Minerva Evangelina Uc Uc

Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
309/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Minerva Evangelina Uc Uc

Actuaciones

  1. Principal

    "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja." Por tal motivo, se declara que el auto recurrido de doce de abril de dos mil dieciocho ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, envíese al archivo.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de doce de abril del año en curso dictado por este juzgado, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo (fojas 42 a 49). En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: el original del escrito de agravios, así como una copia, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el doce de abril de dos mil dieciocho, en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Minerva Evangelina Uc Uc. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado, el cual fue notificado a la parte quejosa el veinte de abril del año en curso (fojas 50 y 51). Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley en comento, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Sin embargo, es evidente que al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo serían las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público adscrito y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgador es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  3. Principal

    (AVISO)Con la demanda de amparo de cuenta, ***solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 309/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "4. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA.- Único. De la autoridad ORDENADORA se reclama que no admite a trámite el Incidente de Medida Cautelar encaminadas a Conservar el estado de cosas prevaleciente (mantener la situación de hecho existente), respecto del predio ubicado en Lote Ocho de la Manzana Siete, Zona Uno, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, predio del que ejerzo el dominio y que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: DIECISEIS PUNTO SESENTA METROS, CON LOTE DOCE; AL SUR: DIECISIETE PUNTO SETENTA MÁS CINCO PUNTO SESENTA METROS, CON LOTE CERO CUATRO Y CALLE SESENTA Y SIETE; AL ESTE: CINCUENTA Y TRES PUNTO CUARENTA Y NUEVE PUNTO CINCO METROS. CON LOTES CERO SIETE, CERO TRES Y CERO CUATRO; AL OESTE: SESENTA Y UNO PUNTO TREINTA METROS, CON LOTES CERO NUEVE, DIEZ ONCE "a", SUPERFICIE NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS; predio que tengo en posesión, en razón a decir que no se encuentra dentro de algunos de los supuesto del numeral 234 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, ya que dicha petición es originada a razón de lo contenido en otro expediente y que si bien se encuentra radicado ante esta autoridad, no menos cierto, es que hizo valer su derecho de petición y acceso a la justicia promoviendo diverso recurso y medios de defensa en contra de las resoluciones admitidas tanto por el Tribunal de Alzada como de los jueces Federales. Incidente que se promovió para mantener la situación de hecho existente, en razón de que en el expediente número 26/2015, relativo al Juicio Ordinario de Acción Reivindicatorio, promovido por ***, en su Carácter de Apoderado Legal del Ciudadano ***, en contra de las Ciudadanas **, **, y ***y ***S.A de C.V; están solicitando la ejecución de la sentencia." Esto es, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto primigenio reclamado por la parte quejosa es el auto de cinco de abril del año en curso, mediante el cual no se le admitió el Incidente de Medida Cautelar encaminadas a Conservar el estado de cosas prevaleciente (mantener la situación de hecho existente), respecto del predio ubicado en Lote Ocho de la Manzana Siete, Zona Uno, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictado en autos del expediente 143/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación a los actos reclamados en este juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de cinco de abril del año en curso mediante el cual la Juez responsable determina no admitir a trámite el Incidente de Medida Cautelar encaminadas a Conservar el estado de cosas prevaleciente (mantener la situación de hecho existente), respecto del predio ubicado en Lote Ocho de la Manzana Siete, Zona Uno, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictado en autos del expediente 143/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en virtud de que su petición no se encontraba dentro de alguno de los supuestos del artículo 234 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo; en ese sentido, se tiene que el acto reclamado por la quejosa son meramente decretos judiciales, no se trata de resoluciones que pongan fin al juicio o de imposible reparación, ya que en atención a la naturaleza de dicho proveído reclamado en esta vía constitucional, se evidencia la circunstancia de que la quejosa, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar, tal como lo prevé la ley de la materia, el medio de defensa que al efecto le otorga para combatir el acto de autoridad, que en este caso, en específico es el recurso de revocación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 590, que a la letra reza: "Artículo 590.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, de la interpretación sistemática del citado numeral, se advierte que todos los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación; por ello, si en el particular, la parte quejosa reclama el acuerdo de cinco de abril del año en curso, en el que no se admite el Incidente de Medida Cautelar encaminadas a Conservar el estado de cosas prevaleciente (mantener la situación de hecho existente), respecto del predio ubicado en Lote Ocho de la Manzana Siete, Zona Uno, de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dictado en autos del expediente 143/2017 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, es inconcuso que ante dicha inconformidad el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja la inconforme, siendo en el caso el recurso de revocación previsto en el numeral precitado, y que la quejosa se encuentra obligada a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, pues en el caso concreto, se colige que la quejosa disponía del recurso de revocación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar y nulificar, la determinación dictada por la autoridad responsable, ya que se trata de un auto que constituye un acto de autoridad en tanto que afecta en forma unilateral la esfera jurídica del particular y debió agotarlo previamente a esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Tiene sustento a lo anterior por su contenido, la tesis XII.2o.32 C (9a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo 5, Enero de 2012, Materia Civil, en la página 4688, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 11, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por el tribunal de alzada que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación de dicho medio de impugnación y dejar firme la resolución impugnada, lo que lo torna en una determinación que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo y, por ende, en su contra procede el recurso de revocación previsto por el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, conforme al cual las resoluciones que no fueren apelables pueden ser revocadas por el propio Juez o tribunal que las dictó, máxime que del citado contexto normativo no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de ese tipo de determinaciones; aunado a que como también lo consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De negar la procedencia del recurso de revocación, a pesar de que el artículo 679 prevé que las resoluciones del tribunal de alzada pueden ser revocadas, se vulneraría el principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben poder impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos, lo que encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el mismo órgano de difusión y Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", ya que como se estableció en la ejecutoria que se comenta, si bien es cierto que en esta última la Primera Sala analizó el artículo 1334 del Código de Comercio, la postura tomada en el sentido de que en contra del auto dictado en primera instancia que no admite el recurso de apelación procede el de revocación, también lo es que ello hace posible deducir que implícitamente se determinó la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, al existir un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada y, por tanto, por identidad de razón, también se concluye que contra el auto que tiene por no admitido el recurso de apelación en segunda instancia, procede el medio ordinario que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esto es, el recurso de revocación a que alude el referido artículo 679, porque si bien es verdad que este numeral no establece expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de un auto del tribunal de segundo grado que desecha la apelación, también lo es que no existe disposición alguna que prevea que tal determinación sea irrecurrible, o bien, la procedencia de diverso recurso que excluya la revocación en el supuesto señalado; así, a través de este medio de impugnación, se insiste, puede lograrse que el tribunal ad quem corrija algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí quejosa es parte demandada en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Resulta aplicable la tesis IV.2º.C.3K(10ª.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución.". Por todo lo anterior, contra el proveído reclamado, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rocío Ibet Mendoza Martínez, Selene Mayani Quiteño Duran, David Ismael Poot Ortega, Claudia Iliana Chi Uc, Geli de los Ángeles Chi Uc, Reyes Silvestre Chi Uc y Dolores Candelaria Chi Uc, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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