Minerva Felicita Pérez Álvarez y Otros.
Expediente 1535/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/01/2021
Partes del expediente
- Minerva Felicita Pérez Álvarez
- Minerva Felicita Pérez Álvarez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos en el referido precepto. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 2. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que debido a los contagios generados por el virus denominado COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte, acordó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, periodo durante el cual, con las salvedades previstas en el citado esquema, se suspendieron los plazos y términos procesales. Posteriormente, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la citada Comisión determinó que a partir del doce siguiente, el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional y demás que integran el Vigésimo Circuito es nuevamente el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regía hasta antes de la suspensión. En tales condiciones, con fundamento en la fracción I del artículo 2o. del Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En consecuencia, se reanuda el procedimiento en el presente asunto, en el entendido de que, lo anterior operará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice a las partes de este proveído. Con la precisión de que el actuario de la adscripción deberá tomar en consideración la fecha en que las autoridades responsables reanuden sus labores, de conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción IX, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que realicen la notificación respectiva con oportunidad. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de diez de noviembre del año actual, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de dieciocho de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas que diera cumplimiento al fallo constitucional. Por oficio ***, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veintiocho de octubre pasado y de la sentencia interlocutoria de treinta de ese mes, emitidos en el expediente ***, con las que adujo acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el diez noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se concedió a la quejosa ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil (divorcio necesario) ***; y, b) En su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en el considerando que antecede de esta sentencia, dicte otra por la cual reitere que, con excepción de la cantidad recibida por el demandado por concepto de compensación por la ocupación del predio denominado "***", ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, el resto de los bienes inventariados por la quejosa no formaron parte de la sociedad conyugal y, en lo que concierne al citado numerario proceda a la liquidación, tomando en consideración para la partición el monto que el ahora tercero interesado demostró haber entregado a la peticionaria." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que la responsable, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil *** de su índice, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, en atención al inciso a) de los efectos de concesión de la ejecutoria de amparo. De igual forma, en acatamiento al efecto indicado con el inciso b), la responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, el treinta de octubre de dos mil veinte, dictó una nueva resolución en la que determinó: Que los bienes inmuebles señalados por la incidentista 1. Ubicado en Primera Calle Sur Poniente sin número, Centro, de las Margaritas, Chiapas y 2. Ubicado en el Fraccionamiento Tenam, manzana D, Lote 6, de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, no forman parte de la sociedad conyugal. Que el bien inmueble 3. Predio rustico denominado "El Rubí", ubicado en el Municipio de Las Margaritas, Chiapas, si bien integró el caudal de la sociedad conyugal, dejó de hacerlo, toda vez que el once de julio de dos mil seis, el demandado ***, celebró un convenio de finiquito con la Secretaría de la Reforma Agraria y el Gobierno del Estado de Chiapas, por el cual fue indemnizado con la cantidad de $749,250.00 (setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad de la que entregó $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la quejosa ***. Que en virtud que dicho predio en aquel momento pertenecía a la sociedad conyugal, correspondía a cada una de las partes el 50 % de la indemnización obtenida, por lo que si el demandado demostró que entregó a la incidentista ***, la cantidad de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), existía un remanente; por lo que condenó al demandando ***, a pagar $114,625.00 (ciento catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que sumado al numerario entregado con antelación a la promovente, corresponde al pago del 50 % de la indemnización del predio, es decir $374,625.00 (trescientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos moneda nacional). Por último, que al no existir bienes por liquidar que formen parte de la Sociedad Conyugal, en términos del artículo 194 del Código Civil para el Estado, con la excepción del remanente al que se le condenó a pagar al demandado, lo procedente era dejar de liquidar la Sociedad Conyugal. Por tanto, al haber dejado sin efectos la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ordinario civil *** de su índice y en su lugar, emitir una nueva resolución en la que tuvo que los bienes inventariados por la quejosa no formaban parte de la sociedad conyugal, con excepción de la cantidad recibida por la indemnización recibida por uno de ellos que si bien perteneció al caudal de dicha sociedad, dejó de hacerlo (predio denominado "***", ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas); condenando al demandado a pagar a la quejosa el remanente existente por la cantidad de $114,625.00 (ciento catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que resulta como diferencia del 50 % que correspondía a la quejosa por la indemnización de la invasión de dicho predio, toda vez que sólo recibió del demandado $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional); es dable establecer que la autoridad responsable colmó las exigencias precisadas en la ejecutoria de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de diez de noviembre del año actual, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintisiete de agosto de dos mil veinte, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de dieciocho de septiembre siguiente, causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas que diera cumplimiento al fallo constitucional. Por oficio ***, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veintiocho de octubre pasado y de la sentencia interlocutoria de treinta de ese mes, emitidos en el expediente ***, con las que adujo acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el diez noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se concedió a la quejosa ***, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, realizara lo siguiente: "a) Deje sin efectos la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil (divorcio necesario) ***; y, b) En su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en el considerando que antecede de esta sentencia, dicte otra por la cual reitere que, con excepción de la cantidad recibida por el demandado por concepto de compensación por la ocupación del predio denominado "***", ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, el resto de los bienes inventariados por la quejosa no formaron parte de la sociedad conyugal y, en lo que concierne al citado numerario proceda a la liquidación, tomando en consideración para la partición el monto que el ahora tercero interesado demostró haber entregado a la peticionaria." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que la responsable, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil *** de su índice, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, en atención al inciso a) de los efectos de concesión de la ejecutoria de amparo. De igual forma, en acatamiento al efecto indicado con el inciso b), la responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, el treinta de octubre de dos mil veinte, dictó una nueva resolución en la que determinó: Que los bienes inmuebles señalados por la incidentista 1. Ubicado en Primera Calle Sur Poniente sin número, Centro, de las Margaritas, Chiapas y 2. Ubicado en el Fraccionamiento Tenam, manzana D, Lote 6, de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, no forman parte de la sociedad conyugal. Que el bien inmueble 3. Predio rustico denominado "El Rubí", ubicado en el Municipio de Las Margaritas, Chiapas, si bien integró el caudal de la sociedad conyugal, dejó de hacerlo, toda vez que el once de julio de dos mil seis, el demandado ***, celebró un convenio de finiquito con la Secretaría de la Reforma Agraria y el Gobierno del Estado de Chiapas, por el cual fue indemnizado con la cantidad de $749,250.00 (setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad de la que entregó $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a la quejosa ***. Que en virtud que dicho predio en aquel momento pertenecía a la sociedad conyugal, correspondía a cada una de las partes el 50 % de la indemnización obtenida, por lo que si el demandado demostró que entregó a la incidentista ***, la cantidad de $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), existía un remanente; por lo que condenó al demandando ***, a pagar $114,625.00 (ciento catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que sumado al numerario entregado con antelación a la promovente, corresponde al pago del 50 % de la indemnización del predio, es decir $374,625.00 (trescientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos moneda nacional). Por último, que al no existir bienes por liquidar que formen parte de la Sociedad Conyugal, en términos del artículo 194 del Código Civil para el Estado, con la excepción del remanente al que se le condenó a pagar al demandado, lo procedente era dejar de liquidar la Sociedad Conyugal. Por tanto, al haber dejado sin efectos la sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio ordinario civil *** de su índice y en su lugar, emitir una nueva resolución en la que tuvo que los bienes inventariados por la quejosa no formaban parte de la sociedad conyugal, con excepción de la cantidad recibida por la indemnización recibida por uno de ellos que si bien perteneció al caudal de dicha sociedad, dejó de hacerlo (predio denominado "***", ubicado en el municipio de Las Margaritas, Chiapas); condenando al demandado a pagar a la quejosa el remanente existente por la cantidad de $114,625.00 (ciento catorce mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), que resulta como diferencia del 50 % que correspondía a la quejosa por la indemnización de la invasión de dicho predio, toda vez que sólo recibió del demandado $260,000.00 (doscientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional); es dable establecer que la autoridad responsable colmó las exigencias precisadas en la ejecutoria de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: La autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
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