Miguel Urbano Mendivil Araujo

Expediente 78/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
78/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Miguel Urbano Mendivil Araujo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de doce de junio de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, del oficio suscrito por el H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Miguel Urbano Mendivil Araujo; misma que causo ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, el efecto del amparo se limitan a proteger los derechos violados de la impetrante exclusivamente, esto es, tienen efectos individuales y no generales conforme al principio de relatividad que rige el juicio de amparo, debe ser para el efecto de que la autoridad responsable: Se precisa que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, es para el efecto que el H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, en un término perentorio de cinco días emita la resolución que en derecho corresponda dentro del procedimiento administrativo ******************** Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el catorce de mayo del año en curso, el Delegado de la autoridad responsable H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitiendo resolución de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, dentro del procedimiento administrativo ******************** misma le fue notificada a la autorizada legal del quejoso Miguel Urbano Mendivil Araujo. De lo anterior se le dio vista al autorizado legal del quejoso Miguel Urbano Mendivil Araujo, con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, Sinaloa, con sede en esta ciudad, emitiera resolución dentro del procedimiento administrativo ********************; Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, en contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta suscrito por el Delegado de la autoridad responsable H. Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. De igual forma, glósese a los presentes autos el oficio de cuenta enviado por el Jefe de la Oficina de Averiguaciones Previas, Procesos Penales y Amparos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual acusa recibo del oficio 908-1B de veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    En atención al estado procesal de los autos, se desprende que no obra glosada al sumario la constancia postal que acredite que la autoridad responsable residente en Culiacán, Sinaloa, se encuentra notificada con relación al oficio 640-1B a través del cual se le remitió copia certificada de la sentencia emitida en este juicio de amparo el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable mediante oficio a fin de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comunique a este juzgado de distrito, si recibió o no el referido oficio y, en caso afirmativo, informe la fecha de su recepción; asimismo, de nueva cuenta remítasele a la autoridad responsable copia simple de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que la responsable podrá otorgar cumplimiento a lo requerido a través del fax al número telefónico 01 668 815 32 08 o, bien, del correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo conferido, se impondrá a cada uno de los omisos una multa por el equivalente de cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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