Miguelina Sánchez Rivera

Expediente 1122/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1122/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Miguelina Sánchez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este tribunal el cuatro de diciembre pasado y se avocó al conocimiento del ocurso constitucional. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Por recibido el escrito de cuenta (registro 13200], suscrito por la quejosa **********; atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte, con las que dan cumplimiento al requerimiento que se les formuló el uno de los corrientes; en consecuencia, se provee: B) Incompetencia. Ahora, analizado íntegramente el escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que el acto que reclama la impetrante consiste en:  La "ilegal orden de mantener cerrado y no ingresar al negocio de mi propiedad, ubicado en LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA de la Ciudad de San Miguel de Allende", decretada por el Agente del Ministerio Público de la Coordinación de Robo de Vehículos en esta localidad, dentro de la carpeta de investigación 118553/2017. Esto es, se duele de un acto con ejecución material en la localidad de San Miguel de Allende, Guanajuato, territorio en donde legalmente este Juzgado Federal no resulta competente; por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declina la misma a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, capital. Se explica: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante en grado sumo destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así, el suscrito juzgador, estima que no se actualiza la competencia legal por territorio a favor de este Juzgado, para resolver el presente juicio, al actualizarse la primera regla de competencia mencionada dado que el acto reclamado tiene ejecución material en San Miguel de Allende, Guanajuato. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en la orden de mantener cerrado y no ingresar al negocio comercial que acorde con el dicho de la impetrante es de su propiedad, y que se encuentra localizado en el libramiento Manuel Zavala Zavala, de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, decretada por el Agente del Ministerio Público de la Coordinación de Robo de Vehículos en esta localidad, dentro de la carpeta de investigación 118553/2017. Acto de autoridad que tuvo y mantiene ejecución en San Miguel de Allende, Guanajuato, pues es en el propio inmueble en donde se resienten los efectos de dicha orden; por lo cual, sin lugar a dudas el acto de autoridad del que se duele en esta vía constitucional es de estimarse tuvo su inicio y sigue ejecutándose en ése municipio, es decir fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado Octavo de Distrito. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez." Así también, por identidad de criterio, la tesis número XIX.2o.P.T.9 L (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, registro 2005662, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con encabezado y contenido siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que el acto que se reclama en esta instancia y sus consecuencias jurídicas, tiene lugar en San Miguel de Allende, Guanajuato, la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así dado que, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en la ciudad de San Miguel de Allende. Sirve de sustento a lo anterior por mayoría de razón, la tesis visible en la página 30, del Informe de labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías bi-instancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el escrito original de demanda y aclaratorio, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en turno en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. C) Escrito registrado con el número 13227. Finalmente, glósese al sumario el segundo de los escritos presentados por la impetrante **********; sin que sea el caso proveer respecto a su contenido, pues acorde con lo decretado en líneas precedentes, la autoridad competente para ello, lo es el Juez de Distrito con residencia en Guanajuato, capital, que por turno conozca de la incompetencia planteada por esta potestad.

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