Miguel Vilchis Castro

Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
414/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Miguel Vilchis Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintitrés de octubre del año en curso, en el que este juzgado sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida dentro del término legal de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso e) de la misma legislación; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a la totalidad de las partes, en este caso, a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia; lo anterior, porque no les irroga irriga perjuicio al haberse sobreseído el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el cuaderno principal; asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se concedieron las medidas cautelares, debiéndose conservar las determinaciones relativas a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 414/2020; y, Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito acordado el ocho de septiembre de dos mil veinte, xxxxxxx demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del delegado del Ministerio Público Investigador Unidad de Tramitación Común I en Jerécuaro, Guanajuato y otra autoridad, que hicieron consistir en la orden de comparecencia, presentación, detención o citación, así como su ejecución, por estimarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; formó para tal efecto el expediente 414/2020; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; y finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos de molestia con ejecución dentro del territorio en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: ? La orden de orden de comparecencia, presentación, detención o citación librada en contra de Miguel Vilchis Castro y María del Carmen Orrala Peña y su ejecución Tercero. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. La autoridad responsable coordinador de Asuntos Jurídicos y Reglamentos de la Dirección General Jurídica y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato , al rendir su informe justificado negó la existencia de la totalidad los actos que le atribuye la parte quejosa. Asimismo, el delegado del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Unidad de Tramitación Común de Jerécuaro, Guanajuato, aceptó únicamente la existencia del citatorio reclamado, por lo que los diversos actos reclamados deben tenerse como inexistentes (comparecencia, presentación y detención). Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario, aunado a que la parte accionante únicamente acreditó la existencia de un citatorio emitido por la segunda autoridad. Así, ante la inexistencia de la totalidad de los actos reclamado al coordinador de Asuntos Jurídicos y Reglamentos de la Dirección General Jurídica y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, y por cuanto a la autoridad restante, por los actos consistentes en la orden de comparecencia, presentación y detención, así como su ejecución, 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 2 Denominación correcta de la señalada inicialmente como Secretaria de Seguridad Pública del estado de Guanajuato. con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2843 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Existencia de actos. La autoridad responsable, delegado del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Unidad de Tramitación Común de Jerécuaro, Guanajuato, al rendir su informe aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el citatorio emitido a los aquí quejosos el cuatro de septiembre de dos mil veinte, dentro de la carpeta de investigación 71065/2020, así como su ejecución. Para apoyar lo anterior, la citada autoridad remitió copia autenticada de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario (valoradas previamente), se desprenden como antecedentes relevantes de los actos reclamados los siguientes: I. El cuatro de agosto de dos mil veinte, el delegado del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Unidad de Tramitación Común de Jerécuaro, Guanajuato, inició el trámite de la carpeta de investigación 71065/2020, por el hecho señalado por la ley como delito de homicidio culposo; II. Durante la substanciación de la pesquisa, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, la Fiscalía emitió el oficio 19-UTC01, a través del cual citó a los aquí quejosos, para que se presentaran ante esa representación social el siete de septiembre siguiente; y, III. El quince de septiembre siguiente, se recabó la entrevista de xxxxxxx, al comparecer ante la representación social responsable. 3 Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305. Sexto. Causal de improcedencia y sobreseimiento. No obstante la certeza del citatorio reclamado, no se está en el caso de analizar la constitucionalidad del mismo, dado que este juzgador federal advierte que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que con las constancias allegadas al sumario, se desprende que cesaron los efectos del mismo. Se explica: El citado artículo dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/994 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de 4 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38. modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". El anterior criterio determina que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traduce en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, aun cuando se acreditó la existencia del citatorio reclamado por los quejosos, lo cierto es que acudieron ante la responsable el quince de septiembre del año en curso, a rendir su entrevista, lo cual constituía el fin último del acto tildado de inconstitucional. De lo anterior, se desprende que se cumplió el objetivo por el cual se giró citatorio a los accionantes del amparo, pues de manera voluntaria se presentaron a rendir su declaración solicitada, y por tanto, quedó satisfecho el requerimiento que en su momento fue girado a través del citatorio. En consecuencia, toda vez que en el presente juicio constitucional, el acto reclamado quedó sin efectos al haberse cumplimentado la finalidad requerida en la carpeta de investigación de origen, se ha subsanado la violación que se consideró realizada, puesto que quedó satisfecha la intervención de los quejosos solicitada en el citatorio referido, restituyéndolos así en el pleno goce del derecho violentado, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. Además, de las constancias allegada al sumario, no se advierte que se haya hecho efectivo en contra de los accionantes del amparo, el apercibimiento contenido en el citatorio reclamado. En tal contexto, y en virtud de que el acto reclamado aquí abordado dejó de surtir sus efectos, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal de improcedencia en cuestión, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo5 . Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerativos tercero y sexto de este fallo

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que aún no median ocho días entre la fecha de notificación del proveído con el cual se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y la diversa señalada para celebrar la audiencia en este juicio. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, y se fijan para su celebración las trece horas con tres minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.P.A.4 K, legible en la página 1620, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, libro 4, marzo de 2014, décima época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE."

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