Minerva Felicita Pérez Álvarez y Otros.
Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/08/2019
Partes del expediente
- Minerva Felicita Pérez Álvarez
- Minerva Felicita Pérez Álvarez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en el recurso de queja ¨*** de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, consistente en el acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***." Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado. Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales conducentes. Ahora, con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea necesario glosar el anexo de copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos consta documento original exhibido por la parte quejosa (foja 19), como anexo de su escrito de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 15562/2019, del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de ***, parte quejosa en el presente juicio, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 21 a 25), en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y, por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Minerva Felicita Pérez Álvarez, contra actos de la autoridad señalada como: Juez Primero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 722/2019-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación del precepto en cita, tenemos que para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Analizado el contexto de la demanda y el escrito de cuenta, se llega a la consideración de que el juicio que ahora se promueve es improcedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El precepto invocado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se enderece contra actos aceptados de forma expresa por el solicitante de amparo, o bien, cuando éstos son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos en virtud de no haber sido impugnados oportunamente o que han adquirido firmeza legal. Para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Ahora bien, el consentimiento existe por el no ejercicio de un derecho destinado a promover la impugnación del acto; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra señala: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Establecido lo anterior, conviene retomar que el quejoso reclama el acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil ********************en el que el Juez responsable en atención al ocurso con el que la amparista interpuso recurso de apelación en contra del auto de ocho de abril de esta anualidad, señaló que en la etapa de ejecución según lo dispone el artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, únicamente se admitirá el recurso de responsabilidad, por lo que reiteró no darle trámite al citado medio de impugnación hecho valer, lo cual constituye un acto derivado de otro consentido, en base a los siguientes antecedentes que bajo protesta de decir verdad fueron proporcionados por la parte quejosa. a) Que una vez ejecutoriada la sentencia dictada en el controvertido civil de origen, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública y ante la presencia judicial las partes redactaron un convenio para dar por terminada la liquidación de la sociedad conyugal. b) Dado que la parte condenada omitió cumplir con el citado convenido, mediante escrito de tres de abril de dos mil diecinueve, solicitó al juez aprobara el convenio, por lo que en ocho del mismo mes y año, el juez responsable emitió acuerdo relativo, en el cual le dijo a la promovente que el convenio que firmó con su contraparte era claro, ya que ahí se precisó que una vez ratificado surtía efectos legales correspondientes, por lo que previno a los contendientes a fin de que en día y hora hábil cumplieran con su petición a efecto de dar por terminado el asunto. c) Inconforme con esa determinación, mediante escrito de veintidós de abril de dos mil diecinueve, interpuso recurso de apelación en contra de la determinación antes referida, y por acuerdo de veinticinco de abril siguiente, el juez de origen resolvió no dar trámite al medio de impugnación hecho valer, ya que el asunto se encontraba en la fase de ejecución de sentencia. d) No obstante lo ya proveído en veinticinco de abril de esta anualidad, mediante escrito de seis de mayo de dos mil diecinueve, la aquí amparista solicitó al juez de la causa, le informara si la apelación que había interpuesto se había desechado o no la había admitido por no ser apelable. e) Ante ello, mediante auto de nueve de mayo del presente año, el Juez Civil responsable dictó un acuerdo en el que precisó que en términos de lo que dispone el artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad. Acuerdo que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. En efecto, el acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, que se reclama en esta instancia no es sino una consecuencia de otro dictado dentro de los autos del juicio civil ********************del índice del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, en razón de que no impugno el diverso acuerdo dictado el veinticinco de abril de esta anualidad, por el que entre otras cosas no se dio trámite al recurso de apelación que la justiciable interpuso en contra del acuerdo de ocho de abril del presente año. Ello es así, pues a pesar de que la quejosa señale en su escrito inicial que la responsable no fue específica en señalar si en el auto de veinticinco de abril de este año, se desechó el recurso de apelación que interpuso, lo cierto es, que independientemente el término que la autoridad haya utilizado, desde ese auto determinó no dar trámite al citado medio de impugnación. Por ello es que se considera que el acto que ahora reclama (nueve de mayo de dos mil diecinueve), es derivado de aquel que en primer lugar no accedió al trámite del recurso de apelación (consentido), pues deriva de una consecuencia legal que subyace en la negativa de tramitar el medio de impugnación y continuar con la ejecución de la sociedad conyugal. De modo que, si el acto reclamado constituye una determinación derivada de otro consentido, hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada. Cobra vigencia en lo conducente la tesis de jurisprudencia II.3o. J/69, que dispone: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 18, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan". También apoya lo anterior la Tesis III.1o.A.11 K, que a la letra dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Finalmente, es aplicable la tesis de la Séptima Época cuyo tenor literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVE, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCION. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR la demanda promovida por la parte quejosa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. Igualmente, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos amplios a ******************** toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos de dicho numeral a los demás profesionistas que indica, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ignacio Lagunes León, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de la Titular, autorizada mediante oficio CCJ/ST/1469/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, licenciado Vicente David Burguet Franco, asistido de Juan Carlos Hernández Hernández, Secretario que autoriza y da fe, quien certifica que la promoción que en su caso generó el presente acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. ILL/JCHH/JARR
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