Miklos Garcia Carbo

Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 51 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
351/2020
Año
2020
Actuaciones
51
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Miklos Garcia Carbo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diez de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por tanto, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído mediante el cual se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA ************* EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Angostura, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, misma que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Guasave, Sinaloa, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 241 Bis, 241Bis C, fracciones I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan. Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. Remita las constancias con las que acredite lo anterior. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios1 de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Ahora bien, mediante oficio 2246/2021, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, presentado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, en el cual deja sin efecto el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, por el hecho que la Ley señala como delitos de violencia familiar y amenazas agraviadas, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 Bis, 241 Bis C, fraccionamiento I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal vigente en nuestra entidad federativa; señalando las trece horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para la audiencia de inicio (foja 162). Luego, mediante oficio número 2355/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a la nueve horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 160). Asimismo, mediante oficio número 2628/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las once horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno (183). Ahora bien, del oficio número 2855/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las trece horas del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 202).| Finalmente, mediante oficio número 385/2022, de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, comunicó que en fecha nueve de febrero del presente año, dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera apercibida que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsable; sin que se pronunciara al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificado. Del examen de las citadas documentales, y del audio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, remitidas por la responsable de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Primeramente dejó sin efectos el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, y emitió un nuevo auto de vinculación cumpliendo con las formalidades requeridas en la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "Conforme al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 316, 317 y 318, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Se Vincula a Proceso a ********************, por el hecho que la ley señala como delito de: I. Violencia Familiar y Amenazas, previstos y sancionados en los artículos 241 Bis, 241 Bis C fracción I y V, en relación con el numeral 173 fracción I, todos estos del Código Penal vigente del Estado de Sinaloa, que se dice cometido en contra del orden familiar, en contra de la paz y seguridad personal de Juan Luis García Ceballos. Por tanto, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que se "Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas; Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan; Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales; En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes; En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, y finalmente remita las constancias con las que acredite lo anterior". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Angostura, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, misma que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Guasave, Sinaloa, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 241 Bis, 241Bis C, fracciones I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan. Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. Remita las constancias con las que acredite lo anterior. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios1 de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Ahora bien, mediante oficio 2246/2021, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, presentado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, en el cual deja sin efecto el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, por el hecho que la Ley señala como delitos de violencia familiar y amenazas agraviadas, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 Bis, 241 Bis C, fraccionamiento I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal vigente en nuestra entidad federativa; señalando las trece horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para la audiencia de inicio (foja 162). Luego, mediante oficio número 2355/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a la nueve horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 160). Asimismo, mediante oficio número 2628/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las once horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno (183). Ahora bien, del oficio número 2855/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las trece horas del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 202).| Finalmente, mediante oficio número 385/2022, de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, comunicó que en fecha nueve de febrero del presente año, dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera apercibida que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsable; sin que se pronunciara al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificado. Del examen de las citadas documentales, y del audio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, remitidas por la responsable de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Primeramente dejó sin efectos el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, y emitió un nuevo auto de vinculación cumpliendo con las formalidades requeridas en la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "Conforme al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 316, 317 y 318, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Se Vincula a Proceso a ********************, por el hecho que la ley señala como delito de: I. Violencia Familiar y Amenazas, previstos y sancionados en los artículos 241 Bis, 241 Bis C fracción I y V, en relación con el numeral 173 fracción I, todos estos del Código Penal vigente del Estado de Sinaloa, que se dice cometido en contra del orden familiar, en contra de la paz y seguridad personal de Juan Luis García Ceballos. Por tanto, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que se "Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas; Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan; Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales; En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes; En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, y finalmente remita las constancias con las que acredite lo anterior". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ************* EL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES QUE DICE: Los Mochis, Sinaloa, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con residencia en Angostura, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, misma que el nueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en Guasave, Sinaloa, realice lo siguiente: Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 241 Bis, 241Bis C, fracciones I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan. Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales. En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes. En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. Remita las constancias con las que acredite lo anterior. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios1 de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Ahora bien, mediante oficio 2246/2021, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, presentado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, en el cual deja sin efecto el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, por el hecho que la Ley señala como delitos de violencia familiar y amenazas agraviadas, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 Bis, 241 Bis C, fraccionamiento I y V, y 173 fracción I, todos del Código Penal vigente en nuestra entidad federativa; señalando las trece horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, para la audiencia de inicio (foja 162). Luego, mediante oficio número 2355/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a la nueve horas con treinta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 160). Asimismo, mediante oficio número 2628/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las once horas del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno (183). Ahora bien, del oficio número 2855/2021, suscrito por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, hace del conocimiento que se señala nueva fecha para el desahogo de la audiencia inicial, a las trece horas del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (foja 202).| Finalmente, mediante oficio número 385/2022, de fecha catorce de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, comunicó que en fecha nueve de febrero del presente año, dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio en que se actúa; con lo anterior se le dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera apercibida que de no hacer manifestación alguna, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsable; sin que se pronunciara al respecto, no obstante de haber quedado debidamente notificado. Del examen de las citadas documentales, y del audio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, remitidas por la responsable de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en Angostura, Sinaloa, efectuó actos con los que se tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, hizo lo siguiente: Primeramente dejó sin efectos el auto de vinculación de proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, y emitió un nuevo auto de vinculación cumpliendo con las formalidades requeridas en la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: "Conforme al artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 316, 317 y 318, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Se Vincula a Proceso a ********************, por el hecho que la ley señala como delito de: I. Violencia Familiar y Amenazas, previstos y sancionados en los artículos 241 Bis, 241 Bis C fracción I y V, en relación con el numeral 173 fracción I, todos estos del Código Penal vigente del Estado de Sinaloa, que se dice cometido en contra del orden familiar, en contra de la paz y seguridad personal de Juan Luis García Ceballos. Por tanto, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que se "Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la causa penal ********************, por el hecho con apariencia de delitos de violencia familia y amenazas agravadas; Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************, personas que asistieron al imputado ********************, como defensores particulares en la audiencia respectiva, sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales en derecho y con el cuestionamiento que el Juez de Control haga al encargado de Sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con las cédulas profesionales que detentan; Después de que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de la anterior, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales; En el supuesto de que las personas que asistieron al imputado como defensores no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe al defensor público de su adscripción que asista al quejoso, otorgue al mismo el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción; y, ya sea defensor público o particular, deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que los asiste cuenta con cédula profesional y su registro. Lo que deberá quedar asentado en la videograbación, en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos del imputado. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes; En el entendido que el Juez de control deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado, y finalmente remita las constancias con las que acredite lo anterior". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

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