Miguel Paulino Castañeda
Expediente 212/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Miguel Paulino Castañeda
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de abril de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede, se advierte que el cuatro de abril del año actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de diecisiete de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica a la parte quejosa el siguiente acuerdo: Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida conjuntamente por Miguel Paulino Castañeda, Elsa Castañeda Vázquez y Gilberto Méndez Solís, contra actos del Tribunal Unitario Agrario número Cuarenta, con residencia en San Andrés Tuxtla; Veracruz. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 212/2023; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos a Miguel Paulino Castañeda, sin perjuicio de que con posterioridad, sea sustituido por otro. DESECHAMIENTO Con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en la medida que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el disímil 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa impugna el acto consistente en: "IV.-ACTO RECLAMADO: a) De la autoridad responsable reclamo el acuerdo segundo de fecha 22 de febrero de 2023, mismo que fue dictado en la celebración de la audiencia de ley de la misma data, actos que se encuentran en actuaciones del expediente 387/2022 del índice del Tribunal Unitario Agrario número 40 con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz." En la cual se determinó no reconocerles la personalidad con la que se ostentaron al comparecer el juicio. Respecto del cual el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el disímil 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso; pues existía la posibilidad de obtener una sentencia favorable a sus intereses en la resolución que se emitiera en el juicio de origen o, en su caso, podía impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que pudiera promover contra la resolución de fondo que se llegara a emitir en el juicio de origen. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Nuestro máximo tribunal ha establecido que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por lo que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones se encuentran en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese sentido, los actos de imposible reparación susceptibles de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, como son: la integridad personal, la libertad, la propiedad, por mencionar algunos; mas no los que afecten derechos adjetivos o procesales, pues éstos pueden verse reparados con la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del cual emana. Es así, ya que no todos los actos intraprocesales pueden ser reclamados en amparo indirecto, sino solo en casos excepcionales, porque ello entorpecería la tramitación del procedimiento correspondiente, impidiéndose así que la justicia sea pronta y expedita, en la medida en que podrían promoverse tantos juicios de amparo indirecto como violaciones procesales se estimaran cometidas. Ahora bien, los quejosos, aquí recurrentes señalaron como acto reclamado la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, de fecha veintidós de febrero del presente año, en la cual no les reconoció la personalidad con la que se ostentaron a comparecer el juicio agrario de origen y entre otras cosas se acordó: ".atendiendo a que no se encuentran legalmente representados la asamblea de ejidatarios del poblado El Nigromante, municipio de Playa Vicente, Veracruz, Tal como lo establece los artículos 32 y 33 fracción I de la Ley Agraria, SE LES TIENE POR PERDIDO SU DERECHO a contestar la demanda, así como para ofrecer pruebas, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria." Por tanto, es evidente que constituye un acto procesal dentro de juicio, ya que es una actuación que fue dictada durante el trámite y desarrollo de un procedimiento agrario. Además, debe calificarse como intraprocesal, porque, de conformidad con los antecedentes narrados por los quejosos, al momento de su emisión no se había pronunciado determinación de fondo. De ahí que no existe en este momento un acto definitivo que provoque un agravio actual, personal y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que se trata de un acto intermedio, que solo repercute en el ámbito procesal de la parte quejosa, ya que con independencia de sus efectos intraprocesales, los quejosos aún está en posibilidad de obtener una resolución favorable al final del procedimiento, que torne intrascendente la violación que pudiera derivarse del acto reclamado. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 377/2013, analizó la naturaleza de las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios, y concluyó en el criterio "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", antes citado, que ese tipo de decisiones tienen efectos meramente procesales y no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que solo generan la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influyan para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito. Entonces, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en el sentido de que el tipo de resoluciones que resuelven los temas de personalidad en los juicios ordinarios -como el aquí reclamado-, no son actos reclamables en amparo indirecto por afectar solo derechos procesales; entonces, no existe duda de la actualización de la causa de improcedencia que se analiza de oficio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (esta última aplicada en sentido contrario) ambos de la Ley de Amparo. Además, el hecho de que conforme al nuevo contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, se excluyan de la vía biinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo constituya un recurso ilusorio, en tanto que, a través de la impugnación de la resolución final del procedimiento que ha de decidir sobre el depósito solicitado, el gobernado cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el juez de Distrito, con fines dilatorios. Cabe precisar que la causal de improcedencia invocada se estima probada de modo manifiesto e indudable, ya que para su actualización no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por los amparistas, sus manifestaciones se estiman suficientes para probar la naturaleza del acto reclamado, sin necesidad de contar con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Por todo lo anterior, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con fundamento además, en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngaseles designado como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ********************e********************, puesto que sí acreditan la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se tiene a las restantes personas que cita en su escrito de demanda como autorizadas en términos del segundo párrafo del invocado artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se encontró registro de sus cédulas en el aludido Sistema Computarizado. De igual forma, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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