Minerva Herrera Pérez
Expediente 832/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- Minerva Herrera Pérez
Actuaciones
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, once de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Minerva Herrera Pérez; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Minerva Herrera Pérez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese bajo el número 832/2019-IX. Ahora bien, este órgano de control constitucional, estima que contra el acto reclamado a la autoridad responsable que se precisa en la demanda de amparo, en el caso a estudio se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, de la ley de la materia, en virtud de que el promovente carece de legitimación para intentar la acción constitucional. Para arribar a tal conclusión, resulta conveniente transcribir los artículos 61, fracción XXIII, 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De los preceptos jurídicos transcritos, disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el derecho subjetivo a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad, tiene la facultad de instar el juicio de amparo. En efecto, los artículos 5º, fracción I, 6º de la Ley de Amparo y el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran uno de los principios del juicio de amparo como lo es el de "a instancia de parte agraviada", que se traduce en que solo puede promoverse por la persona a la que afecte el acto reclamado. Ahora bien, expuesto lo anterior tenemos que el acto reclamado por la promovente Minerva Herrera Pérez, se hace consistir en el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de un juicio ordinario civil, en el cual se ordena a su hijo Luis Manuel de la Rosa Herrera, entregar a su nieta de iniciales ALRA a su madre Yazmín Apango Juárez. También, se advierte que la aquí quejosa no es parte dentro del procedimiento pues refiere que no ha sido oída dentro de dicho procedimiento. Entonces, si la vía constitucional sólo puede ejercerse por quien resulta perjudicado con un acto de autoridad en su esfera jurídica, porque el perjuicio sufrido presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y en el caso, la compareciente se duele de un auto que ordena a Luis Manuel de la Rosa Herrera, entregue a su menor hija a su madre de nombre Yazmín Apango Juárez; es decir, es un acto de autoridad que no se encuentra dirigido a su persona, sino a una de los contendientes dentro de un procedimiento, en el cual no figura como parte, sin tener ningún tipo de representación al respecto; deviene inconcuso su falta de legitimación para promover. Esto tiene razón de ser porque el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien es titular de un derecho tutelado por el orden normativo, y resiente de forma directa e inmediata, un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, que en el caso a estudio recaería en la persona de nombre Luis Manuel de la Rosa Herrera, por ser en contra de quien se emitió el acto reclamado, y no la aquí peticionaria del amparo. Con base en los motivos expuestos, es dable para ese juzgador concluir válidamente, que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia; lo que conlleva a desechar de plano la demanda inicial, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la citada legislación; lo anterior es así, ya que la calidad con la que comparece Minerva Herrera Pérez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, no le otorga legitimación ni representación legal para ello. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Minerva Herrera Pérez. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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