Miguel Velasco Sandoval

Expediente 642/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
642/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2016

Partes del expediente

  • Miguel Velasco Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO El secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Doy fe. El secretario Lic. Faustino Rodríguez Flores. En la misma fecha, el secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores da cuenta al Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado de los autos, en específico con el acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil dieciséis a través del cual se desechó la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. DEY____ SISE_______

  2. Principal

    CUENTA. En dos de mayo de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con la demanda de amparo promovida por Miguel Velasco Sandoval, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, con número de registro 8652. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a Miguel Velasco Sandoval, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 621/2016-7, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado: El proveído de ocho de abril de dos mil dieciséis dictado dentro del expediente 383/2013 del índice de la autoridad responsable, a través del cual se autoriza la medida cautelar solicitada por la parte actora, relativo a la servidumbre de paso y, en consecuencia, requiere al aquí quejoso su cumplimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula en el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgador federal determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En efecto, en la fracción antes citada, se consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo; conforme a la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, ya que en caso contrario, el acto reclamado carece de definitividad y por consiguiente, no es reclamable en amparo. La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de medio de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de derechos fundamentales sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella. Asimismo, conviene citar la tesis número 2a. LVI/2000, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Igualmente con la finalidad de demostrar el motivo en que se basa la causa de improcedencia explicada con anterioridad, esto es, para evidenciar que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario que de ser el caso tendría el efecto jurídico-material de modificar, revocar o nulificar el desalojo impugnado, debe traerse a glosa los antecedentes del acto reclamado, que narra el promovente en su escrito inicial de demanda; y que se desprenden también de los anexos que acompaña. En fecha once de diciembre de dos mil trece, Alfonso Nungaray Aguayo, presentó demanda en contra del ahora quejoso Miguel Velasco Sandoval, demandándole entre otras prestaciones una servidumbre de paso; solicitándole a la autoridad responsable una providencia urgente consistente en el retiro de un candado metálico de la puerta que da acceso a sus predios. Seguido el juicio en sus fases procesales, el seis de abril de dos mil quince el ahora tercero interesado, presentó escrito ante la responsable a fin de que diera cumplimiento sobre la pretensión de la medida cautelar solicitada en el punto anterior. Así las cosas, a dicha petición recayó el proveído de nueve de abril del año inmediato anterior, en el que previo a determinar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, se señaló día y hora para la inspección judicial sobre la existencia de la puerta y candado, materia de litis. Contra dicho auto, el aquí quejoso promovió recurso de reconsideración, mismo que fue procedente y por tanto se negó la medida solicitada por la parte actora. Inconforme con la citada determinación el ahora tercero interesado promovió amparo indirecto, mismo que le fue concedido para el efecto de la autoridad responsable motivara su determinación. Posteriormente, el ocho de abril del presente año el Juez de origen autorizo la medida cautelar solicitada por la parte actora en su escrito primigenio y, en consecuencia requirió al amparista de mérito, su cumplimiento. El proveído aludido en el punto inmediato anterior, constituye el acto reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Es aplicable por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 27/96, perteneciente a la novena época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996, página 57; que dice: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. Pues bien, en el caso, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado, se agotan los elementos necesarios para justificar la causa de improcedencia invocada, sin que en el caso concurra alguna de las hipótesis de excepción mencionadas. En efecto, en la especie, el acto reclamado constituye una determinación emitida por un tribunal judicial, como lo es el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, dentro del expediente 383/2013; en este sentido, tal circunstancia permite establecer que, de acuerdo con la legislación que rige el procedimiento de referencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas), los autos y resoluciones dictados por el juzgador que conoce de la medida cautelar es impugnable a través de los medios de defensa que al efecto establece la legislación adjetiva mencionada. En particular, cabe destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, contempla el incidente a que se refiere el artículo 697, el cual resulta procedente en contra de las medidas cautelares; instrumento con el cual es factible obtener que la resolución reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada. En efecto, de la intelección del artículo 697 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se obtiene que el acto reclamado por el quejoso puede reclamarse en términos del procedimiento incidental previsto en la norma citada, pues textualmente dispone: Artículo 697. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental. En este contexto, de acuerdo con el precepto mencionado, se obtiene que el impetrante, antes de promover el juicio de amparo, debió promover el incidente referido en contra del acuerdo judicial mediante el cual se concedió la medida cautelar solicitada por el actor; lo anterior, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por tratarse en la especie de un procedimiento civil, en cuya materia es admisible la interposición del referido medio de impugnación legal. Asimismo, se puede constatar que el objetivo para plantear el trámite del incidente de inconformidad es modificar o revocar la medida cautelar solicitada. De ahí que la inconformidad pudo ser tramitada en forma incidental; oportunidad en la cual, el quejoso está en facultad de hacer valer los conceptos de agravio que en esta vía constitucional se esgrimen; de donde se colige la causal de improcedencia de mérito. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en las tesis relevantes que establecen: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL SÓLO COMPRENDE A SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO). Este Tribunal Colegiado se aparta parcialmente del criterio sustentado en la tesis que aparece publicada en la página 589, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL PUEDE COMPRENDER TANTO LA RESOLUCIÓN QUE LAS AUTORIZA COMO SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO).". En una nueva reflexión sobre el tema, se advierte que el arábigo 252 del enjuiciamiento civil estatal, precisa que la resolución que conceda la medida precautoria, como la correspondiente ejecución, son irrecurribles; mientras que el diverso numeral 253 de la misma ley dispone que el ejecutado puede reclamar la providencia decretada en cualquier tiempo hasta antes del dictado de la sentencia ejecutoria, mediante la tramitación de un incidente, en caso de no haberse practicado la diligencia con su persona o su representante legítimo. Es evidente que el incidente de reclamación lo instauró el legislador para que quien pudiera resultar perjudicado por vicios propios de la ejecución de una medida precautoria tenga oportunidad de combatirlos a través del procedimiento incidental mencionado, en el que no pueden alegarse aspectos atinentes al contenido de la resolución que autorizó la providencia precautoria. MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida. Aunado a lo anterior, la resolución que se dicte en la incidencia respectiva, de resultar desfavorable, admitiría aún, el recurso de apelación en términos del artículo 374 del referido Código de Procedimientos Civiles en estudio; por lo que, resulta inconcuso que previo a acudir al juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe agotar el medio de defensa (incidente de oposición) o medio de impugnación (apelación), previsto por la ley ordinaria. Todo lo anterior permite concluir que el acto combatido es de naturaleza provisional y no definitiva; pues existe la posibilidad de que sea modificado o revocado, a través del planteamiento del incidente de oposición previsto en el ordinal 687 del propio ordenamiento jurídico invocado, y todavía, en caso de ser éste desfavorable, a través del recurso de apelación. Resulta ilustrativa a lo antes expuesto, la jurisprudencia cuyo rubro y texto precisan: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Entonces, al no haber hecho valer el quejo el medio de defensa, incumplió con el principio de definitividad, sin que en el caso se advierta alguna de las hipótesis para eximirlo del cumplimiento a ese requisito, dado que la procedencia del recurso contra el auto que combate es indudable y no está sujeta a interpretación alguna. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos (acto de molestia, como el permitir el acceso a la parte actora a través de la servidumbre de paso), porque aún bajo ese supuesto, quedo obligado a acatar el principio de definitividad, en conformidad con la tesis de jurisprudencia obligatoria, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no oponerse a sus disposiciones vigentes que dice: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En el caso, tampoco se actualiza la excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Amparo, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; lo anterior, pues la resolución combatida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la Constitución Federal. Es así, en virtud de que el acto reclamado sólo consiste en el mandato al quejoso de retirar el candado metálico que colocó en su puerta de acceso o entrada y permitir al actor el acceso a su propiedad, a través de la servidumbre de paso, previniéndosele para que durante el procedimiento, evite todo acto de perturbación que le obstruya o impida el acceso al actor, dictado en un procedimiento de naturaleza civil, sin que dicho acto incida en la libertad personal de la parte quejosa ni importa alguno de los actos expresamente prohibidos por el precepto 22 Constitucional mencionado. Finalmente, este juzgador federal considera que la procedencia del recurso o medio de defensa invocado, no está sujeto a interpretación adicional, ya que su fundamento legal es suficientemente claro para determinar la procedencia del mismo. En suma, debe traerse a glosa lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, concretamente el derecho procesal en materia mercantil, establece la posibilidad de que la parte demandada promueva el recurso idóneo en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para modificar o revocar el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 22/2014 Décima Época, de rubro siguiente: DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUIDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos y fundamentos explicados anteriormente. Por lo expuesto y fundado, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Velasco Sandoval, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Luis Fernando Rodríguez Salazar, quien cuenta con cédula profesional número 5449390; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Moisés David García Oropeza, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. TRANSPARENCIA. En otro aspecto, en cumplimiento al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° del citado Cuerpo de Leyes, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado, en términos de los numerales 32 y 35 del citado Reglamento. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese; personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe.

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