Minerva Aide Hinojosa Olivares
Expediente 937/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- Minerva Aide Hinojosa Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guarda el cuaderno de antecedentes que nos ocupa, se advierte que mediante oficio 22670/2020-VI, derivado del proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito remitió al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en turno, el original del expediente en que se actúa; lo anterior, con motivo de lo resuelto en la sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el treinta siguiente, específicamente en atención al punto resolutivo tercero, mismo que al efecto señala: ".TERCERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver del acto reclamado relativo al laudo emitido dentro del expediente administrativo laboral 00609/6/2013, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, remítase el asunto al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa Tamaulipas, en turno, para los efectos precisados en el considerando octavo de este fallo." Sin embargo, hasta esta fecha no se tiene noticia del órgano jurisdiccional al que le tocó conocer de dicho asunto. En consecuencia, requiérase vía telegrama oficial al Jefe de la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, para el efecto de que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado, por la vía citada con anterioridad o, en su caso vía fax, informe a este tribunal, a qué órgano fue turnado el juicio de amparo mencionado en el párrafo que antecede; lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda; apercibido que de no dar cumplimiento dentro de dicho plazo se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos, 00/100 moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 279/2021, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y el anexo que adjuntó al mismo; en consecuencia, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, sin necesidad de ser puestos a la vista de las partes por los motivos que en el presente acuerdo se expresarán. Ahora bien, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la parte quejosa Minerva Aide Hinojosa Olivares, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la actual Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la quejosa, consiste en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de emitir el acuerdo relativo al escrito de dos de diciembre de dos mil diecinueve y recepcionado el dieciséis siguiente, en relación a la demanda por reinstalación. Ahora bien, de las constancias anexadas al oficio de cuenta, se advierte que dentro dicho asunto, promovido por la parte quejosa Minerva Aide Hinojosa Olivares, el doce de noviembre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo, pues al efecto acordó lo conducente admitiendo a trámite la demanda, la cual quedo registrada como el expediente laboral número 1126/E06/2019. Documental a la que se confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De la reseña de antecedentes que se ha hecho, se desprende que la parte quejosa Minerva Aide Hinojosa Olivares, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, consistente en la omisión de emitir el acuerdo relativo a la promoción de dos de diciembre de dos mil diecinueve y recepcionado el diecinueve siguiguiente, en relación a la demanda por reinstalación; sin embargo, se advierte que la mencionada responsable el doce de noviembre de dos mil veinte, emitió el auto respectivo, en los que dio respuesta a la petición realizada por la agraviada. En consecuencia, se advierte con claridad que han dejado de tener efectos los actos reclamados pues la autoridad de cuenta emitió el acuerdo que era la causa de pedir en esta instancia constitucional, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante lo cual, debe sobreseerse en esta contienda constitucional, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por la razón que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que consta en la foja 1343, del tomo XXX, octubre de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. La garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional se refiere, de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de cualquier autoridad, a una petición que formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 17 constitucional establece específicamente la garantía de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Por ello, cuando un particular promueve ante una instancia jurisdiccional alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentra respuesta, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho de acceso a la justicia regulada, especialmente, en el artículo 17 constitucional y no la diversa garantía general consagrada en el diverso artículo 8o." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por todo lo anterior, se deja sin efectos el desahogo de la audiencia constitucional fijada para las once horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. En consecuencia de lo expuesto, se cita a la audiencia constitucional, misma que tendrá verificativo a las once horas del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de diciembre de dos mil veinte. Del estado de autos se desprende que Minerva Aidé Hinojosa Olivares se duele de la falta de radicación de demanda presentada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sin embargo, este no fue anexado al presente juicio por la agraviada; de ahí que, se le previene para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, exhiba ante este Juzgado de Distrito la promoción de referencia; con el apercibimiento que de no hacerlo, este asunto se resolverá con las constancias de autos y puede actualizarse la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, Fracción XII de la Ley de Amparo por falta de interés jurídico. Asimismo, del estado procesal que guarda el presente juicio de derechos fundamentales, se advierte que ha precluido el término de quince días otorgado a las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Secretario de Acuerdos adscrito a la misma, ambos con residencia en esta ciudad, para que rindieran su informe justificado; habida cuenta que quedaron notificadas de los oficios 25276 y 25277 respectivamente, de once de noviembre de dos mil veinte, por el que se les requirió para tales efectos; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, procede a tener por cierto el acto que se les reclama. Sin embargo, para resolver el presente asunto es necesario analizar las constancias origen de la omisión reclamada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita las documentales correspondientes. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Para dar oportunidad a todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y se fijan las diez horas con cuarenta minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno. Finalmente, se aclara que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; sin embargo, de un análisis exhaustivo realizado a la demanda de amparo, se advierte que la autoridad responsable con injerencia en el acto reclamado, es la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con asentamiento en esta ciudad. De ahí que, es esta última a la que se tiene como responsable, con el único propósito de no obstruir los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo por parte del promovente; pues el señalamiento que realiza la quejosa, evidentemente corresponde a un error en la cita de la denominación correcta. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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