Milton Nelson Pérez Cruz
Expediente 1070/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Milton Nelson Pérez Cruz
- Isidro Domínguez Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
...Agréguese el oficio 347/2019, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 225/2019 (54/2019-D), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual se le solicitó que en auxilio de este juzgado, ordenara a quien correspondiera para que se constituyera en los domicilios señalados de los quejosos Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, a fin de que se llevara a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor por Gilberto Álvarez Romero. Acúsese recibo. De la diligencia practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto, con sede en Zitácuaro, Michoacán, de fecha trece de marzo del mes y año en curso, en cumplimiento a la requisitoria número 51/2019, ordenada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que los quejosos Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, ratificaron la demanda promovida a su favor por Gilberto Álvarez Romero, asimismo autorizaron en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al citado Gilberto Álvarez Romero. Por otro lado, como en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso este juzgado federal se reservó proveer lo relativo a la ratificación de la demanda en relación a los diversos quejosos Isidro Domíngues Ponce y Osvaldo Coria Cruz, en tanto los citados Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, ratificaran o no el aludido libelo constitucional, y toda vez que esto ya aconteció acuérdese lo procedente. Ahora bien, como en el oficio número 64/2019, del once de enero del año en curso, el Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Municipal, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, se advierte que los citados quejosos Isidro Domíngues Ponce, Osvaldo Coria Cruz, Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, el diez de diciembre de dos mil dieciocho ingresaron al área de barandilla del centro de retención y resguardo para personas infractoras, dependiente de la citada secretaría, en donde una vez que cubrieron las multas por concepto de faltas administrativas ante la Tesorería de ese Ayuntamiento, según se advierte de los recibos de pago con número de folio 00133, 00134, 00135 y 00136, así como de las boletas de resguardo de objetos personales de los quejosos en alusión, que en copia certificada acompaña al oficio de mérito. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Es así, ya que para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, Gilberto Alvarez Romero, promovió juicio de amparo a favor de Isidro Domíngues Ponce, Osvaldo Coria Cruz, Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, contra actos del Fiscal Regional del Oriente con sede en Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades, consistente en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS: De las autoridades mencionadas la detención ejecutada en contra los quejosos por conducto de sus subordinados o elementos a su cargo, sin que existan llenadas las formalidades de ley. Asimismo, menciono que los actos reclamados, vulneran flagrantemente en perjuicio del quejoso, el contenido literal de los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución General de la República. ".IGNORO PORQUE FUE PRIVADO DE SU LIBERTAD MI HIJO, YA QUE NO SABEMOS NADA DE SU PARADERO, y desde esa hora hasta hoy en día, mantiene al detenido incomunicado y, tal vez, sujeto a tortura, palos y azotes en su persona; y que temo ya por sus vidas." Lo anterior es así en razón a que de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, procedió a dejar en libertad a los aquí quejosos con motivo del pago de las multas que por concepto de faltas administrativas cada de uno de ellos cubrió, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, es así en razón a que, los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la detención, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, fueron puestos en libertad a cubrir las multas por faltas administrativas, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que los peticionarios de amparo ratificaron la demanda en sus domicilios particulares, según se advierte de las diligencias respectivas, sin en ella manifestaran que hubieran sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y autorizando para tal efecto a Gilberto Álvarez Romero, sin embargo no gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no localizó la cédula profesional correspondiente que lo acredite como licenciado en derecho, lo anterior, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, por ser el asunto de naturaleza penal. Finalmente, se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". ...
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio 347/2019, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 225/2019 (54/2019-D), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual se le solicitó que en auxilio de este juzgado, ordenara a quien correspondiera para que se constituyera en los domicilios señalados de los quejosos Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, a fin de que se llevara a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor por Gilberto Álvarez Romero. Acúsese recibo. De la diligencia practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto, con sede en Zitácuaro, Michoacán, de fecha trece de marzo del mes y año en curso, en cumplimiento a la requisitoria número 51/2019, ordenada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que los quejosos Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, ratificaron la demanda promovida a su favor por Gilberto Álvarez Romero, asimismo autorizaron en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo al citado Gilberto Álvarez Romero. Por otro lado, como en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso este juzgado federal se reservó proveer lo relativo a la ratificación de la demanda en relación a los diversos quejosos Isidro Domíngues Ponce y Osvaldo Coria Cruz, en tanto los citados Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, ratificaran o no el aludido libelo constitucional, y toda vez que esto ya aconteció acuérdese lo procedente. Ahora bien, como en el oficio número 64/2019, del once de enero del año en curso, el Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Municipal, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, se advierte que los citados quejosos Isidro Domíngues Ponce, Osvaldo Coria Cruz, Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, el diez de diciembre de dos mil dieciocho ingresaron al área de barandilla del centro de retención y resguardo para personas infractoras, dependiente de la citada secretaría, en donde una vez que cubrieron las multas por concepto de faltas administrativas ante la Tesorería de ese Ayuntamiento, según se advierte de los recibos de pago con número de folio 00133, 00134, 00135 y 00136, así como de las boletas de resguardo de objetos personales de los quejosos en alusión, que en copia certificada acompaña al oficio de mérito. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Es así, ya que para que la referida causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado, Gilberto Alvarez Romero, promovió juicio de amparo a favor de Isidro Domíngues Ponce, Osvaldo Coria Cruz, Octavio Pérez Cruz y Milton Nelson Pérez Cruz, contra actos del Fiscal Regional del Oriente con sede en Zitácuaro, Michoacán, y otras autoridades, consistente en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS: De las autoridades mencionadas la detención ejecutada en contra los quejosos por conducto de sus subordinados o elementos a su cargo, sin que existan llenadas las formalidades de ley. Asimismo, menciono que los actos reclamados, vulneran flagrantemente en perjuicio del quejoso, el contenido literal de los artículos 14, 16, 19 y 22 de la Constitución General de la República. ".IGNORO PORQUE FUE PRIVADO DE SU LIBERTAD MI HIJO, YA QUE NO SABEMOS NADA DE SU PARADERO, y desde esa hora hasta hoy en día, mantiene al detenido incomunicado y, tal vez, sujeto a tortura, palos y azotes en su persona; y que temo ya por sus vidas." Lo anterior es así en razón a que de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copia certificada a su comunicado de cuenta, se advierte que la autoridad de mérito, con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, procedió a dejar en libertad a los aquí quejosos con motivo del pago de las multas que por concepto de faltas administrativas cada de uno de ellos cubrió, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, es así en razón a que, los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la detención, incomunicación y actos de tortura, también lo es que con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, fueron puestos en libertad a cubrir las multas por faltas administrativas, como se aprecia de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, y lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo que dio origen a este expediente, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. Lo anterior, aunado a que los peticionarios de amparo ratificaron la demanda en sus domicilios particulares, según se advierte de las diligencias respectivas, sin en ella manifestaran que hubieran sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y autorizando para tal efecto a Gilberto Álvarez Romero, sin embargo no gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, no localizó la cédula profesional correspondiente que lo acredite como licenciado en derecho, lo anterior, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, por ser el asunto de naturaleza penal. Finalmente, se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". ...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio número 328/2019, suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado federal en proveído de catorce del mes y año en curso, informa sobre los trámites que se encuentra realizando a fin de llevar a cabo el desahogo de la diligencia encomendada en el despacho 225/2019 (54/2019-D), del índice de este juzgado; lo anterior para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el cuatro de enero de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo ahí previsto manifestara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables bajo el nombre de FISCALES DE TEMPRANA ATENCIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA REGIONAL DE ZITÁCUARO, COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ADSCRITO A LA FISCALÍA REGIONAL ORIENTE y COORDINADOR DE LA POLICÍA DE LA FUERZA MICHOACANA, todos con residencia en Zitácuaro, Michoacán, y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de tres días que tuvo la misma para manifestar lo que a su interés conviniera, sin que lo hiciera, es decir, sin que precisara su denominación correcta; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y, por tanto, se deja de tener a dichas autoridades como responsables dada su inexistencia. Por otro lado, agréguese el oficio 206/2019, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 66/2019 (16/2019-D), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del cual se le solicitó que en auxilio de este juzgado, comisionara al Actuario de su adscripción para que se constituyera en los domicilios de los quejosos OCTAVIO PÉREZ CRUZ, MILTON NELSON PÉREZ CRUZ, ISIDRO DOMÍNGUES PONCE y OSVALDO CORIA CRUZ, a fin de llevar a cabo la ratificación de la demanda promovida a su favor por Gilberto Álvarez Romero. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En ese orden de ideas, de las diligencias practicadas por el Actuario adscrito al aludido Juzgado auxiliar, de fechas cinco y seis de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que únicamente los quejosos ISIDRO DOMÍNGUES PONCE y OSVALDO CORIA CRUZ, ratificaron la demanda promovida a su favor por Gilberto Álvarez Romero, asimismo autorizaron en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, al citado Álvarez Romero, quien únicamente podrá imponerse de los auto, pero no gozara de las amplias facultades que confiere dicho numeral, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por tanto, resérvese proveer lo conducente respecto de la ratificación de los mencionados quejosos, en tanto los diversos OCTAVIO PÉREZ CRUZ y MILTON NELSON PÉREZ CRUZ, ratifiquen o no el aludido libelo de garantías. Ahora bien, tomando en consideración que el Actuario adscrito al juzgado auxiliar emplazó (sic) a juicio a los diversos quejosos OCTAVIO PÉREZ CRUZ y MILTON NELSON PÉREZ CRUZ, y no los requirió para que manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo en trato; en consecuencia. con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por su numeral 2°, de nueva cuenta gírese por cualquier medio que permita su ágil recepción, atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en los domicilios de los quejosos ubicados en: Octavio Pérez Cruz, en Avenida Morelos, número 4, en la Tenencia de Lázaro Cárdenas del Municipio de Jungapeo, Michoacán. Milton Nelson Pérez Cruz en la Tenencia de Lázaro, Cárdenas, Municipio de Jungapeo, Michoacán. A fin de que se lleven a cabo la ratificación de la demanda presentada a su favor por Gilberto Álvarez Romero, la cual sustancialmente dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES: como ordenadoras menciono, al C. FISCAL REGIONAL DEL ORIENTE CON SEDE EN ZITACUARO MICHOCAN, AL LOS FISCALES DE TEMPRANA ATENCION ADSCRITOS A LA FISCALIA REGIONAL DE ZITACUARO MICHOACAN, AL COMANDANYE (sic) DE LA POLICIA MINISTERIAL ADSCRITO A LA FISCALIA REGIONAL REGION ORIENTE CON SEDE EN ZITACUARO MICHOACÁN QUIEN TIENEN SU DOMICILIO EN LA TENECIA (sic) NICOLAS ROMERO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA REGIONAL DEL CENTRO DE RESECION (sic) SOCIAL, DE ZITACUARO MICHOACÁN. C. DIRECTOR DE LA FUERZA MICHOACANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Así como al SECRETARIO DE LA FUERZA MICHOACANA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, Ambas autoridades, tiene su RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN. Tienen su domicilio en Avenida Madero S/N AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON SEDE EN JUNGAPEO MICHOACÁN, QUIEN TIENE SU DOMICILIO en Emiliano Zapata S/ N de Jungapeo Michoacán, AL DIRECTOR DE SEGURIDA PUBICA CON SEDE ZITACUARO MICHOACAN, Quien tiene su domicilio en La Carretera Zitácuaro Morelia Michoacán. ASI COMO Al CORDINADOR DE LA POLICIA DE LAFUERZA MICHOACANA, CON DOMICLIO EN LA CARRETERA TOLUCA ZITACUARO DE LA COMUNIDAD DEL POLVORIN. AUTRORIDADES ORDENADORAS. IV.- ACTOS RECLAMADOS y GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS: De las autoridades mencionadas, la detención ejecutada en contra los quejosos por conducto de sus subordinados o elementos a su cargo, sin que existan llenadas las formalidades de ley. Asimismo, menciono que los actos reclamados, vulneran flagrantemente en perjuicio del quejoso, el contenido literal de los artículos 14, 16, 19, y 22 de la Constitución General de la República. IV.- FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS: El día Lunes 10 diez de Diciembre del año en curso en el transcurso de la mañana en Jungapeo, Michoacán, ya antes mencionada con lujo de violencia los Policías de la Fuerza Michoacana, y/o Policía Ministerial levantaron a los cuatro quejosos de la calle principal de la tenencia Lázaro Cárdenas así como a los dos primeros mencionados los interceptaron en la carretera Tuxpan Zitácuaro, sin ninguna orden de detención o fragancia delito, y sin hasta el momento tener una información. Bajo protesta de decir verdad, manifiéstanos a usted que los hechos que a continuación describiremos me constan e integran los antecedentes del acto que reclamo de cuya literalidad podrá advertirse que el mandamiento de localización, presentación, arresto, captura o arraigo es conculcatorio de los preceptos señalados, tal y como se verá a continuación. ANTECEDENTES ÚNICO.- Resulta que hoy siendo como las 10:00 am llegaron a las Tenencia Lázaro Cárdenas Los Elementos de la PLICIA MICHOACANA Y LEVANTARON A LOS C. ISIDRO DOMICNGUES (sic) MPONCE (sic) Y OSVALDO CORIA CRUZ, ASI COMO EN LA CRRETERRA QUE CONDUCE A TUXPAN- Zitácuaro, conducían su vehículo auto motor terrestre EL C. MILTON ACOPAMPAÑADO DEL SU HERMANO OCTAVIO, CUANDO EN ESO LES HICIERON EL ALTO Y LOS PARRARON PARA ENTONCES, fueron golpeado sin ninguna orden de detención o localización, por lo anteriormente mencionados sin ningún argumento. cuando en los momentos que se encontraba en su domicilió particular, lo subieron a la Camioneta de la Policía Michoacana esos les marcaron el alto una patrulla de la POLICIA DE LA FUERZA MICHOACANA Y sin medir palabras se los subieron a la patrulla y se los llevaron sin saber su paradero, y así hasta en estos momentos lo han tenido incomunicados ya que no nos han dado acceso a saber nada de ellos ya que por una falsa acusación o abuzo (sic) de la autoridad ya antes señalada los privaron de su libertad. Y que son personas que se dedican a trabajar en el campo y son originarios de La Tenencia de Lázaro Cárdenas DEL MUNICIPIO DE JUNGAPEO MICHOACÁN, Y QUE IGNORO POR QUE FUE PRIVADO DE SU LIBERTAD DE MI HIJO. YA QUE NO SABEMOS NADA DE SU PARADERO, y desde esa hora hasta hoy en día, mantiene al detenido incomunicado y, tal vez, sujeto a tortura, palos y azotes en su persona; y que temo ya por sus vidas. Así las cosas, los actos que he mencionado como reclamados que se están cometiendo actualmente por las autoridades que señalo como responsables ordenadoras y ejecutoras, resultan violatorios de las Garantías Individuales del quejoso.". En la inteligencia de que el Actuario adscrito al órgano auxiliar de referencia deberá requerir a los quejosos para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al de la notificación del presente proveído, manifiesten por sí o a través de su representante si ratifican o no la demanda de garantías que se promueve, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado. Asimismo, deberá requerirlos para que señalen domicilio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente juicio, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se practicarán por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor. De igual forma, en caso de que dichos agraviados ratifiquen la demanda de amparo promovida a su favor, deberá requerirles a efecto de que precise si es su deseo señalar a GILBERTO ÁLVAREZ ROMERO, como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón a que el carácter con el que promueve el presente asunto es provisional, de conformidad con el numeral 15 de la Ley de la materia, el cual deja de surtir efectos cuando la persona a cuyo nombre se llevó a cabo la solicitud de protección constitucional, se encuentre en aptitud de continuar el juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, la aludida representación provisional del promovente del amparo dejará de surtir efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada del entonces Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 370, Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PERSONALIDAD PROVISIONAL EN EL AMPARO. Cuando el promovente del juicio de garantías, no es la parte quejosa por la imposibilidad del agraviado para firmar la promoción al encontrarse incomunicado, debe decirse, que esta representación tiene el carácter de provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual deja de surtir efectos cuando a la persona a cuyo nombre se llevó a cabo la solicitud de protección constitucional, se encuentre en aptitud de continuar el juicio de amparo". Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecinueve, el licenciado Luis Fernando Arreola Villa funge como Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo tomado en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de seis de febrero de la misma anualidad, así como lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para que manifiesten lo que a su parte corresponde, respecto de las causas de impedimento que pudieran hacerse valer en términos del numeral 52 de la Ley de Amparo en vigor. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". ...
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