Minerva del Carmen Fraga Vega

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
38
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Minerva del Carmen Fraga Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 7061/2022, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el cual adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria de veintisiete de octubre del año en curso, en el conflicto competencial 14/2022; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve. "... ÚNICO. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de Baja California es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Minerva del Carmen Fraga Vega, radicado con el expediente 423/2022..." Ahora bien, tomando en consideración que el citado Tribunal de Alzada declaró legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de Baja California; en consecuencia, apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que por auto de doce de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa y que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; por lo que únicamente se conservará la demanda, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y, en su caso, las resoluciones recurridas; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el sobre devuelto por la oficina de Correos de México, con sede en esta ciudad, por medio del cual se devuelve el oficio número 21872/2022, mediante el cual se le notifica a la autoridad responsable TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO; el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que aparece la leyenda: "LA AUTORIDAD NO CORRESPONDE AL NUMERO CITADO"; por tanto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, líbrese un nuevo oficio vía correo electrónico, el cual deberá enviarse a maria.francisco@imss.gob.mx, a través del cual se le notifica el contenido del proveído antes mencionado, dictado por este órgano federal, lo anterior; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 38382, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual devuelve a este órgano jurisdiccional, el original del juicio de amparo número 684/2022, ello en atención a que ese juzgado no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, de la demanda de amparo promovida por Minerva del Carmen Fraga Vega, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron el proveído que se dictó al respecto, dado que el acto reclamado en esencia, es la negativa de proporcionar a la quejosa atención médica integral respecto del tratamiento para la esquizofrenia que le fue diagnosticada, en especial, del medicamento clozapina tabletas 100 mg; y, en general, todos los medicamentos prescritos por sus médicos, de manera permanente e ininterrumpida; por lo cual, si bien, se trata de un acto negativo u omisivo, no debe perderse de vista que, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades responsables, pertenecientes al sector salud, están obligadas a proporcionar atención medica en favor de la quejosa, razón por la cual, es inconcuso que existe un vínculo indisoluble entre: 1. La obligación del Estado de proporcionar atención médica; 2. La omisión de proporcionar ese servicio público; y, 3. La afectación del derecho fundamental de salud en el supuesto de que no se proporcione o se proporcione de manera deficiente; y, corolario de lo anterior, es evidente que debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que debe prestarse la atención médica, porque indefectiblemente esa omisión debe tener ejecución material. Sin que sea obstáculo que, si bien, por auto de doce de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda, ello obedeció a que los actos omisivos o negativos atribuidos a las autoridades sanitarias señaladas en el escrito inicial de demanda se ejecutaban -en ese momento- en la circunscripción territorial en que este órgano ejerce jurisdicción; no obstante lo anterior, como se dijo, por proveído de dieciocho de agosto del año en curso, la autorizada en términos amplios de la quejosa Minerva del Carmen Fraga Vega, realizó ampliación de demanda respecto de nuevas autoridades responsables, a saber, Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 19 y, Encargado de la Farmacia de la Unidad de Medicina Familiar Número 19, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tijuana, Baja California; lo anterior, con la premisa fundamental de que la inconforme cambió su domicilio particular a la ciudad de Tijuana, Baja California, por cuestiones personales, razón por la cual, con ese cambio de situación jurídica respecto al lugar de residencia de la parte quejosa, es inconcuso que el lugar de ejecución de los actos reclamados, en la actualidad, se verificará en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo tanto, se considera que es al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, es el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, pues el acto reclamado debe tener ejecución en dicha circunscripción territorial que es en donde, a la fecha, debe ser atendida la parte quejosa con relación al padecimiento que ostenta; por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, puesto que, los efectos y consecuencias de los actos reclamados tendrán su ejecución material en dicha localidad. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.". Y la tesis, visible en la página 73, Tomo 217-228, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado.". Habida cuenta que, de esa manera, en aras de salvaguardar el derecho a la salud de la quejosa Minerva del Carmen Fraga Vega, previsto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estimó que el Juez de mérito estará en mejores condiciones de proveer lo conducente para lograr la eficaz atención médica de la quejosa, precisamente, por estar ubicado en el lugar en el cual dicha circunstancia -atención médica- debe acontecer y, por tanto, tiene ejecución material en la actualidad. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), consultable a página 254, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de contenido siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Sentado lo anterior, esta Potestad Federal en términos de lo previsto por el artículo 48, de la Ley de Amparo en vigor, respectivamente no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y estima que no es competente para conocer del juicio de derechos fundamentales de cuenta, pues se insiste, el acto aquí reclamado tiene ejecución en Tijuana, Baja California, pues es ese el lugar en donde es donde habita la quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que a bien tenga resolver sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese vía interconexión esta determinación al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio sin número, remitido vía correo electrónico por oficio sin número, por la Encargada de Despacho de la Oficina de Servicios Jurídicos en Tijuana, Baja California, dependiente de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Tijuana, Baja California, a través del cual informa, que le fue entregado a la quejosa el medicamento clozapina 100 mg; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia de que el oficio y anexos de cuenta, remitidos vía correo electrónico, previamente han sido certificados por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio aplicado por identidad de razón que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.

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