Miguel Ulises Guzman Lopez

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ulises Guzman Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 107/2023-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales que haya lugar el escrito electrónico de la parte quejosa, por medio del cual promueve incidente de modificación a la suspensión definitiva. Al respecto, en términos de lo establecido por el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2º, se desecha de plano el incidente planteado, atendiendo las consideraciones que más adelante se expondrán. La Ley de Amparo prevé en su artículo 154, lo siguiente: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Ahora bien, del artículo transcrito se advierte que mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio constitucional, la resolución que conceda o niegue la suspensión podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive; lo anterior, con el fin de ajustar la situación jurídica creada por la resolución que se dictó en un primer momento en el incidente de suspensión, a los nuevos hechos, circunstancias, pruebas o actos que influyen en la materia suspensional. Cabe precisar que las consideraciones de la interlocutoria que solicita modificar, se sustentaron en el análisis efectuado conforme a la situación jurídica entonces existente; por tanto, si fuera el caso, este órgano jurisdiccional al advertir un hecho superveniente, debe vincular la nueva situación de derecho al estudio previamente efectuado en relación con la satisfacción de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar y efectuar el análisis respecto de los requisitos que no fueron abordados en virtud de los elementos inicialmente considerados. En el particular, se advierte que por interlocutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno respecto a la demanda inicial, se negó la suspensión definitiva en relación a los actos que se reclamaron a todas las autoridades responsables. Cabe precisar que respecto al Presidente de la República; Cámara de Senadores; Director del Diario Oficial de la Federación; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Coordinadora de Actividades en Materia de Vivienda del fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Cámara de Diputados, se negó la medida cautelar toda vez que se contravenían las disposiciones de orden público. Respecto al resto de las responsables se negó por la inexistencia de los autos. En el entendido que se negó la suspensión definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por los siguientes motivos: "[...] Para dilucidar si se concede o no la medida suspensional solicitada, es conveniente destacar lo dispuesto en la fracción X, del artículo 107, Constitucional en relación con el numeral 128 de la Ley de Amparo, que consigna que, para determinar sobre la procedencia de la medida cautelar, debe atenderse la naturaleza de la violación alegada, lo cual, es posible mediante la fijación del acto que en esta vía constitucional se combate. Ahora, a fin de resolver la medida cautelar que se solicita es preciso indicar el contenido de los artículos 163 y 185, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que por esta vía combate la parte quejosa señalan lo siguiente: "Artículo 163. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a realizar los Descuentos quincenales en nómina que ordene el Instituto para recuperar los créditos que otorgue y a enterar dichos recursos conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Asimismo, las Dependencias y Entidades estarán obligadas a entregar al Instituto quincenalmente la nómina de sus Trabajadores con la información y en los formatos que ordene el Instituto. En los casos en que la Dependencia no aplique los Descuentos, los Trabajadores deberán pagar directamente, mediante los sistemas que establezca el Instituto, sin perjuicio de las actualizaciones y recargos que se establezcan en el reglamento correspondiente. Cuando las Dependencias omitan el entero de estos Descuentos al Instituto, deberán cubrirlas adicionando el costo financiero previsto en el artículo 22 de esta ley." "Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos. Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta Ley. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años." Como consecuencia de los artículos impugnados, la parte quejosa combate el hecho que a partir de febrero de dos mil veintiuno, el saldo de los créditos obtenidos a través de contratos celebrados con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tomando como referencia el incremento de la Unidad de Medida de Actualización, así como en su caso la materialización de ese anuncio en el crédito hipotecario número 1917747, en el que la quejosa TANYA ELENA DÍAZ CARRILLO, es parte deudora y el indicado Fondo, acreedor. Con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva por los motivos siguientes: Para estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, es menester retomar el artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para su otorgamiento, a saber: "ARTÍCULO 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Por lo que toca al primero, la suspensión fue solicitada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. En relación con el segundo requisito, debe decirse que el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tiene aplicación la tesis II.1o.A.23 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 1515, del Semanario judicial de la Federación, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN." Asimismo, la jurisprudencia quinientos veintidós, visible en la página trescientos cuarenta y tres, Tomo VI, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Desde este punto de vista, se considera que con la concesión de la suspensión para los efectos que solicita la promovente, esto es para que no se le aplique la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico los artículos 163 y 185, relativos a la revisión y como consecuencia inmediata la actualización periódica de las unidades de medida y actualización (UMA) al saldo total del monto del mutuo que se plasmó en la escritura pública número 1420, pasada ante la fe del notario número Uno de la Segunda Demarcación notarial en el Estado de Morelos, se contravendrían disposiciones de orden público. Se afirma lo anterior puesto que el artículo 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis dispone que: "B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. [...] El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente." Como se advierte de la anterior trascripción, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Así el artículo tercero transitorio del referido decreto establece que: "Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." Con base en lo anterior, el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo, entendiendo que por salario mínimo se refiere a la unidad de medida y actualización (UMA). De lo antes expuesto se tiene que el reclamo de la quejosa constituye la materialización de una norma constitucional y, como se ha establecido jurisprudencialmente, al ser una restricción constitucional es una norma de orden público que no se puede suspender bajo parámetro alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 533 registro digital 160267 de rubro: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS." En esas condiciones, al contravenirse disposiciones de orden público, no se satisface la segunda de las exigencias que dispone el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se niega suspensión definitiva. Apoya a lo anterior, la tesis P./J. 20/2014 (10a.); publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202; Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en Materia Constitucional, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL" [...]" Posteriormente, la parte quejosa amplió la demanda, por lo que el trece de enero de dos mil veintidós se negó la suspensión definitiva por la inexistencia reclamada a las autoridades responsables Vocal Ejecutivo y Subdirector de Crédito, ambos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos (FOVISSSTE). Ahora bien, se entiende como hecho superveniente, al acontecimiento posteriores al dictado de la resolución y por excepción, con anterioridad, pero que sean desconocidos por el Juez y alteren a los que al efecto se hubieren analizado en dicha etapa y resulten ser de tal magnitud que provocaran la modificación o revocación de la suspensión, los cuales deben tener relación directa con el caso concreto y los sucesos que generaron el juicio de amparo, más no aquel que ya había acaecido aunque era ignorado por la parte que se cree beneficiada por el mismo. Sirve de sustento a lo antedicho, la jurisprudencia 2a./J. 159/2012 (10a.), del rubro: "JURISPRUDENCIA. SU EMISIÓN Y PUBLICACIÓN NO CONSTITUYEN UN HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE MODIFICAR O REVOCAR EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO EN QUE RESUELVA SOBRE LA SUSPENSIÓN." Apoya lo anterior, la tesis aislada, del rubro: "HECHOS SUPERVENIENTES, CONCEPTO DE." Ahora bien, la promovente motiva su pretensión con base al estado actual de su cuenta de crédito hipotecario identificado con número 1917747, en el que la quejosa es parte deudora y el indicado Fondo, acreedor; asimismo, arguye que de manera indebida incrementaron la deuda sin que se le notificara o diera oportunidad de exponer que el cálculo es excesivo. Asimismo, de las constancias adjuntas, se desprende que el cálculo del crédito hipotecario que pretende acreditar comprende del dos de diciembre de dos mil quince al quince de febrero de dos mil veintitrés. Entonces, se advierte que la promovente pretende ajustar la situación jurídica creada por la actualización del crédito hipotecario apuntado a la fecha actual, es decir, febrero de dos mil veintitrés. Empero, la actualización del crédito hipotecario no es superveniente, toda vez que es el acto reclamado de la demanda inicial, es decir, la revisión y actualización periódica de las unidades de medida y actualización (UMA) de dicho crédito. Aunado a lo anterior, tampoco la actualización del crédito hipotecario trasciende los hechos analizados en la suspensión definitiva que se pretende modificar, ya que es la misma situación jurídica; es decir, la actualización del crédito hipotecario existía desde la presentación de la demanda inicial, tan es así que es materia de análisis de este asunto; circunstancia que fue tomada en consideración al resolver la medida cautelar definitiva. En ese tenor, se concluye que el acto de autoridad consistente en la actualización al crédito hipotecario de la quejosa, fue materia de análisis en la suspensión definitiva de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la cual se negó porque se contravienen disposiciones del orden público; por consiguiente, se desecha de plano el incidente planteado. En suma, cualquier actualización del crédito hipotecario 1917747, está comprendido en el acto combatido en la demanda inicial y del cual este órgano jurisdiccional ya se ocupó en la emisión de la suspensión definitiva correspondiente. Cabe precisar, que se consideran los hechos y circunstancias narrados en el escrito; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse el incidente, no sería posible arribar a una convicción diversa. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias 1a./J. 109/2013 (10a.) y I.13o.T.19 K (10a.) de rubros "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." y "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO". Asimismo, tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia VI.1o .A.37 K (10a.), del rubro: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN A LA SUSPENSIÓN. EL HECHO SUPERVENIENTE QUE SE TENGA POR ACREDITADO DENTRO DEL INCIDENTE RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE VINCULARSE CON EL ESTUDIO INICIALMENTE EFECTUADO EN RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR, CONSIDERANDO LA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE ÉSTA, POR LO QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS RESPECTO DE LOS REQUISITOS QUE NO FUERON ABORDADOS EN VIRTUD DE LOS ELEMENTOS INICIALMENTE CONSIDERADOS." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano