Miguel Servando Hernandez Lledias

Expediente 3891/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3891/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Servando Hernandez Lledias

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del presidente de la República, por el que solicita copia simple de la resolución dictada dentro del amparo en revisión 96/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase la copia que solicita la autoridad oficiante. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En otro orden, como lo solicita, se autorizan las notificaciones y consulta de este expediente vía interconexión. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, seis de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia de sobreseimiento. Vista la certificación que antecede y en atención a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y ya que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se decretó el sobreseimiento, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General antes citado; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el artículo 21 del referido Acuerdo. Destino de los cuadernos incidentales En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado en el apartado 7.5 Tratamiento del incidente de suspensión (original) punto 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de marzo de dos mil veinte y del Manual antes citado, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, debido a que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido Acuerdo General y en el Manual referido en párrafos precedentes, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada. Devolución de documentos originales. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Asimismo, atento lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que ordena la remisión de diversa promoción relativa al presente juicio de amparo. Por tanto, con la promoción remitida, se procede a acordar lo siguiente: Visto el oficio remitido vía electrónica, procedente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual ordena la remisión del voto concurrente formulado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en el Amparo en revisión 7/2020 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en atención a su contenido, debido a que no fue anexado documento alguno al oficio que se provee; solicítese de la manera más atenta al Tribunal Colegiado oficiante, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir a este juzgado auxiliar, copia del voto concurrente en comento, a efecto de estar en condiciones de integrar debidamente el expediente en que se actúa. Por otra parte; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado en representación del Secretario de Gobernación, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector y al efecto informa que, en su carácter de superior jerárquico, requirió a sus respectivos subordinados el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo que este juzgado auxiliar queda debidamente enterado. En otro orden de ideas; agréguense a los autos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia; Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, (ésta última, en su denominación actual y correcta); así como el diverso oficio signado en representación de la autoridad responsable Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a través de los cuales realizan diversas manifestaciones en relación al cumplimiento del fallo protector, informan las gestiones realizadas para tal efecto y exhiben en versión ordinaria y digitalizada, diversas constancias con las cuales afirman dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 3, fracción V, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, dado que se trata de documentos digitalizados, los cuales fueron ingresados por una de las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica se tiene como si fueran presentados en original con el propósito de que produzcan los mismos efectos. No obstante lo anterior, el suscrito se reserva la posibilidad de requerir a la autoridad responsable el documento fuente, en caso de estimarlo pertinente durante la secuela del juicio de amparo en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis a. VIII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo 2021, que a la letra establece: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.48 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, página 2379, que a la letra establece: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO" De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples". Atento a ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia de los oficios de las autoridades responsables y los documentos que anexan, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que, una vez que las autoridades responsables informen el cumplimiento total de la ejecutoría de amparo, se ordenará la vista a la parte quejosa en términos del artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la presente ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan y de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia se tiene como delegados a las personas que para tal efecto designan. Asimismo; en relación a las cuentas de correo electrónico que proporcionan las autoridades responsables Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia; Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como herramienta alterna a efecto de poder entablar comunicación no procesal; en consecuencia, tómese en consideración lo anterior, en los casos en los que este juzgador lo estime necesario, a efecto de establecer el contacto respectivo con las autoridades oficiantes. En otro aspecto; atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que las claves de usuario "Leonardoaas" y "ArgeliaM", están debidamente registradas; por tanto con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 55 de los Acuerdos Generales 12/2020 y 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaría, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Asimismo; se toma conocimiento de que la Dirección General de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue fusionada con la Dirección General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo cual la denominación actual y correcta de dichas autoridades es la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En otro aspecto; agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente en representación de la autoridad responsable Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual manifiesta que, en el ámbito de su competencia no existen actos que deba realizar a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, ni en su caso, cuenta con facultades de superioridad jerárquica de diversa autoridad en el juicio de amparo en que se actúa, de lo cual, este juzgado auxiliar queda debidamente enterado. En otro orden de ideas; de una lectura integral del oficio de la autoridad responsable Comisionado del Instituto Nacional de Migración, se observa que informa diversas gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, dentro de las cuales destaca lo siguiente: "Actualmente, se está creando un sistema que se denominará SIRENNA (Sistema de Información y Registro de Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos acompañados) el cual se encuentra muy avanzado y entrará en funcionamiento en breve tiempo."; en consecuencia, a efecto de contar con mayores elementos que permitan determinar si el fallo protector se encuentra cumplido; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe la fecha en la cual entrará en funcionamiento el Sistema de Información y Registro de Niños, Niñas y Adolescentes y Adultos acompañados (SIRENNA), o en su caso, los avances y evolución que tenga al respecto, para lo cual deberá exhibir las constancias con las cuales acredite su dicho. Bajo el apercibimiento que, no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del ordinal 237, fracción I, en relación con los diversos 259 y 260 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

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