Miguel VàZquez BenìTez
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Miguel VàZquez BenìTez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo, de los expedientes antes mencionados. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. ...
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 642/2020, promovido por Miguel Vázquez Benítez, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Miguel Vázquez Benítez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades responsables que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 642/2020; por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó emplazar a la tercera interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado proviene de una autoridad cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de la demanda de garantías, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que Miguel Vázquez Benítez reclama lo siguiente: Del Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital: El auto de catorce de julio de dos mil veinte mediante el cual decretó una pensión alimenticia compensatoria provisional en favor de su esposa Laura Rivera Muruato, por el equivalente a una cuota diaria de salario mínimo general vigente, que asciende a la cantidad de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional), dentro del juicio de divorcio incausado número 177/2020. De la Central de Actuarios adscritos a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares de la Capital y Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas: La ejecución de la medida provisional. TERCERO. El Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto consistente en la ejecución de la medida provisional de alimentos, decretada en el juicio de divorcio incausado número 177/2020, del índice del Juzgado Quinto del Ramo Familiar de la Capital. Por ende, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable mencionada, en relación con la existencia de la ejecución del acto que se les reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. En esa tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo respecto de la autoridad precitada. Sustenta lo anterior por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables juez Quinto del Ramo Familiar y Jefe de la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles, ambos del Distrito Judicial de la Capital, toda vez que así lo reconocieron al momento de rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además, esa certeza se corrobora con las documentales que acompañó la aludida responsable como complemento a su informe justificado, entre las que destaca el auto combatido (fojas 108-109); documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo genérico de quince días previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, al no ubicarse el acto reclamado en algún supuesto de excepción previsto en el precepto aludido. En efecto, el quejoso Miguel Vázquez Benítez fue notificado del auto reclamado -mediante cédula de notificación- que se dejó en poder de Gabriela Ibarra Escobar, quien se encontraba en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 28-30), por tanto, con fundamento en el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del uno de diciembre de dos mil veinte al doce de enero de dos mil veintiuno, sin contar, los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como de los días veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por haberse suspendido los plazos y términos procesales, de acuerdo a la circular CAP/3/2020, aprobado en sesión extraordinaria de veinte de diciembre del citado año, bajo el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Por tanto, si la demanda se presentó el catorce de diciembre, ocurrió oportunamente. SEXTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previo al estudio de fondo del asunto y para una mejor comprensión del caso, es pertinente relatar los antecedentes de los actos reclamados y que son: El diez de junio de dos mil veinte, Miguel Vázquez Benítez, demandó a Laura Rivera Muruato, en la vía civil ordinaria, Juicio de Divorcio Incausado y solicitó como medida provisional la separación de los cónyuges (fojas 60-66). De dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, quien en proveído de quince de junio de dos mil veinte, entre otras cosas, la registró bajo el número 177/2020; la admitió a trámite y ordenó emplazar a la demandada Laura Rivera Muruato, para que dentro del término de diez días, diera contestación a la demanda entablada en su contra, apercibida que de no hacerlo, se le tendría por contestada en sentido negativo presuntivamente y el juicio se seguiría en su rebeldía (fojas 76-78). Asimismo, en esa resolución, decretó, como medida provisional, la separación física de los cónyuges. Por escrito recibido el nueve de julio de dos mil veinte, Laura Rivera Muruato, dio contestación a la demanda de divorcio incausado promovida por Miguel Vázquez Benítez; solicitó, entre otras medidas cautelares, una pensión alimenticia compensatoria, dado que se dedicó exclusivamente al hogar y en la actualidad, padece de hipertensión arterial, diabetes e hipotiroidismo, exhibiendo para ello, un certificado médico expedido por el Centro de Salud, de San Jerónimo, Zacatecas (fojas 85-95). En auto de catorce de julio de dos mil veinte (fojas 108-109), el juez responsable, tuvo a Laura Rivera Muruato, por contestada la demanda de divorcio incausado y con su contenido, se dio vista a la parte actora, por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera. Asimismo, se fijó día y hora para una audiencia conciliatoria, con la finalidad de que las partes pudieran llegar a un acuerdo respecto de las cuestiones del matrimonio. Por otro lado, precisó que la demandada solicitó una medida provisional de alimentos compensatorios, bajo el argumento de que se ha dedicado a las labores del hogar y al cuidados de los hijos, más aún que se encuentra en estado de vulnerabilidad, pues parece de diabetes, hipertensión arterial e hipotiroidismo, lo que se justificó con el certificado médico expedido por el Centro de Salud, de San Gerónimo, Zacatecas; ante ello, con fundamento en lo previsto por el artículo 257 del Código Familiar vigente en el estado, concedió una pensión compensatoria provisional de una cuota diaria de salario mínimo vigente. En consecuencia, ordenó requerir la demandado Miguel Vázquez Benítez, para que procediera a efectuar los depósitos de manera quincenal, por la cantidad de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional), en la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia del estado, apercibido que de no hacerlo, se procedería en la vía de ejecución forzosa Dicha determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante del amparo, este juzgador se encuentra compelido a verificar la procedencia del juicio constitucional, asimismo en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, conviene verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, lo aleguen o no las partes, ya que su estudio es preferente y de actualizarse alguna quien resuelve se encontrará imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, una vez analizado el acto reclamado, así como la legislación de la que éste deriva, se obtiene que el presente juicio constitucional es improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El principio de definitividad que se consagra en forma específica en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que son susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, ya que con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, que agote los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja y de la que se aduce agraviado. En ese contexto, de la lectura de la determinación emitida por la autoridad responsable, se obtiene que, dentro del juicio de divorcio incausado 177/2020, el catorce de julio de dos mil veinte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 257 del Código Familiar para el Estado de Zacatecas, el juez responsable, decretó una pensión alimenticia compensatoria provisional en favor de su esposa Laura Rivera Muruato, por el equivalente a una cuota diaria de salario mínimo general vigente, que asciende a la cantidad de $1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 moneda nacional) Ahora, la medida antes decretada, es decir, los alimentos provisionales, se encuentran contemplados en los artículos 711, 712 y 713, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que disponen: "Alimentos provisionales 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo. 713.- En la providencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir los alimentos. Cualquier reclamación sobre este derecho su substanciará en juicio oral distinto y entretanto se seguirá abonando la suma señalada para alimentos. Las cuestiones que se susciten sobre el monto de los alimentos se substanciarán en la vía incidental." Como se aprecia, los alimentos provisionales podrán decretarse en casos urgentes, para lo cual debe acreditarse (a) el título con el que se piden, es decir la relación entre quien los pide y quien debe otorgarlos; (b) las posibilidades -económicas- de quien debe darlos; y, (c) la urgencia de la medida. Luego, el último párrafo del artículo 712 relacionado, establece la procedencia de dos recursos relativos a estas medidas, a saber: (i) Cuando los alimentos provisionales sean negados, esa resolución es recurrible en queja ante el superior. (ii) Cuando sí se concedan los alimentos provisionales, tal determinación será apelable en efecto devolutivo. Lo anterior se encuentra sustentado además, por el artículo 374, fracción III del código en cita, que refiere: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: (.) III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y (.)" Es decir, para que un auto sea apelable, necesariamente debe disponerlo la propia ley adjetiva; por lo cual se evidencia la clara intención del legislador en la redacción del último párrafo del artículo 712 relacionado al establecer los medios ordinarios de defensa en tratándose de resoluciones que decidan cuestiones atinentes a alimentos provisionales; específicamente, la procedencia del recurso de apelación para aquellas resoluciones que los conceden, como es el caso; de ahí que, como la propia ley ordinaria concede al agraviado un medio ordinario de defensa, es evidente que se encuentra compelido a interponerlo previo a la promoción del presente juicio de amparo. Es así pues se insiste, para que una de las partes esté en aptitud de reclamar en amparo la inconstitucionalidad de un acto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar previamente los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le confiere, como en el caso lo es el recurso de apelación, previsto en el artículo 712, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas; por lo que, al no haber procedido conforme a lo previsto en tal numeral y no haber agotado el principio de definitividad (pues de las constancias remitidas por la responsable, no existe evidencia que así lo acredite), es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por su parte, cabe precisar que no se advierte que en el caso concreto se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. De la misma manera, no se actualiza la excepción señalada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el quejoso Miguel Vázquez Benítez, sea tercero extraño al juicio de origen, toda vez que el amparista es parte actora dentro del juicio del que deriva el acto reclamado. Además, en el caso en estudio, la procedencia del recurso o medio de defensa no se encuentra sujeta a interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues el último párrafo del artículo 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas es claro al establecer que el recurso de apelación procede contra la resolución que conceda los alimentos provisionales. Así pues, de lo antes expuesto, se concluye que el Código de Procedimientos Civiles del estado de Zacatecas, en su artículo 712, si prevé un medio de defensa específico (apelación en efecto devolutivo) en contra de la resolución que establece una pensión alimenticia provisional, conforme al cual, podría ser modificada, revocada o nulificada, por tanto, debió interponerse antes de acudir al juicio de amparo. Así, al evidenciarse la causal de improcedencia descrita, corresponde sobreseer en el presente juicio de amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, además, en la tesis I.4o.C.266 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL AUTO QUE LOS DECRETA ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El auto que decreta alimentos provisionales es un acto de ejecución irreparable, de los que refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, desde el momento en que los alimentos pagados durante el juicio, no son restituibles en el procedimiento, pero ello no es causa para dejar de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no debe ligarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, ya que aún contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Así como por identidad jurídica en la tesis IX.3o.3 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DONDE AQUÉLLOS SE FIJAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe acatarse cuando se reclama la medida provisional de alimentos que se fija en el auto admisorio de demanda, puesto que este proveído, aun cuando sólo se combata respecto de esa proposición, es impugnable a través del recurso de apelación, conforme a los artículos 254, 936, 937, 946 y 947 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que tratándose del señalado acto reclamado no opera alguna excepción legal o jurisprudencial para omitir el cumplimiento del destacado principio de definitividad." En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados al Jefe de la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles, del Distrito Judicial de la Capital, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". A mayor abundamiento, es pertinente precisar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 85/2009, con registro digital 166028, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", determinó que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, sin embargo, es necesario agotar los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común se pueda analizar ese acto, con el objeto de modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Finalmente, con la determinación precedente, este juzgador se encuentra impedido para estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado por el solicitante de la salvaguarda constitucional, pues a nada conduciría su análisis por haber resultado improcedente la acción constitucional intentada. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Del mismo modo, tampoco se analizan los alegatos formulados por la tercera interesada Laura Rivera Muruato y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Esto es así, porque los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda y al informe justificado, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador su estudio al no formar parte de la litis constitucional; máxime que en el caso concreto y con la causal de improcedencia actualizada, no se abordó el estudio sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Vázquez Benítez, por propio derecho, contra los actos y autoridades que se precisaron en el considerando segundo de esta sentencia, acorde a los motivos y fundamentos plasmados en los considerandos tercero y séptimo. Notifíquese; personalmente. ...
- Principal
El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con dos promociones con folio 647 y 664. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción con folio 664, signada por la tercero interesada Laura Rivera Muruato; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngaseles apersonada a este juicio de derechos con el carácter antes indicado; y como autorizada en amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia invocada, a la licenciada Silvia Rodarte Nava (1559199), quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Salvador Esparza García, por no contar con ese requisito; y como domicilio para ese fin el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, se tiene a la antes nombrada proporcionando el correo electrónico silvia-rodarte@gmail.com, a fin de que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Asimismo, de conformidad con lo previsto por los numerales 124 de ley de la materia en consulta, téngase a la citada tercero interesada formulando los alegatos que hace valer en los términos que consta en su libelo, sin perjuicio de relacionarlos nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia, dese vista a la referida tercero interesada con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como con las constancias que al suyo adjuntó el Juez Quinto del Ramo Familiar de la capital, para que manifieste lo que a su interés legal convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia invocada, para que la tercero interesada se imponga de dichos informes, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento con folio 647, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno. Asimismo, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere
- Incidental
El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta con dos promociones registradas con el folio 621 y 620. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda las promociones signadas por el licenciado Guillermo Ibarra Escobar, autorizado del quejoso, mediante las cuales ofrece pruebas de la parte que representa y formula alegatos, toda vez que fueron presentadas con posterioridad a la celebración de la audiencia incidental. Cúmplase. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bere
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