Miguel Torres Díaz

Expediente 1407/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1407/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
11/01/2019

Partes del expediente

  • Miguel Torres Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe.Ser*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1407/2018-I, promovido por Miguel Torres Díaz, a favor de HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil dieciocho, ante el secretario de guardia de este Juzgado Segundo de Distrito, Miguel Torres Díaz, a favor de HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ y ESTEFANI GALLEGOS PÉREZ, promovió demanda de amparo indirecto, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto del Fiscal General en el Estado de Morelos y otras autoridades, que hizo consistir en la detención, tortura, malos tratos, incomunicación, desaparición y privación ilegal de la libertad en su contra. SEGUNDO. Por auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgado apertura el expediente 1407/2018-I, dio al Agente del Ministerio Público la intervención legal que le compete, decretó de oficio y de plano la suspensión para que cesaran de inmediato los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de los directos quejosos, también instruyó al actuario para que se constituyera en los separos o en las instalaciones de las autoridades responsables y buscara a Héctor Yair Torres Diaz y Estefani Gallegos Pérez, y les requiriera para que manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo que promovieron a su favor, o lo hagan por escrito dentro del término de tres días, por último, fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En diligencia de cuatro de septiembre anterior, el actuario localizó a los directos quejosos en los separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes ratificaron la demanda de amparo, en la cual, la quejosa expresó que su nombre correcto era Laila Estefanía Gallegos Pérez; asimismo, el fedatario dio fe del estado físico de los quejosos; de ahí que por acuerdo de la misma fecha admitió a trámite el juicio y solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Finalmente, la audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto que se reclama . SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que los impetrantes reclaman: La tortura, malos tratos, desaparición e incomunicación en contra de los directos quejosos HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ. La detención o privación ilegal de la libertad de los directos quejosos. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN TORTURA, MALOS TRATOS, DESAPARICIÓN E INCOMUNICACIÓN EN CONTRA DE LOS DIRECTOS QUEJOSOS HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, que hizo consistir en la tortura, malos tratos, desaparición e incomunicación de los directos quejosos, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados al rendir su informe justificado, sin que los impetrantes hayan desvirtuado dicha negativa con prueba alguna. Lo anterior, no obstante que el actuario adscrito en la diligencia de notificación personal para la ratificación de la demanda, dio fe de las lesiones que presentaron los quejosos el cuatro de septiembre pasado, en virtud de que conforme a las constancias que integran la carpeta de investigación FDCL301/312/2018, se advierte del informe policiaco homologado, que cuando fueron detenidos tuvieron un enfrentamiento físico con los elementos captores, tan es así, que los pusieron a disposición del fiscal por la probable comisión del delito de resistencia de particulares, entre otros. De lo anterior, se colige que si los quejosos no ofrecieron prueba alguna para demostrar que las lesiones que presentaban al momento de la diligencia del actuario judicial para la ratificación de la demanda, fueron provocadas debido a la tortura y malos tratos que recibieron de las autoridades responsables, entonces no se puede tener la certeza si fueron provocadas con motivos de los hechos de su detención o con posterioridad a ella, máxime que los hechos motivo de su detención se suscitaron conforme al informe policiaco homologado, a las quince horas del tres de septiembre pasado, mientras que el certificado médico clínico de los directos quejosos acaeció a las diecisiete horas con cuarenta minutos del mismo día, en los que se advierte que presentaron algunas lesiones. En el entendido que este juzgador en el auto de admisión fechado el tres de septiembre de este año, ordenó dar vista al fiscal federal adscrito respecto de los posibles actos de tortura. Por tanto, si la quejosa no acreditó con alguna prueba que hayan existido los actos imputados a las responsables, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA DETENCIÓN O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS DIRECTOS QUEJOSOS HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Fiscal Regional Metropolitano, Comandante de la Vigésimo Cuarta Zona Militar y Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; de quienes reclamó la detención o privación de la libertad de los directos quejosos HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ Es así, porque en tales términos lo expresaron tales autoridades al rendir sus informes justificados; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar tal negativa. En las condiciones apuntadas, lo procedente es que se sobresea el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA DETENCIÓN O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS DIRECTOS QUEJOSOS HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades Fiscal General del Estado de Morelos, Coordinador de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos y Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, pues las dos primeras autoridades así lo admitieron en sus informes justificados; asimismo, es cierto el acto imputado a la última autoridad, no obstante que lo negó en su informe con justificación, pues se advierte de las copias certificadas de la carpeta de investigación FDCL301/312/2018, que envió la primera autoridad que sí participó en la detención de los directos quejosos, por conducto de los agentes aprehensores a su cargo. A dichas copias certificadas se les que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Debe sobreseerse en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la detención o privación de la libertad de los directos quejosos Héctor Yair Torres Diaz y Laila Estefanía Gallegos Pérez, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En efecto, se actualiza dicha causal, en virtud de que la autoridad responsable Fiscal General del Estado, junto con su informe justificado, remitió copia certificada de la carpeta de investigación FDCL301/312/2018, de la cual, aparece que los directos quejosos fueron detenidos por elemento de la policía preventiva del Estado de Morelos, el tres de septiembre de este año aproximadamente a las quince horas con cinco minutos, por hechos probablemente constitutivos de los delitos contra la salud y de resistencia de particulares. Los directos quejosos fueron puestos a disposición del fiscal investigador a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos de ese mismo día, quien dictó auto de retención a las veintidós horas con cinco minutos de esa data (fojas 421 a 423 de autos). Sin embargo, la Coordinadora del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Metropolitana, el cinco de septiembre a las diecisiete horas, decreto la inmediata libertad de HÉCTOR JAIR TORRES DÍAZ Y LAILA ESTEFANI GALLEGOS PÉREZ; ordenando la boleta de cancelación internación ese mismo día; la que fue recibida por el Encargado del Área de Separos de la Policía de Investigación Criminal, a las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos de esa misma fecha. A dichas constancias se les ha concedido valor probatorio pleno en el considerando que antecede de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así las cosas, con el auto de libertad de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y el oficio de cancelación de la boleta de internamiento, ambos a favor de los directos quejosos, se pone de manifiesto que la autoridad responsable hizo cesar los efectos de los actos reclamados, de tal modo que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional, produciéndose efectos que se asemejan a la concesión del amparo y que válidamente lleva a considerar que el acto reclamado no produce ya efecto legal alguno. La conclusión anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38; que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento jurídico en cita, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, respecto de los actos reclamados. SÉPTIMO. REQUERIMIENTO AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Derivado de la vista al fiscal federal adscrito, respecto de los actos que posiblemente constituyeron tortura en contra de los directos quejosos, ordenada en el auto de tres de septiembre de este año, en esas condiciones, con fundamento en el artículo 54 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días hábiles computados legalmente, informe el estado procesal que guarda la investigación de los hechos narrados en la demanda de amparo. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, Registro 2001218, de rubro: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 1407/2018-I, promovido por Miguel Torres Díaz, a favor de HÉCTOR YAIR TORRES DIAZ Y LAILA ESTEFANÍA GALLEGOS PÉREZ por los motivos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y sexto de este fallo. NOTIFÍQUESE, Y POR OFICIO AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Así lo resolvió y firma JORGE ISAAC LAGUNES LEANO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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