Milay Guadalupe Lizarraga Auzeta y otros

Expediente 141/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
141/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Milay Guadalupe Lizarraga Auzeta y otros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que envía copia de la resolución dictada en el amparo en revisión 298/2021, así como los autos de este juicio. Comuníquese a las partes que el referido tribunal colegiado determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo en términos de lo resuelto en la sentencia recurrida. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en la última consideración de esta resolución. (.)" Háganse las anotaciones respectivas y glósense sólo las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio. Archivo del asunto Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran consideradas las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que dispone el numeral 21, del referido acuerdo. Atento lo ordenado en el artículo 35 del acuerdo general aludido, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este sumario constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa en auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) DÉCIMO PRMERO. (sic) Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)" El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito debe declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 1600 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Cabe destacar que se dio vista a la quejosa con el oficio referido en el anterior párrafo mediante auto de veintisiete de enero de este año, sin que realizara señalamiento alguno. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista las certificaciones que anteceden y dado que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y dado que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que lo integran consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. DESTINO DEL JUICIO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la justicia Federal solicitada y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo sexto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que refiere el citado artículo. CUADERNOS INCIDENTALES Ahora, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada en términos de lo establecido en el acuerdo señalado en el párrafo que antecede, por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción II, inciso a) del artículo 20, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido de que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, trece de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el que informa que admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del recurso de revisión 298/2021. De lo anterior este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Asimismo, como lo solicita el Tribunal de Alzada, notifíquese por oficio a las autoridades responsables el proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de revisión referido en el párrafo que antecede, y una vez practicadas las mismas sin posterior acuerdo, remítanse las originales previa copia certificada que de estas obre en autos. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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