal, por haberse cometido una violación procesal en el procedimiento relativo al pago retroactivo de las pensiones adeudadas, que culminó con la emisión de la resolución combatida. Concesión del amparo que fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución recurrida, siguiendo los lineamientos de la presente sentencia. Por tanto, es inconcuso que no resulta técnicamente viable emprender el análisis de los conceptos de violación formulados en el juicio de amparo 2239/2022-VI-B, ya que debe considerarse que cesaron en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, siendo evidente por ello que se actualiza la causa de improcedencia indicada. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento setenta y dos, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, apéndice de dos mil once, materia laboral, Novena Época, número de registro 1002219, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO. Si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce simultáneamente de dos juicios de amparo en materia laboral, en los que se combate el mismo acto reclamado, pero en uno de ellos determina conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, es inconcuso que cuando resuelva el otro amparo relacionado debe sobreseer en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, en concordancia con el numeral 73, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, pues en tal evento el laudo ya no produce efectos ni causa agravio alguno al quejoso, y de esta suerte, es innecesario que se ocupe del estudio de los conceptos de violación sea cual fuere su naturaleza, esto es, sin que trascienda si están referidos al fondo de la cuestión debatida o en ellos se aduzcan violaciones procesales". Asimismo, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página mil ciento veintisiete, Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 187189, cuyo texto dice: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO RELACIONADO, SOBRESEIMIENTO DEL. Cuando en el amparo directo se concede la protección federal, de tal suerte que el acto reclamado queda sin efecto alguno, el juicio constitucional relacionado se debe sobreseer por haber cesado los efectos de la resolución combatida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 74, fracción III, de la ley de la materia". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia sujeta a estudio, deberá sobreseerse en el juicio de amparo 2239/2022-VI-B, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, no se atenderán los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo 2239/2022-VI-B, promovida por MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S., porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica textualmente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a PATRICIA GONZÁLEZ GÓMEZ, por conducto de su apoderado legal, en contra de la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada en autos del procedimiento ordinario oral familiar número 1115/2015 del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 2239/2022-VI-B, promovido por la MINERVA IRENE SABIDO GARCÍA, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada E.O.V.S., en contra del acto que atribuye al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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