Minerva Evangelina Uc Uc

Expediente 278/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
278/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Minerva Evangelina Uc Uc

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la peticionaria de amparo interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el tres de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Ahora, vista la razón actuarial de cuatro de abril del año en curso, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, de la cual se advierte que le fue imposible llevar a cabo la notificación del proveído de tres de abril de la presente anualidad, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que el acuerdo de tres de abril actual así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  3. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por **** contra actos que atribuye a la Juez Civil de Primera del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto y otra autoridad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 278/2018. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Establecidas las premisas anteriores, se tiene que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: **** Esto es, el acto de que se duele la parte quejosa, es el proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente ****, relativo al Juicio Ordinario de acción reivindicatoria, a través del cual se le requirió la desocupación y entrega física de un bien inmueble, ello dictado en ejecución de sentencia. Precisado lo anterior, según se anticipó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues al acto reclamado no constituye la última resolución dentro del período de ejecución del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria ****. Para tener una mejor comprensión de este tópico es conveniente invocar los artículos antes mencionados, que en lo conducente disponen: ***** De los preceptos normativos reproducidos, en lo que interesa, se obtiene que el juicio constitucional es improcedente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia legislación. Bajo esa premisa, se debe acotar que el artículo 107 de la citada legislación regula diversos supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que destaca la posibilidad de acudir al juicio constitucional reclamando actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, la norma precitada prevé que el juicio biinstancial será procedente contra actos dictados después de concluido el juicio, ello, con la finalidad de proteger a las partes del juicio natural cuando la resolución se haya elevado a cosa juzgada. A su vez dichos actos se pueden dividir en: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución de la sentencia; y b) Actos dictados en ejecución de la misma. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía a la cosa juzgada cuya finalidad no recae en su directo e inmediato cumplimiento, tales como la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia o las medidas de apremio que tienen por objeto vencer la contumacia de una de las partes. En cuanto a los segundos actos, son los que tienen como fin dar cumplimiento a la cosa juzgada. En este supuesto el amparo procede hasta la "última resolución" dictada en la etapa de ejecución de la sentencia en la que para el caso de ser impugnada, el quejoso podrá hacer valer las violaciones procesales que estime convenientes. Por otra parte, debe decirse que dentro de la ejecución forzosa de una sentencia, la Ley de Amparo distingue una regla general y una particular de procedencia del juicio biinstancial. La regla general prevé que el amparo procede únicamente cuando se impugne la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución, y que ésta debe entenderse como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Se tiene como ejemplo de lo anterior, a la resolución dictada en un procedimiento ejecutivo en los juicios de arrendamiento inmobiliario cuando no haya sido posible realizar la desocupación forzosa del inmueble. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 34, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, con número de registro 189344, del texto: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En tanto que, en la regla específica, se contempla como hipótesis que el juicio constitucional puede promoverse en el procedimiento de remate, siempre y cuando se combata la "última resolución" dictada en dicha etapa. Al efecto, el legislador federal fijó como definición de "última resolución" en la citada fase a la que ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la que ordena la entrega de los bienes rematados, por ser las determinaciones que conforme a la ley se cumple la condena de pago impuesta en la sentencia definitiva. Ello se traduce en un límite a la procedencia del juicio constitucional, pues será hasta que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De manera que la intención del legislador es restringir la procedencia del amparo indirecto, tratándose de dicha etapa, es evitar que se obstaculice innecesariamente la fase de ejecución de sentencias judiciales, protegiendo, de esta forma, el derecho de acceso a la justicia, pues es hasta tales momentos que tendrán efectos todas las consecuencias del derecho sustantivo determinado a favor del accionante. Cabe señalar que esa regla de procedencia rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley cuya inconstitucionalidad se reclame, pues ese acto procesal tiene como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse. De manera que mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, o en su caso, del remate. En atención a lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario hacer una breve reproducción de los antecedentes del acto reclamado, en los cuales la quejosa manifiesta lo siguiente: ***** Como es de verse, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de siete de marzo de dos mil dieciocho en que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carillo Puerto, Quintana Roo, determinó la desocupación y entrega del bien inmueble materia del presente asunto, ello en virtud que la sentencia de origen constituye institución jurídica de cosa juzgada, por lo que es evidente que el acto reclamado fue dictado en ejecución de esta, es decir, no tiene autonomía, pues tiene como fin último el cumplimiento de la cosa juzgada, allí que dicho auto no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución en ese juicio, como lo sería aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; de tal manera que lo anterior torna improcedente la acción constitucional intentada. Se insiste, dicho acto fue dictado en vía de ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen, en la que fue condenada la demandada, aquí quejosa, hipótesis respecto de la cual, por disposición expresa del párrafo segundo, fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, solo procede el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que es dable reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución; conclusión que adquiere mayor relevancia ponderando que la aludida determinación reclamada en el juicio extraordinario, se encuentra inmersa en el procedimiento que constituye la materia de ejecución de sentencia, por lo que, al ser el presente acto de los que no gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y no ser de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; entonces, debe estarse a los supuestos contenidos en el numeral de referencia. Dicho de otra manera, en torno a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto de que se trata, el cual persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra actos dictados en ejecución de sentencia o convenio, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, pues en ese momento es factible impugnar las violaciones procesales que hayan tenido lugar antes de la última resolución, ya que por los efectos restitutorios de la sentencia de amparo, es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación relativa. Del tópico, la tesis visible en la página dos mil ciento quince, del Tomo IV, Enero de 2018, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA." Consecuentemente, admitir la demanda de amparo contra actos previos a la resolución que tenga por cumplida la condena o convenio, o establezca la imposibilidad para cumplirla, implica obstaculizar el cumplimiento de una determinación firme que es cosa juzgada, constituye la verdad legal y, por ello, su ejecución es de orden público, en acatamiento al párrafo tercero del artículo 17 constitucional. Además, la emisión del acto reclamado no afecta de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, sino que se trata de una determinación intermedia vinculada con el cumplimiento del fallo emitido en el procedimiento de origen, que constituye verdad legal, respecto de la cual, la sociedad tiene interés en que se le dé cumplimiento y por ello, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo al caso la Jurisprudencia visible en la página treinta y uno, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otra parte, resulta necesario puntualizar que si bien el juicio constitucional por regla general procede contra la "última resolución" dictada en la fase de ejecución de la sentencia o en el procedimiento de remate, existe una excepción a ese requisito pues procederá el amparo contra actos dictados en esas fases cuando sean de imposible reparación, es decir, que trasgredan derechos sustantivos del quejoso, siempre y cuando sean ajenos a la cosa juzgada. De igual manera, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que serán actos de esa naturaleza aquellos que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse, por haberse consumado la violación al derecho del que se trate. Sirve de apoyo al caso la tesis visible en la página nueve, del Tomo XX, Octubre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así, un derecho sustantivo es el que se deriva de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. En este contexto, son de imposible reparación los actos que puedan afectar derechos fundamentales de índole sustantiva destinados a regir al exterior del juicio, como la propiedad, la integridad personal, la libertad, entre otros. En esos supuestos, el carácter irremediable del acto procesal estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en los derechos materiales del interesado. A manera de ejemplo se citan la interlocutoria que desestima de carácter firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa que tienda a detener o a interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción pago o la de prescripción del derecho de ejecución, o bien, la interlocutoria de apelación que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial. Por lo tanto, se afirma que el acto señalado como reclamado en la demanda que se analiza no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, acota la procedencia el juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado; declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente, es decir, no goza de autonomía frente a la cosa juzgada, más bien, persigue como fin último, precisamente el cumplimiento de esta. En ese tenor, se desecha de plano la demanda que nos ocupa, se reitera, en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que no constituye el último acto de ejecución en el juicio natural (última resolución), y en consecuencia, la parte quejosa, aún se encuentra en aptitud de impugnar todas las determinaciones que a su estimación se tilden como violaciones de derechos humanos en su perjuicio, en el momento en que se dicte la última resolución del citado procedimiento. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, lo que deberá efectuarlo dentro del plazo a que se contrae el arábigo 24 de la misma legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

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