Mildred Zoila Ortíz Cruz

Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Mildred Zoila Ortíz Cruz
  • Julia América Narcia Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa ******************** ********************, en atención a su contenido, dígase que respecto a su solicitud de copias, se esté a lo acordado en el auto de dieciocho de agosto del año en curso, en el que se ordenó la expedición de copias, siempre y cuando obren agregadas dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por conducto de las personas que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que obre en autos. Sin embargo, en atención al esquema de trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020, hágase de su conocimiento que por el momento, el servicio de fotocopiado (que es un servicio independiente de los órganos jurisdiccionales) maneja determinados horarios para que los justiciables pueden sacar las copias de los expedientes que solicitan, por lo que se le autoriza desde este momento el uso de medios electrónicos (celulares, cámara fotográfica, etc.) para el efecto de capturar, en lugar de fotocopiar, las constancias que solicita. Finalmente, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micro sitio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Mildred Zoila Ortíz Cruz y Julia América Narcia Olivares, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridades responsables Oficial Encargado del Registro Civil, Boca del Río, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben: "...a) Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la respuesta negativa contenida en el oficio número 204/2021 de dos de agosto de dos mil veintiuno, respecto de la solicitud que le fue formulada para que las quejosas Mildred Zoila Ortíz Cruz y Julia América Narcia Olivares contrajeran matrimonio y, b) Emita otra respuesta en la que se pronuncie sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, en la parte que dispone: "[.] El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer [.]". Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten el cumplimiento y su ejecución; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    En seguida, se dicta el Juez procede a dictar sentencia: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 621/2021, yRESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta localidad el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, turnado al día siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, las quejosas promovieron juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 7). SEGUNDO. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 9 a 13). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 17) la constancia de notificación a la Representación Social de la Federación adscrita en su carácter de tercero interesado (foja 16) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 26) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, pues se reclama un acto que desatiende el mandato constitucional que prohíbe la discriminación y afecta directa e irreparablemente, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La negativa de la autoridad responsable de permitir a las quejosas contraer matrimonio, como se aprecia en el oficio 204/2021, de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, notificado el día tres de ese mismo mes y año, indicando que se encuentra impedida para celebrar nupcias entre parejas del mismo sexo. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al 1. Oficial Encargado del Registro Civil en Boca del Río, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 17). Además, dicha certeza se corrobora con el documento exhibido por la propia autoridad responsable y por las quejosas junto con su escrito de demanda (fojas 8 y 21) relativo al oficio número 204/2021 mediante el cual el citado Encargado del Registro Civil informó a las quejosas el impedimento existente para celebrar su matrimonio. Documentales a la que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2°, al tratarse de documento expedido por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia, ni se advierte de oficio la existencia de alguna; por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se omite pues no existe disposición que lo exija. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el motivo de inconformidad que esgrimen las impetrantes de amparo, al sostener que la negativa de la responsable a autorizar la celebración de su matrimonio, fundándose en que el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, que únicamente permite esta unión entre un hombre y una mujer, es discriminatorio por darles un trato diferenciado a situaciones que gozan del mismo estatus jurídico como son las familias homoparentales y las heteroparentales, lo que del mismo modo afecta su derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación a la figura del matrimonio, en franca vulneración a los artículo 1 y 4 de la Carta Magna. PREMISAS NORMATIVAS En principio, conviene establecer las siguientes premisas que servirán de respaldo al suscrito juzgador para otorgar el amparo solicitado. Como primer punto de aproximación, es oportuno precisar que los quejosas no combaten como acto reclamado en específico la inconstitucionalidad del artículo 75 del Código Civil del Estado en que se funda el acto reclamado; de ahí que no se analizará si dicho precepto es constitucional o inconstitucional, por lo que el acto reclamado se analizará por vicios propios, al impugnarse la negativa de la autoridad de acceder a celebrar su matrimonio civil, aplicando de manera literal y estricta el contenido de dicho precepto, que a juicio de las quejosas, trastoca sus derechos humanos. El citado numeral señala lo siguiente: "Artículo 75.- El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil." De dicha disposición legal, en lo que al caso interesa, se extrae que la legislación civil del Estado define a la institución del matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer; es decir, su interpretación literal revela que excluye la posibilidad de la unión entre personas del mismo sexo. Al respecto, es menester referirse al contenido de los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establecen: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." [.] Lo resaltado el propio de esta sentencia. "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos [.]" Los preceptos transcritos establecen, en esencia, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, que su ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la propia ley; prevé también las interpretaciones conforme al principio pro persona, de las normas relativas a los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas y, estatuye el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Por su parte, los artículos 1.1, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. [.]" "Artículo 17. Protección a la Familia 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes [.]" "Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Lo resaltado es propio de esta resolución. De los numerales reproducidos se obtiene que los Estados parte están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana invocada; lo que implica garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Asimismo, reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, sin afectar al principio de no discriminación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que este tipo de normas, que limitan a la institución del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, es discriminatoria en razón de la preferencia sexual y, por ende, violatoria de los derechos humanos y principios de igualdad protegidos por la Constitución Federal y los instrumentos internacionales. Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN Como se adelantó en el presente caso resulta fundado el concepto de violación señalado por las quejosas consistente en que la negativa a autorizar su matrimonio con fundamento en el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, resulta discriminatorio en términos de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratados internacionales de los que nuestro país es integrante. En efecto, nuestro máximo tribunal ha sostenido que una ley establecida en dichos términos impide a las personas que tomen decisiones fundamentales en su vida y en su identidad, ya que hace una distinción con base en la preferencia sexual de las personas, que se traduce en la exclusión arbitraria de las parejas homosexuales del acceso a la institución matrimonial; es decir, que con base en leyes de esa naturaleza, no reconoce el derecho y la posibilidad de que, de así decidirlo eventualmente, las personas de orientación homosexual, accedan a la institución del matrimonio, contrario a lo que sucede con las personas heterosexuales que sí cuentan con esa posibilidad, pues dicho derecho se les reconoce expresamente por el orden normativo local. Asimismo, dicho órgano colegiado ha asumido la postura de que el derecho a casarse no sólo implica el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En este sentido, acceder al matrimonio comporta en realidad "un derecho a otros derechos". Así pues, ha precisado que en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: 1) beneficios fiscales; 2) beneficios de solidaridad; 3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; 4) beneficios de propiedad; 5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas y, 6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros y, que en ese sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio, implica tratar a las personas homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", con implicaciones negativas que incluso se proyectan al futura al negar derechos a los hijos de dichas parejas que se encuentran al alcance de uniones de miembros de sexos opuestos. Por tanto, concluyó que no existe justificación alguna racional para reconocer a las personas homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Lo anteriormente expuesto, tiene sustento en el contenido de las ejecutorias de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 84/2015 (10a.) y 1a./J. 86/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya aplicación es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; criterios que literalmente dicen: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. Las normas civiles que definen al matrimonio como el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer", y/o que establecen entre sus objetivos que "se unen para perpetuar la especie", prevén una distinción implícita entre las parejas conformadas por personas heterosexuales y las conformadas por personas homosexuales, pues mientras a las primeras se les permite el acceso al matrimonio, a las segundas se les niega esa posibilidad. Así, para poder establecer si existe una distinción implícita no es suficiente saber quiénes tienen el poder normativo en cuestión, sino conocer qué se les permite hacer a esas personas. Aunque este tipo de normas concedan el poder normativo para casarse a cualquier persona, con independencia de su preferencia sexual, si ese poder únicamente puede ejercitarse para contraer matrimonio con alguien del sexo opuesto, es indudable que sí comportan en realidad una distinción basada en las preferencias sexuales, porque una persona homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene una persona heterosexual, si niega su orientación sexual, lo que es precisamente la característica que lo define como tal. De lo anterior se concluye que este tipo de normas se encuentran basadas implícitamente en una categoría sospechosa, toda vez que la distinción que trazan para determinar quiénes pueden utilizar el poder normativo para crear un vínculo matrimonial se apoya en las preferencias sexuales de las personas, las cuales constituyen uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución." "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales." Ahora bien, dado que en el caso concreto, las quejosas se duelen de la negativa del Oficial Encargado del Registro Civil de Boca del Río, Veracruz, en relación a la solicitud que le formularon para contraer nupcias (foja 20) fundada principalmente en lo dispuesto por el artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, cuya interpretación literal, es inconvencional, por instituir un trato discriminatorio a las personas, para acceder al matrimonio en función de su orientación sexual; entonces, es claro que la determinación negativa que se reclama infringe el derecho a la no discriminación previsto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1.1, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pugnan por la eliminación de la discriminación no sólo de preferencias sexuales, sino de sexo y género, pues debe preverse que al encontrarse en situaciones de igualdad, ambas personas deberán ser tratados de igual manera, aunado a que les brinda seguridad jurídica, pues no las priva de acceder a un beneficio, o bien, soportar un perjuicio desigual e injustificado, como en el caso, resulta la imposición de contraer matrimonio sólo entre un hombre y mujer. CONCLUSIÓN Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Mildred Zoila Ortíz Cruz y Julia América Narcia Olivares; contra el acto reclamado al 1. Oficial Encargado del Registro Civil en Boca del Río, Veracruz. EFECTOS Protección constitucional que se concede para que la citada autoridad responsable: a) Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la respuesta negativa contenida en el oficio número 204/2021 de dos de agosto de dos mil veintiuno, respecto de la solicitud que le fue formulada para que las quejosas Mildred Zoila Ortíz Cruz y Julia América Narcia Olivares contrajeran matrimonio y, b) Emita otra respuesta en la que se pronuncie sobre la solicitud de contraer matrimonio que le fue planteada, sin aplicar el trato discriminatorio que emana del artículo 75 del Código Civil del Estado, en la parte que dispone: "[.] El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer [.]". En el entendido de que la concesión del amparo obliga a la responsable a que, al momento en que provea sobre la solicitud de los amparistas, observe los principios de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente resolución, pero con la precisión de que esto no releva a las impetrantes de cumplir con los diversos requisitos que la ley exige tales como la edad, estado civil, etcétera, siempre que no se relacionen con el acto de discriminación aquí declarado inconstitucional. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mildred Zoila Ortíz Cruz y Julia América Narcia Olivares; respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de tres días hábiles que establece el artículo 118 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con el informe justificado rendido por el Oficial Encargado del Registro Civil, con sede en Boca del Río, Veracruz, en proveído de veintitrés de agosto pasado, fenece el treinta de agosto de la presente anualidad. En esas condiciones, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

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